POLÍTICA · HIGH
SCJN abre canal permanente con empresarios por la certeza jurídica
La Corte lanza un programa de diálogo y formación con el sector empresarial y llama a confiar en la nueva integración del Pleno. El gesto busca reconstruir confianza institucional, pero no sustituye decisiones jurisdiccionales.
La SCJN puso en marcha el programa 'Por la Certeza Jurídica', un mecanismo permanente de diálogo y formación con el sector empresarial. Su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, llamó a confiar en la nueva integración del Pleno y del Poder Judicial. El CCE y la ABM celebraron la iniciativa. El programa promete respetar la independencia judicial y no abordar controversias particulares.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha el Programa de Vinculación, Diálogo y Formación Especializada con el Sector Empresarial 'Por la Certeza Jurídica'. El anuncio, del 26 de octubre de 2026, no es un convenio menor: formaliza un canal permanente entre el máximo tribunal constitucional y los sectores económicos del país en un momento en que la confianza en las instituciones de justicia es materia de disputa pública.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, presentó el programa como un espacio de interlocución continua. Según la información difundida, afirmó que "el diálogo institucional constituye el eje central" para conocer perspectivas sobre los retos de la impartición de justicia, identificar áreas de oportunidad y generar un entendimiento compartido de las necesidades jurídicas de los sectores estratégicos. La Corte busca convertir el diálogo con empresarios en un mecanismo permanente, no en un gesto aislado.
El programa contempla tres vías de colaboración: Mesas de Alto Nivel, Mesas Técnicas de Trabajo y Seminarios de Capacitación Específica. Los temas prioritarios incluyen estabilidad regulatoria, transformación digital, inteligencia artificial, integridad corporativa, sistema financiero y propiedad industrial. El comunicado oficial subraya que las actividades se desarrollarán con pleno respeto a la independencia judicial, sin abordar controversias particulares ni comprometer criterios o decisiones jurisdiccionales.
La lectura política
El gesto tiene un destinatario claro. Aguilar Ortiz llamó "al sector empresarial a confiar en la nueva integración del pleno y en el Poder Judicial de la Federación". Esa frase condensa el problema político: la Corte necesita que los inversionistas lean sus decisiones como predecibles y no como resultado de presiones cambiantes. El llamado a confiar en la nueva integración del Pleno revela que la Corte percibe un déficit de confianza que no se resuelve solo con sentencias.
Los aliados elegidos no son menores. José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), celebró la iniciativa y sostuvo que la certeza jurídica es indispensable para impulsar la inversión y el crecimiento económico. Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), reconoció la propuesta y expresó la disposición de las instituciones financieras para contribuir al éxito de la reforma judicial. El respaldo del CCE y la ABM da al programa una base de legitimidad ante los mercados, pero también crea expectativas que la Corte tendrá que administrar.
Quien gana margen de maniobra es la presidencia de la Corte: obtiene una plataforma de interlocución directa con actores económicos y un relato de apertura institucional. Quien queda expuesto es el propio tribunal: si el canal no se traduce en decisiones jurisdiccionales sólidas y predecibles, el programa puede leerse como relaciones públicas. La asistencia de la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, y del presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, junto con ministras y ministros, sugiere que la Corte quiere presentar el gesto como institucional y no solo presidencial.
El diseño del programa intenta blindarse: no abordará controversias particulares ni comprometerá criterios. Esa frontera es la que definirá si el mecanismo suma credibilidad o se convierte en un foro sin consecuencias. La independencia judicial se demuestra con resoluciones, no con la arquitectura del diálogo.
Qué sigue
El programa deberá mostrar resultados verificables: agendas de las mesas técnicas, temas efectivamente discutidos y, sobre todo, si la interlocución se traduce en mayor previsibilidad regulatoria y jurisdiccional. La Corte enfrenta la prueba de que su nueva integración sea percibida como independiente. El sector empresarial, por su parte, deberá decidir si su participación se limita a la formación y el diagnóstico o si se convierte en un respaldo público sostenido al tribunal. Falta por conocerse el calendario concreto de las mesas y los indicadores con los que la Corte medirá el éxito del programa; sin esos elementos, la lectura política queda abierta.