POLÍTICA · MEDIUM
Presidente de la SCJN cuestiona a instituciones agrarias y pide replantear el derecho agrario
Hugo Aguilar Ortiz advirtió que prácticas agrarias operan como agencias inmobiliarias y llamó a armonizar los artículos 2 y 27 constitucionales para proteger territorio y vida comunitaria.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, cuestionó que instituciones agrarias actúen como agencias inmobiliarias y perjudiquen a ejidatarios frente a desarrollos turísticos. Propuso replantear el derecho agrario, armonizar los artículos 2 y 27 constitucionales y ampliar la justicia a agua, medio ambiente y territorio. Es una señal desde la cúpula judicial sobre el rumbo de la política agraria
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, puso sobre la mesa un diagnóstico incómodo para el andamiaje agrario del país: las instituciones llamadas a proteger a los ejidatarios habrían perdido su vocación social y operan, en la práctica, como intermediarias de desarrollos inmobiliarios y turísticos. Lo dijo en un foro legislativo, el XXVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario, organizado por la Comisión de Reforma Agraria del Senado, y lo hizo con una propuesta de fondo: replantear la materia para proteger la tierra, el territorio y la vida comunitaria.
La afirmación no es menor viniendo del ministro que preside el máximo tribunal. Aguilar Ortiz sostuvo que instituciones agrarias se convirtieron “prácticamente en agencias inmobiliarias”, al validar prácticas que perjudican a ejidatarios frente a desarrollos turísticos e inmobiliarios. El señalamiento desplaza el debate de la disputa por la propiedad individual hacia el diseño institucional que permite esas operaciones.
El presidente de la Corte relató testimonios recogidos durante sus recorridos por el país con motivo de la elección judicial. En la península, dijo, ejidatarios le describieron presuntas simulaciones de asambleas para adoptar el dominio pleno y vender terrenos que después se revalorizaron de forma considerable. “Hicieron asambleas de dominio pleno ficticias, les compraron su predio en pesos y a la vuelta de un año la están vendiendo en dólares para desarrollos inmobiliarios”, narró.
Ese pasaje importa porque conecta el problema con un procedimiento concreto: la asamblea que convierte tierra ejidal en propiedad plena. Si esas asambleas se simulan o se validan sin escrutinio, el resultado es la transferencia de valor del campo a los desarrolladores. Aguilar cuestionó que la intervención institucional se limitara a validar las asambleas, sin explorar alternativas para que los campesinos participaran como socios de los proyectos o recibieran condiciones más justas si decidían vender.
La lectura política
El mensaje tiene destinatarios claros. Por un lado, las instancias agrarias y los tribunales que revisan esos procedimientos; por otro, el Senado, que organizó el foro a través de su Comisión de Reforma Agraria y que tiene en sus manos el marco legal secundario. Al hablar desde la cúpula judicial, Aguilar Ortiz gana margen para orientar criterios y perderían margen quienes han normalizado la validación automática de asambleas y la conversión de tierra social en mercancía.
La propuesta institucional más concreta es la armonización de los artículos 2 y 27 constitucionales, particularmente cuando ejidos y comunidades agrarias son también comunidades indígenas. Según su lectura, la reforma indígena de septiembre de 2024 abre posibilidades para reconocer formas de organización, autonomía y participación en decisiones que afectan sus territorios. El presidente de la SCJN defendió que el ejido es una figura constitucional que merece protección plena de la Corte y los tribunales, y afirmó que “el derecho agrario no es derecho de segundo nivel”.
Esa jerarquía declarada choca con el diagnóstico que él mismo trazó: una materia que ha perdido presencia en la enseñanza, las políticas públicas y los presupuestos. La consecuencia práctica, si la visión se impulsa dentro de la Corte, sería un escrutinio más exigente sobre procedimientos agrarios y una lectura más amplia de los derechos en juego, incluidos agua, medio ambiente, salud y bienestar. “La tierra es también territorio”, resumió, al proponer que la justicia supere las disputas de propiedad y posesión.
También reivindicó la conciliación para conflictos con raíces históricas y componentes económicos, políticos y sociales, y pidió evaluar la justicia por sus efectos en las comunidades. La frase con la que cerró su intervención condensa el estándar que propone: “El formalismo en 200 años nos ha dado sentencia, sí, pero no justicia”.
Qué sigue
El discurso por sí solo no cambia criterios. Lo que debe observarse es si la Corte traduce esta visión en resoluciones y tesis sobre asambleas de dominio pleno, protección de ejidos y derechos territoriales de comunidades indígenas. También queda por verse si el Senado recoge la armonización de los artículos 2 y 27 en una agenda legislativa concreta o si el foro se queda en declaración.
Falta, además, un elemento para medir el alcance real: la evidencia disponible no detalla cuántos casos de asambleas simuladas se han documentado ni qué instancias habrían validado esas prácticas. Sin esos datos, la magnitud del fenómeno queda como testimonio recogido por el propio ministro, no como diagnóstico cuantificado. Lo que sí queda claro es que el presidente de la SCJN colocó el tema en la agenda pública y fijó una posición: el derecho agrario, dijo, es fundamental, no secundario.