Ramírez Cuéllar propone quitar el fuero y blindar el juicio político

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 109 constitucional para eliminar el fuero de los funcionarios públicos y fortalecer el juicio político. La propuesta busca impedir que los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad paralicen estos procedimientos o impidan la ejecución de las sanciones. El movimiento tiene significado público porque toca uno de los mecanismos que históricamente han protegido a funcionarios de la sanción política: la posibilidad de frenar un juicio político con recursos judiciales.

La iniciativa no solo elimina el fuero: busca que los amparos y controversias no detengan el juicio político ni la ejecución de sanciones. Ramírez Cuéllar explicó que la reforma pretende agilizar los procesos de responsabilidad política y garantizar que concluyan oportunamente, sin menoscabar el derecho a la defensa ni el control constitucional. Es decir, el diputado plantea un equilibrio entre la protección de garantías y la efectividad de las sanciones, un punto que previsiblemente será el centro del debate constitucional.

El contexto inmediato de la iniciativa es la ofensiva que Ramírez Cuéllar ha desplegado por el caso que llama "la estafa regia". El legislador recordó que el 29 de julio de 2026 presentó un punto de acuerdo para solicitar a la ASF una auditoría integral a los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León, particularmente en contratos de prestación de servicios y ejecución de obra pública. La propuesta fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente el 19 de agosto. La ASF realizó su revisión y presentó una denuncia penal ante la FGR. Ahora, según Ramírez Cuéllar, corresponde a las autoridades ministeriales investigar los hechos, seguir la ruta de los recursos y deslindar responsabilidades.

El antecedente verificado muestra que Ramírez Cuéllar ya había insistido en que el Congreso de Nuevo León reinstale su comisión anticorrupción para permitir el juicio político contra el gobernador Samuel García. Esa presión se produjo tras la denuncia penal de la ASF. La nueva iniciativa se inscribe en esa misma línea: si el juicio político no puede avanzar por falta de instancias locales o por recursos judiciales, el diputado busca cambiar las reglas constitucionales para que los procedimientos no queden en "letra muerta", como él mismo advirtió.

La lectura política

Quien gana margen de maniobra es el bloque que impulsa el juicio político como herramienta de rendición de cuentas; quien pierde es cualquier funcionario que hoy pueda escudarse en el fuero o en un amparo para frenar una sanción política. La iniciativa no está dirigida a un caso único, pero su timing la vincula políticamente con la denuncia contra el gobierno de Nuevo León. Ramírez Cuéllar es vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y su ofensiva contra Samuel García tiene un componente partidista evidente, aunque el diputado la presenta como una exigencia de justicia sin distinción de nombres o partidos.

Institucionalmente, la reforma al artículo 109 cambiaría el balance entre el juicio político y el control constitucional. Hoy, un funcionario puede acudir al amparo o a una controversia para suspender el procedimiento. La propuesta busca cerrar esa vía, pero deja abierta la pregunta de cómo se protege el derecho a la defensa sin que el control judicial se convierta en un obstáculo. Ese es el punto que la oposición y los constitucionalistas previsiblemente cuestionarán.

El diputado también impulsa iniciativas contra la facturación falsa y el huachicol fiscal, con el objetivo de fortalecer la supervisión de proveedores del sector público y cerrar espacios a la simulación de operaciones. Esas propuestas complementan su narrativa: no solo se trata de castigar a funcionarios, sino de desarticular las redes de triangulación de recursos públicos que, según él, se consolidaron en Nuevo León.

Qué sigue

La iniciativa deberá pasar por el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, donde se discutirá si la reforma constitucional prospera y con qué apoyos. Para que el juicio político contra Samuel García avance en Nuevo León, el Congreso local tendría que reinstalar su comisión anticorrupción, algo que Ramírez Cuéllar ya exigió. En paralelo, la FGR deberá definir el curso de la denuncia penal presentada por la ASF. El elemento que falta para sostener una lectura más precisa es el contenido completo de la iniciativa y la reacción de las bancadas, especialmente de la oposición y de los constitucionalistas, que aún no se conocen.