Sacerdote denuncia discriminación en la SRE por vestimenta eclesiástica

El padre José Alberto Medel, párroco de Santa María Tepepan en la Diócesis de Xochimilco, denunció públicamente haber sido víctima de discriminación por parte de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuando tramitaba su pasaporte. Según su testimonio, el personal de la dependencia le exigió retirarse la vestimenta eclesiástica y el alzacuello bajo el argumento de no hacer propaganda religiosa. El hecho, revelado en entrevista radiofónica, trasciende la anécdota personal: coloca en el centro del debate la forma en que el Estado mexicano aplica el principio de laicidad y el respeto a los derechos ciudadanos de los ministros de culto.

La denuncia del sacerdote señala una presunta violación a sus derechos fundamentales y un trato discriminatorio por su condición religiosa. Medel explicó que, al acudir a realizar el trámite, los funcionarios le condicionaron la emisión del documento a que se quitara la indumentaria propia de su ministerio. El argumento esgrimido fue evitar la propaganda religiosa, una justificación que, desde la perspectiva del denunciante, confunde la expresión de una identidad religiosa con un acto proselitista. El presbítero detalló las irregularidades del procedimiento y la intervención de la cancillería, aunque no se especificó si presentó una queja formal ante algún órgano interno o externo.

La lectura política

El caso adquiere relevancia política porque tensiona la interpretación de la laicidad del Estado mexicano. El episodio obliga a distinguir entre la neutralidad religiosa del Estado y la restricción indebida de derechos individuales. La Constitución garantiza la libertad de conciencia y de religión, y prohíbe la discriminación por motivos religiosos. Si la exigencia de retirarse la vestimenta se produjo en el marco de un trámite administrativo ordinario, como la solicitud de un pasaporte, el acto podría constituir una medida desproporcionada que afecta el derecho a la identidad y a la no discriminación.

Quien gana margen de maniobra con esta denuncia es, paradójicamente, la propia SRE, que ahora tiene la oportunidad de revisar sus protocolos de atención y emitir lineamientos claros que eviten interpretaciones arbitrarias. También gana visibilidad el debate sobre los derechos de los ministros de culto, un tema que suele quedar relegado en la agenda pública. Quien pierde, en cambio, es la imagen de imparcialidad de la dependencia, que queda expuesta a críticas por un posible trato discriminatorio. El sacerdote, por su parte, gana una plataforma para exigir una reparación y sentar un precedente.

Institucionalmente, el caso no cambia las reglas de manera inmediata, pero sí evidencia la necesidad de que la SRE armonice sus procedimientos con el marco constitucional y con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La denuncia no cuestiona la laicidad del Estado, sino la aplicación discrecional de criterios que pueden vulnerar derechos.

Qué sigue

El paso inmediato es que la SRE aclare si existe una norma o instructivo que prohíba el uso de vestimenta religiosa en sus oficinas y, en su caso, revise su legalidad. El sacerdote podría presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) o acudir a instancias judiciales. También corresponde a la Diócesis de Xochimilco y a la Conferencia del Episcopado Mexicano pronunciarse sobre el caso y acompañar la denuncia. La opinión pública y los legisladores tienen en sus manos exigir que el principio de laicidad no se convierta en una excusa para limitar derechos fundamentales. Sin una respuesta institucional clara, el episodio quedará como un ejemplo de cómo la discrecionalidad administrativa puede derivar en discriminación.