OAJ promete que evaluaciones de diciembre no despedirán a trabajadores judiciales

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado el 6 de noviembre de 2026 en el que aseguró que las evaluaciones de desempeño programadas para diciembre no provocarán despidos ni pérdida de plazas entre los trabajadores de carrera judicial. La aclaración llega después de que circularan convocatorias de paro en distintas sedes del Poder Judicial de la Federación, derivadas de inconformidades con los exámenes. El pronunciamiento no es un detalle administrativo: es el primer intento formal del órgano por contener una protesta que ya se organiza en varias sedes y que toca uno de los puntos más sensibles de la vida interna del Poder Judicial, la permanencia laboral de su personal.

El OAJ sostuvo que la primera evaluación tendrá carácter exclusivamente diagnóstico y que sus resultados no afectarán la permanencia laboral de los trabajadores. Según el organismo, los artículos transitorios Cuarto y Quinto del acuerdo correspondiente establecen que ese primer ejercicio no implicará aprobación ni reprobación, permitirá identificar necesidades de capacitación y servirá para fortalecer los conocimientos del personal judicial. La primera evaluación ordinaria, con los efectos previstos en la legislación, se realizará después de concluir las acciones de capacitación correspondientes, precisó.

La distinción importa porque separa dos momentos que la inconformidad sindical tiende a tratar como uno solo. El OAJ descartó que los exámenes de diciembre puedan utilizarse para despedir trabajadores o retirarles sus plazas, y situó la evaluación con efectos legales en una etapa posterior a la capacitación. Con ello, el órgano intenta trasladar la discusión del terreno del empleo al de la formación profesional, donde su margen de acción es mayor y el costo político menor.

El comunicado también reconoció la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades, y reiteró la disposición al diálogo. El OAJ defendió la evaluación del desempeño como una obligación legal prevista en el artículo 100 de la Constitución y en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. Es decir, no ofrece retirar el proceso, sino encuadrarlo en el mandato constitucional y abrir la puerta a negociar sus condiciones y tiempos.

La lectura política

El movimiento del OAJ tiene un destinatario claro: los trabajadores que ya convocaron a parar y las estructuras sindicales que podrían sumarse. La promesa de que diciembre no dejará despidos busca dividir la protesta entre quienes temen por su plaza y quienes cuestionan el diseño mismo de la evaluación. Si esa separación funciona, el órgano gana margen para aplicar los exámenes con menor costo político; si no, la convocatoria de paro puede crecer y convertir un asunto de capacitación en un conflicto laboral abierto en el arranque del ciclo judicial.

El episodio también revela un límite institucional. El OAJ puede aclarar los efectos de la evaluación, pero no puede eliminar la desconfianza que genera un proceso cuyo alcance final aún no está fechado ni detallado. El comunicado no precisó cuántas sedes están involucradas en las convocatorias de paro ni el número de trabajadores que podrían participar, lo que impide medir la magnitud real del desafío. Sin esos datos, la lectura política se sostiene en el patrón, no en la escala.

Quien pierde margen, por ahora, es la autoridad: tuvo que salir a aclarar públicamente que no despedirá a nadie, lo que supone reconocer que la percepción de riesgo laboral estaba instalada. Quien gana capacidad de presión son los trabajadores movilizados, que obtuvieron una respuesta formal sin haber levantado el paro. La evaluación sigue en pie, pero su primera etapa queda políticamente condicionada por la protesta.

Qué sigue

El siguiente paso depende de dos cosas que el comunicado no resuelve. Primero, si el OAJ concreta fechas, criterios y sedes de la evaluación diagnóstica, y si esa información llega a los trabajadores antes de diciembre. Segundo, si las convocatorias de paro se suspenden, se mantienen o se amplían en las próximas semanas. La prueba de la estrategia del OAJ será si el diálogo que ofrece alcanza para desactivar el paro sin ceder en el fondo: la evaluación como obligación constitucional.

También queda pendiente la pregunta que el comunicado deja abierta: cuándo se realizará la primera evaluación ordinaria con efectos legales y bajo qué reglas. Ese es el punto donde la promesa de hoy podría volver a tensarse. Mientras no haya calendario ni cifras de participación, la disputa seguirá siendo política antes que técnica: no se discute solo cómo se evalúa al personal judicial, sino quién controla el ritmo y el alcance de esa evaluación en un Poder Judicial que ya mostró que puede movilizarse.