POLÍTICA · MEDIUM
Propuesta en Edomex exige nacionalidad única para gobernar
Un diputado de Morena plantea reformar la Constitución estatal para vetar la doble nacionalidad a quien aspire a la gubernatura. La iniciativa aún no cambia las reglas de elegibilidad.
El diputado Maurilio Hernández González presentó ante la LXII Legislatura del Estado de México una iniciativa para reformar la Constitución estatal y exigir nacionalidad mexicana única a quien aspire o ejerza la gubernatura. Quien tenga otra nacionalidad debería renunciar a ella antes del registro. La propuesta no está aprobada y busca armonizar la ley local con una reforma federal.
El diputado Maurilio Hernández González, de la bancada de Morena, presentó ante la LXII Legislatura del Estado de México una iniciativa para reformar la Constitución estatal y establecer la nacionalidad mexicana única como requisito obligatorio para aspirar a la gubernatura mexiquense. La propuesta fue presentada el 22 de octubre de 2026 y, de aprobarse, obligaría a quienes tengan una segunda nacionalidad a renunciar a ella de forma previa y efectiva antes de solicitar el registro como candidatos.
El planteamiento no es una reforma aprobada ni un cambio automático en las condiciones de elegibilidad. Es una iniciativa que abre discusión legislativa y que, según lo expuesto por el propio legislador, busca armonizar la Constitución local con una reforma constitucional federal en materia de requisitos de nacionalidad para quienes encabecen los poderes ejecutivos. El Congreso mexiquense aprobó el 30 de septiembre de 2026 una minuta federal sobre esta materia, como parte del procedimiento de aprobación por las legislaturas locales, de acuerdo con la exposición de Hernández González.
La iniciativa exige ser mexicano por nacimiento, con padre o madre mexicanos, y no contar con otra nacionalidad al pedir el registro. El texto contempla además renunciar previamente a cualquier nacionalidad extranjera, no adquirir otra durante el cargo, no usar pasaportes ni documentos de identidad de gobiernos extranjeros, no ejercer derechos políticos de otra ciudadanía y no acogerse a la protección diplomática de otro país. Las restricciones estarían dirigidas específicamente a quien aspire a ocupar o ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.
Durante su intervención en tribuna, el diputado argumentó que la gubernatura requiere condiciones especiales de responsabilidad institucional por sus atribuciones: conducción política, seguridad, administración pública, representación estatal y relaciones internacionales. Sostuvo que esas responsabilidades justifican un estándar reforzado de lealtad institucional para quien encabece el Ejecutivo local. También señaló que la propuesta no pretende descalificar a quienes poseen dos nacionalidades ni eliminar la doble nacionalidad para la ciudadanía en general, sino fijar una condición específica para uno de los cargos de mayor responsabilidad pública en la entidad.
La lectura política
El movimiento tiene un alcance acotado: no toca a la ciudadanía con doble nacionalidad, pero sí redefine quién puede competir por el cargo de mayor visibilidad política en el Estado de México. En términos institucionales, la iniciativa traslada al ámbito local una discusión que ya ocurrió en el plano federal y que el Congreso mexiquense respaldó al aprobar la minuta el 30 de septiembre. Eso le da al proponente un argumento de congruencia: no inventa un requisito nuevo, sino que dice ajustar la Constitución local a un cambio federal en curso.
Quien gana margen de maniobra es el bloque que impulsa el estándar de nacionalidad única, porque instala el tema en la agenda legislativa local sin haber cambiado todavía las reglas del juego. Quien pierde, en cambio, es cualquier aspirante con doble nacionalidad, que quedaría obligado a renunciar a su segunda nacionalidad antes del registro si la reforma prospera. La iniciativa no menciona nombres ni candidaturas, por lo que no es posible sostener a partir de la evidencia disponible que esté dirigida contra una persona en particular.
El punto que falta precisar es el calendario legislativo. La presentación de una iniciativa no garantiza dictamen, discusión en el Pleno ni aprobación. Tampoco está claro si el requisito aplicaría a procesos electorales ya en curso o solo a los siguientes, porque la evidencia no lo especifica. Esa es una laguna relevante para medir el impacto real de la propuesta.
Qué sigue
El primer paso es el trámite ordinario en la LXII Legislatura: turno a comisión, eventual dictamen y discusión. Al tratarse de una reforma a la Constitución estatal, requiere el procedimiento de reforma constitucional local, que la evidencia no detalla. Si el decreto se aprueba y entra en vigor, la Legislatura mexiquense tendría un plazo máximo de 180 días para hacer las adecuaciones correspondientes al Código Electoral del Estado de México, según lo expuesto por el legislador.
La iniciativa también remite a las disposiciones federales sobre juicio político para titulares de los poderes ejecutivos estatales y al régimen general de responsabilidades administrativas, que contempla amonestaciones, suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y sanciones económicas. Esas sanciones no se aplicarían automáticamente por incumplir el requisito de nacionalidad, precisa la exposición. Por ahora, la nacionalidad mexicana única para gobernar el Estado de México es una propuesta, no una norma vigente.