Otálora denuncia TEPJF desintegrado ante 19 mil cargos en juego

La exmagistrada Janine Otálora Malassis sostiene que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llega desintegrado al proceso electoral que culminará en 2027, cuando el órgano debe calificar la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales. Su diagnóstico no se limita a las vacantes: apunta al origen mismo de la integración de la Sala Superior, construida, dice, sobre negociaciones políticas y prórrogas indebidas.

Otálora atribuye el origen del problema a un arreglo político: la Sala Superior nació con siete integrantes, cuatro de ellos con prórrogas que ella califica de indebidas. Según su relato, el Senado nombró en 2016 tres magistraturas por nueve años, dos por seis y dos por tres, conforme a la ley; poco después se modificó un transitorio para que quienes fueron nombrados por tres años permanecieran siete y los de seis años, ocho. "Regresaron a tomar protesta, y desde ahí nació mal, porque no se puede rendir protesta dos veces", afirma.

El resultado, de acuerdo con la exmagistrada, es un órgano incompleto. A las dos vacantes en la Sala Superior se suman renuncias y prórrogas cuestionadas, además de una docena de vacantes en tribunales locales. La propia Otálora concluyó su mandato de nueve años el 30 de octubre de 2025 y prefirió no aceptar la prórroga que permitía la reforma judicial impulsada por Morena; la entonces presidenta de la sala, Mónica Aralí Soto Fregoso, renunció en agosto con una molestia evidente por la nueva integración.

La consecuencia institucional es que el tribunal que debe resolver las impugnaciones más delicadas del próximo ciclo electoral opera con una integración fracturada y cuestionada en su legitimidad. Otálora describe un órgano donde la colegialidad se fue deteriorando: "Se vuelve un problema cuando ya no se escucha a la disidencia", advierte, y sostiene que un tribunal constitucional puede acabar convertido en una "oficialía de partes".

La exmagistrada también vincula el problema con la reforma judicial, que dio una nueva prórroga, y con una reforma posterior que añadió otra, además de la posibilidad de que quienes hoy ocupan magistraturas postulen en las elecciones judiciales. Ese entramado, sostiene, mantiene al tribunal atado a decisiones políticas más que a criterios jurisdiccionales.

La lectura política

El diagnóstico de Otálora tiene un destinatario claro: el poder político que diseñó y sostuvo esas prórrogas. Quien gana margen con un TEPJF debilitado es el actor con capacidad de influir en su integración; quien pierde es la oposición, que necesita un árbitro electoral creíble para impugnar resultados. La exmagistrada no afirma que las actuales magistraturas actúen por consigna, pero sí advierte que la falta de independencia estructural es el riesgo de fondo.

Su señalamiento sobre las campañas adelantadas anticipa el conflicto de 2027: "¿Qué va a pasar cuando vengan a impugnar una gubernatura cuando la ganó alguien que empezó su campaña ocho meses antes?", pregunta. Es una advertencia sobre la capacidad del tribunal para resolver con criterio propio asuntos que definirán quién ejerce el poder.

Otálora se muestra prudente al evaluar si la Sala Superior actual, integrada por Rodríguez, Fuentes, De La Mata, Bátiz y Valle, tiene criterios independientes o favorece a alguna fuerza política. Esa cautela no debilita su tesis central: el problema no es solo quién está, sino cómo llegó y bajo qué reglas permanece.

Qué sigue

El proceso electoral avanza y el TEPJF deberá resolver impugnaciones de fondo con una Sala Superior incompleta. La pregunta inmediata es si el Senado cubre las vacantes antes de que arranquen las etapas decisivas o si el tribunal llega a la calificación de 2027 con la misma integración cuestionada. También queda por definir el alcance de las prórrogas y la eventual postulación de magistrados en las elecciones judiciales, un punto que Otálora coloca en el centro del problema.

Sin esos nombramientos y sin una regla clara sobre la permanencia de los actuales integrantes, la independencia del árbitro electoral seguirá dependiendo de la voluntad política de quienes lo designan. La evidencia disponible no permite afirmar que las vacantes se resolverán pronto ni que las prórrogas serán revisadas; lo que sí permite sostener es que el tribunal encargado de calificar más de 19 mil cargos llega al proceso con una legitimidad institucional en entredicho.