Morena suma otra iniciativa inquilinaria en la CDMX

La diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Arrendamiento Habitacional y Protección de los Derechos Inquilinarios, además de reformar el Código Civil y la Ley de la Procuraduría Social. El movimiento tiene significado público porque coloca en la agenda legislativa capitalina un segundo vehículo para regular el arrendamiento habitacional, un terreno donde ya existe una propuesta enviada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, el pasado 14 de octubre.

La iniciativa de Mateos propone que los incrementos anuales de renta durante un contrato no superen la inflación reportada por el Inegi, y que el depósito no exceda una mensualidad. También plantea mantener la libertad de los propietarios para fijar el precio inicial en un contrato nuevo, prohibir garantías adicionales contrarias a la ley y sancionar cobros indebidos o aumentos ilegales. Del otro lado, fija obligaciones para inquilinos: pago puntual, cuidado del inmueble, cobertura de daños imputables y entrega del inmueble al término legal del contrato.

El peso del asunto no es menor. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI citada en la exposición, más de 813 mil viviendas de la Ciudad de México son rentadas, equivalentes a 26.9% de las viviendas particulares habitadas: casi tres de cada diez. Esa base explica por qué el arrendamiento dejó de ser un tema administrativo y se volvió una disputa política con costo electoral, sobre todo para una fuerza que gobierna la capital y la Presidencia.

La lectura política

El hecho relevante es que Morena no llega al debate inquilinario con una sola propuesta, sino con al menos dos rutas legislativas dentro del mismo partido. La iniciativa de Brugada, presentada el 14 de octubre, plantea reformas al Código Civil del Distrito Federal y la expedición de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles. La de Mateos toma otro nombre, otra arquitectura legal y añade instrumentos propios, como un Centro de Justicia y Conciliación Inquilinaria en la Procuraduría Social, un Registro Digital de Contratos y un Observatorio de Arrendamiento Habitacional.

Esa duplicidad puede leerse de dos maneras, y la evidencia disponible no permite cerrar cuál pesa más. Una lectura es de complementariedad: ambas iniciativas buscan sumar esfuerzos y coinciden en el diagnóstico de rentas desproporcionadas. Otra es de competencia interna por el liderazgo temático en una materia con alta visibilidad. Lo que sí es verificable es que la propuesta de Mateos fue turnada a las Comisiones de Vivienda y Administración de Justicia para su análisis y dictamen, es decir, entra al mismo circuito de negociación legislativa donde ya está la iniciativa del Ejecutivo local.

Quien gana margen de maniobra es el Congreso capitalino, que ahora puede procesar el tema por dos vías y elegir qué combinación dictaminar. Quien pierde margen, en cambio, son los propietarios que operaban con reglas dispersas: la propuesta endurece el marco sobre depósitos, garantías y aumentos, y crea sanciones con procedimiento que garantiza audiencia, defensa y pruebas. Los inquilinos ganan una arquitectura de protección, pero también obligaciones explícitas, lo que dificulta presentar la ley como un instrumento de una sola parte. La propia Mateos lo resumió así: “la iniciativa no está en contra de los propietarios ni de los inquilinos, está a favor de ambos”.

Institucionalmente, lo que cambia no es todavía la ley, sino la existencia de un segundo diseño legal sobre la mesa. La creación de un centro de conciliación y un registro digital implicaría reorganizar funciones de la Procuraduría Social y generar información pública sobre contratos, algo que hoy no existe con esa forma. Ese es el punto donde la iniciativa deja de ser discurso y se vuelve estructura administrativa.

Qué sigue

El destino inmediato es el trabajo en las Comisiones de Vivienda y Administración de Justicia, donde tendrá que resolverse si la propuesta de Mateos se dictamina por separado, se acumula con la de Brugada o se fusiona en un solo instrumento. La pregunta política de fondo es si Morena capitalino quiere una ley de autoría legislativa o una ley de autoría del Ejecutivo local, y si ambas pueden convivir sin generar contradicciones normativas.

Falta un elemento para medir la fuerza real de la iniciativa: no se conoce aún el respaldo de otras bancadas ni la posición pública de los grupos parlamentarios de oposición, que en una materia así enfrentan presión de propietarios y de inquilinos a la vez. Tampoco hay señal sobre calendario de dictamen. Sin esos datos, la presentación debe leerse como una jugada legislativa en curso, no como una decisión consumada.