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Senado avala restringir efectivo en gasolineras y casetas; falta firma de Sheinbaum

La Ley de Economía Digital pasó con 72 votos a favor y 34 en contra y espera la aprobación final de la presidenta. El reto será aplicarla en un país donde el efectivo sigue dominando buena parte de las compras de combustible.

Ilustración editorial de Ruido Cero sobre Congreso y proceso legislativo
Ilustración editorial de Ruido Cero; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

El Senado aprobó la Ley de Economía Digital con 72 votos a favor y 34 en contra. La ley permite restringir el uso de efectivo en gasolineras y casetas de peaje para facilitar la fiscalización, y espera la aprobación final de la presidenta Claudia Sheinbaum. Forma parte del Paquete Económico de 2027 y busca ampliar la capacidad de tributación sin un reacomodo fiscal integral.

El Senado aprobó la Ley de Economía Digital con 72 votos a favor y 34 en contra. La ley permite restringir el uso de efectivo en gasolineras y casetas de peaje para facilitar la fiscalización, y espera la aprobación final de la presidenta Claudia Sheinbaum. El respaldo senatorial convierte una promesa de digitalización de pagos en un instrumento con efectos concretos sobre cómo se cobra y se registra el dinero en dos de los puntos más transitados de la economía cotidiana.

La ley no prohíbe el efectivo, pero habilita restringirlo primero en gasolineras y casetas de peaje, y eso desplaza el costo de adaptación hacia comercios y usuarios. El texto forma parte del Paquete Económico de 2027 y busca aumentar la capacidad de tributación del Estado sin realizar un reacomodo fiscal integral. Es decir, el gobierno opta por ampliar la trazabilidad de las transacciones antes que por rediseñar el sistema tributario. La aprobación final queda en manos de la presidenta Sheinbaum, quien ha presentado la reforma como un medio para promover los pagos digitales y facilitar la fiscalización.

El punto de partida es incómodo para cualquier transición rápida. Las gasolineras mexicanas realizan cerca de 28,600 millones de pesos en transacciones en efectivo mensualmente, según datos del Gobierno federal y de la consultora Petrointelligence citados en la información disponible. El efectivo representa un tercio del valor en ventas de combustibles y casi la mitad de las operaciones. Con esa proporción, restringir el efectivo en estaciones de servicio no es un ajuste menor: toca la operación diaria de un sector con márgenes sensibles y alta dispersión territorial.

La geografía del efectivo complica el calendario. Un análisis de 14,000 gasolineras muestra que Nayarit registra el mayor uso de efectivo, con 52.9%, mientras que en Michoacán el porcentaje baja a 32.3%. Esa brecha sugiere que la infraestructura de pagos y los hábitos de consumo no avanzan al mismo ritmo en todo el país. La ley fija una dirección nacional, pero su aplicación dependerá de condiciones locales desiguales de conectividad y adopción digital.

El gobierno ha intensificado el uso de CoDi y DiMo, plataformas de pago electrónico, como parte de esta estrategia. Sin embargo, la transición enfrenta obstáculos: muchos comercios consideran costoso aceptar pagos electrónicos. La evidencia disponible no permite afirmar cuántas gasolineras cuentan ya con terminales o conectividad suficiente, ni si habrá apoyos públicos para cerrar esa brecha. Ese dato falta para medir la viabilidad real de la restricción en el plazo previsto.

La lectura política

El Ejecutivo gana un instrumento de fiscalización sin haber negociado una reforma fiscal de fondo, y eso le permite mostrar resultados en materia de ingresos sin abrir un frente político mayor. La ley no amplía las facultades del Sistema de Administración Tributaria, según la información disponible, lo que sugiere que el gobierno apuesta por el seguimiento de operaciones digitales antes que por nuevas atribuciones de auditoría. El costo político se reparte: los comercios asumen la inversión en medios de pago y los usuarios enfrentan cambios en sus hábitos.

El Senado, con 72 votos a favor y 34 en contra, exhibe una mayoría suficiente pero no unánime. La oposición queda con un argumento verificable: la ley llega antes de que existan condiciones homogéneas de conectividad. Quien pierde margen de maniobra es el pequeño comercio gasolinero, que deberá adaptarse a reglas de cobro sin que la evidencia permita confirmar apoyos o plazos diferenciados. La presidenta Sheinbaum conserva la decisión final y, con ella, la capacidad de modular el ritmo de implementación.

Qué sigue

La aprobación final de la presidenta Sheinbaum es el siguiente paso formal. Después, la pregunta es operativa: cómo se instrumentará la restricción en gasolineras y casetas, con qué calendario y qué mecanismos de excepción. La información disponible no detalla esas reglas, por lo que la lectura sobre su impacto real queda condicionada a la publicación de los lineamientos. El Paquete Económico de 2027 será el marco temporal de referencia para medir si la digitalización avanza o si la brecha territorial la frena.