POLÍTICA · MEDIUM
Paro en el Poder Judicial: candados en San Lázaro y amenaza de bloqueos
Trabajadores del PJF cerraron accesos en San Lázaro y amenazan con paros nacionales por la reforma judicial, que consideran una herramienta de purga laboral.
El Poder Judicial de la Federación enfrenta una crisis laboral sin precedentes tras el cierre de accesos en San Lázaro. Los trabajadores rechazan las nuevas evaluaciones de desempeño, argumentando que violan la carrera judicial y buscan una purga del personal experimentado. Con protestas anunciadas en 17 estados, la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo se intensifica, poniendo en riesgo la continuidad de la justicia en la capital y otras regiones clave del país.
La sede del Congreso de la Unión en San Lázaro se convirtió este miércoles en el epicentro de una disputa política y laboral de alta intensidad. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) cerraron con candados los accesos a la legislatura, interrumpiendo el flujo normal de actividades y marcando el inicio de un paro nacional que ya se extiende a al menos 17 estados del país. La movilización no es solo un reclamo salarial, sino una respuesta directa a las medidas derivadas de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.
El conflicto estalló cuando los empleados del poder judicial anunciaron que las nuevas evaluaciones y exámenes de desempeño, implementados como parte de la reestructuración del sistema de justicia, constituyen una amenaza directa a su estabilidad laboral. Los trabajadores denuncian que estos procesos no buscan mejorar la eficiencia, sino servir como un mecanismo para eliminar a funcionarios con experiencia y lealtad a la carrera judicial tradicional.
Según lo reportado por medios como *El Financiero*, los inconformes argumentan que las nuevas reglas violan el artículo décimo transitorio de la reforma, el cual garantiza el respeto a la carrera judicial y los derechos adquiridos por los servidores públicos. Para ellos, las evaluaciones son arbitrarias y carecen de transparencia, lo que les permite ser utilizadas como una herramienta de purga política encubierta. La preocupación central es que el objetivo final sea reemplazar a jueces y personal administrativo por figuras afines al poder ejecutivo, debilitando la independencia del tercer poder del Estado.
La situación se ha complicado con la amenaza de bloqueos viales indefinidos en sedes estratégicas de la Ciudad de México y el estado de Morelos. Los manifestantes han dejado claro que no se oponen a ser evaluados per se, sino a los criterios discriminatorios que aplican. "No pedimos la abolición de las evaluaciones, pedimos que no sean usadas para despedirnos sin causa justa", señalaron representantes del gremio durante las protestas. Esta postura busca diferenciar su reclamo de una simple huelga por mejores condiciones, posicionándolo como una defensa de la institucionalidad judicial.
El contexto político es crucial. La reforma judicial, aprobada recientemente, amplió la capacidad del Congreso y del Ejecutivo para intervenir en la selección y permanencia de los magistrados de la Suprema Corte y los tribunales electorales. Los críticos de la reforma, incluyendo a los propios trabajadores del PJF, advierten que esto concentra el poder en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesor, erosionando el sistema de frenos y contrapesos.
La respuesta del gobierno federal ha sido tibia hasta el momento, aunque fuentes cercanas a la administración indican que se están evaluando medidas legales contra los bloqueos, considerándolos actos de obstrucción a la función pública. Sin embargo, la presencia masiva de trabajadores en las calles y la coordinación entre 17 estados sugiere una organización interna sólida que podría prolongar la crisis por semanas.
Lo que observaremos a continuación es si el gobierno federal cede en la modificación de los criterios de evaluación o si endurece su postura, lo que podría llevar a una escalada de violencia y parálisis total del sistema de justicia en la capital. La comunidad jurídica internacional y los organismos de derechos humanos ya han emitido comunicados de preocupación, alertando sobre el riesgo de politización de la justicia en México. La resolución de este conflicto no solo afectará a los trabajadores, sino que definirá el rumbo de la independencia judicial en el país durante los próximos años.