POLÍTICA · MEDIUM
Morena presiona juicio político contra Samuel García desde el Congreso de Nuevo León
Ramírez Cuéllar pide reinstalar la comisión anticorrupción local tras la denuncia penal de la ASF por 7 mil 200 millones de pesos. La suspensión de la ministra Estela Ríos complica la ruta.
El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, insistió en que el Congreso de Nuevo León reinstale su comisión anticorrupción para dar cauce al juicio político contra Samuel García, luego de que la ASF presentara una denuncia penal por presuntos manejos irregulares de 7 mil 200 millones de pesos. El legislador criticó la suspensión temporal otorgada por la ministra Estela Río
El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, insistió en que el Congreso de Nuevo León reinstale su comisión anticorrupción para permitir el juicio político contra el gobernador Samuel García, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentara una denuncia penal contra el mandatario por presuntos manejos irregulares de 7 mil 200 millones de pesos. La exigencia no es un trámite menor: sin ese órgano local, la ruta institucional para desahogar las acusaciones queda bloqueada y el conflicto se desplaza a la disputa política entre poderes.
En entrevista, el legislador morenista saludó el anuncio de la ASF, que el viernes pasado informó de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Samuel García. Ramírez Cuéllar recordó que hace más de un año ya había denunciado el caso en la tribuna de San Lázaro, lo que sitúa su insistencia como continuidad de una ofensiva legislativa y no como reacción improvisada al anuncio del órgano fiscalizador.
El punto institucional central es que la denuncia penal no sustituye el camino político. Según el propio vicecoordinador, la denuncia contra Samuel García primero debe pasar por el Congreso de Nuevo León como autoridad local para poder someterlo a juicio político. "Tiene que volver a instalarse la comisión anticorrupción" para darle cauce a las denuncias, recalcó. Esa frase delimita el cuello de botella: la ASF documenta y denuncia, pero la decisión sobre la responsabilidad política del gobernador depende de un órgano legislativo local que hoy no está operando en esa materia.
Ramírez Cuéllar también lamentó que la ministra Estela Ríos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya otorgado una suspensión temporal al proceso de juicio político contra Samuel García, bajo el argumento de supuestas afectaciones a la gobernabilidad del estado. La suspensión introduce un actor federal en una disputa que originalmente corresponde al Congreso local, y desplaza el eje del conflicto hacia la justicia constitucional. El legislador insistió en que tendría que retirársele el fuero constitucional al gobernador, aunque no descartó que la mayoría emecista en el Congreso local vuelva a protegerlo.
El legislador señaló además que la Comisión Permanente avaló el punto de acuerdo que él presentó el 20 de agosto pasado, en el que pedía a la ASF una "revisión integral" de los recursos federales ejercidos por el gobierno de Nuevo León, debido a presuntos sobrecostos e irregularidades en obras públicas y contratos de servicios. Ese respaldo convierte la exigencia de Ramírez Cuéllar en una posición con respaldo institucional parcial, aunque acotado: la Comisión Permanente avaló la revisión, no el juicio político.
La lectura política
El movimiento de Ramírez Cuéllar tiene un destinatario doble. Hacia afuera, presiona al Congreso de Nuevo León para que reactive un órgano que puede procesar políticamente al gobernador. Hacia adentro de su propio espacio, se posiciona como el legislador que sostuvo el caso desde antes de que la ASF lo hiciera público. Quien gana margen es el bloque que quiere llevar el conflicto al terreno legislativo local; quien lo pierde, al menos en el corto plazo, es Samuel García, cuya defensa depende de que la mayoría emecista en el Congreso local mantenga el blindaje y de que la suspensión de la ministra Ríos se sostenga.
El costo institucional es visible: la denuncia penal de la ASF existe, pero la responsabilidad política del gobernador no puede desahogarse si la comisión anticorrupción local no se reinstala. La suspensión otorgada por la ministra Estela Ríos añade una capa de incertidumbre sobre los tiempos y la competencia, y plantea una tensión entre la autonomía del Congreso local y la intervención de la Suprema Corte. El propio Ramírez Cuéllar no descartó que la mayoría emecista vuelva a proteger a Samuel García, lo que anticipa que el desenlace dependerá más de la aritmética local que de la denuncia federal.
Qué sigue
La reinstalación de la comisión anticorrupción del Congreso de Nuevo León es la condición práctica para que la denuncia de la ASF tenga cauce político. Si el Congreso local no la reactiva, el juicio político queda en suspenso y el caso se concentra en la Fiscalía General de la República y en la revisión integral de recursos federales que la Comisión Permanente avaló. Si la comisión se reinstala, el siguiente paso sería el desahogo de las acusaciones y la discusión sobre el fuero constitucional del gobernador. Falta por conocerse el alcance y los plazos de la suspensión otorgada por la ministra Estela Ríos, así como la respuesta formal del Congreso de Nuevo León a la exigencia de Morena.