Paro judicial en 17 estados contra evaluación que pone en riesgo plazas

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendieron labores en al menos 17 estados durante la madrugada del viernes 6 de noviembre de 2026. La protesta no es un episodio aislado de malestar gremial: ocurre un día después de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicara en el Diario Oficial de la Federación un nuevo sistema de evaluación del personal, y plantea un pulso directo entre la base trabajadora y la instancia que administra la carrera judicial.

El paro exige que el OAJ deje sin efectos el acuerdo de evaluación y no lo aplique al personal, según la vocera Patricia Aguayo. “Lo único que va a hacer que regresemos a nuestras oficinas, será que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos ese acuerdo y que no se nos aplique”, declaró Aguayo. La demanda no es una revisión parcial ni una mesa de negociación sobre plazos: es la cancelación del instrumento publicado.

El conflicto se concentra en dos elementos del nuevo modelo. El examen de competencias profesionales equivale al 40% de la calificación total, y otra parte del puntaje depende de valoraciones de superiores jerárquicos. El acuerdo distribuye el resto entre capacitación (20%), productividad (10%), calidad del trabajo, trabajo en equipo, ética, atención a la ciudadanía y comportamiento profesional. Los trabajadores sostienen que ese diseño no refleja su experiencia cotidiana y abre espacio a calificaciones discrecionales.

La autoridad ha trazado una distinción que los manifestantes consideran insuficiente. El quinto artículo transitorio establece que la evaluación diagnóstica de diciembre de 2026 no implicará aprobación ni reprobación, ni consecuencias individuales sobre la permanencia. Pero las evaluaciones ordinarias posteriores sí podrán influir en la continuidad laboral, con una calificación mínima de 80 puntos sobre 100 para alcanzar el estándar de desempeño. Esa diferencia entre el primer examen y los siguientes es el nudo del desacuerdo: los trabajadores cuestionan el segundo proceso, no solo el primero.

El paro abarca convocatorias en Ciudad de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. En la capital se reportan suspensiones en instalaciones de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. La evidencia disponible no confirma que todos los juzgados y tribunales federales de esas entidades hayan detenido servicios, ni una duración única del paro.

La lectura política

El episodio mide la capacidad del OAJ para imponer un cambio administrativo sin negociar con quienes lo van a operar. El órgano administrativo gana margen formal al haber publicado el acuerdo, pero pierde margen de implementación si la base mantiene el paro y la evaluación ordinaria llega sin legitimidad interna. La protesta también expone una fragilidad institucional: un sistema de evaluación cuya parte más pesada depende de exámenes y de informes de superiores requiere confianza del evaluado, y esa confianza no se construye por decreto.

Para los trabajadores, el paro es una herramienta de presión con costo público: la suspensión de labores en instalaciones judiciales afecta el servicio a usuarios del sistema. Su ganancia de margen depende de que la protesta se mantenga acotada y de que la opinión pública no la lea como una defensa corporativa frente a la evaluación. La vocera enmarcó la demanda en un sistema que “contribuya al funcionamiento de la institución” sin usarse para perjudicar al personal, pero ese encuadre compite con la percepción de que se resiste cualquier medición del desempeño.

El pulso también involucra a la dirigencia del PJF y a la Escuela Nacional de Formación Judicial, cuyos programas de capacitación pesan 20% en la calificación. Si el conflicto escala, la pregunta institucional deja de ser si se evalúa al personal y pasa a ser quién define el instrumento y con qué participación de los evaluados.

Qué sigue

La pelota está en el OAJ: puede dejar sin efectos el acuerdo, abrir una mesa de revisión del modelo o mantenerlo y enfrentar la continuidad del paro. La evidencia disponible no permite saber si el órgano administrativo tiene margen jurídico o político para modificar el acuerdo ya publicado, ni si existe una ruta formal de impugnación en curso. Tampoco está confirmado cuánto durará el paro ni si se extenderá a más entidades.

El siguiente punto de verificación es la respuesta del OAJ y el comportamiento de la evaluación diagnóstica de diciembre. Si el paro se mantiene hasta esa fecha, el primer examen se aplicaría en un clima de confrontación abierta. Si el OAJ cede o ajusta el instrumento, el precedente será que la publicación en el Diario Oficial no bastó para asegurar la aplicación.