POLÍTICA · MEDIUM
Senado descarta nuevos impuestos para 2027 ante demanda de recursos universitarios
El análisis del paquete de ingresos para 2027 inicia en el Senado con la promesa de no crear nuevos gravámenes, mientras la ANUIES exige 36 mil 800 millones de pesos para la educación pública.
El Senado inició el análisis del paquete de ingresos para 2027, asegurando que no se implementarán nuevos impuestos. Sin embargo, esta postura choca con la demanda de la ANUIES, que solicita 36 mil 800 millones de pesos adicionales para universidades públicas. El debate fiscal se intensifica ante un presupuesto que apenas cubriría la inflación.
El Senado de la República ha dado inicio formal al análisis del paquete de ingresos para el ejercicio fiscal 2027, un proceso clave que definirá la capacidad de gasto del país en el próximo ciclo. En un movimiento que busca dar certidumbre a los mercados y a la ciudadanía, la legislatura ha enviado un mensaje de estabilidad fiscal: no habrá nuevas cargas tributarias.
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), fue el encargado de clarificar el rumbo de la discusión. Según el legislador, las minutas que integran la Ley de Ingresos, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley Federal de Derechos no contemplan la creación de nuevos impuestos. El Congreso tiene como plazo límite el cierre de octubre para concluir el trámite del paquete de ingresos y dar certeza al presupuesto.
Sin embargo, esta política de mantener la estructura fiscal actual se encuentra en una encrucijada frente a las necesidades de sectores críticos. Mientras el Senado se enfoca en la recaudación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha alzado la voz para señalar un déficit de recursos que amenaza la estabilidad de la educación pública en México.
La ANUIES reclama 36 mil 800 millones de pesos adicionales para atender cinco prioridades de las universidades públicas. Esta petición surge en un contexto de restricciones presupuestarias que parecen ignorar el crecimiento de las necesidades académicas y de infraestructura de las instituciones estatales.
El análisis de las cifras proyectadas para 2027 revela una realidad preocupante para el sector educativo. El subsidio destinado a las universidades estatales se estima en 72 mil 941 millones de pesos. Aunque a simple vista parece una cifra considerable, el incremento nominal es de apenas un 2.07 por ciento. Al contrastar este aumento con la inflación prevista, el crecimiento real del presupuesto para universidades se sitúa cercano a cero.
Esta falta de crecimiento real profundiza una crisis financiera que no es nueva. De acuerdo con los cálculos de la asociación, existe un déficit acumulado de 55 mil 400 millones de pesos entre los años 2019 y 2026. Este rezago financiero pone en evidencia la brecha entre la planificación gubernamental y las exigencias operativas de las instituciones de educación superior.
La discusión fiscal se debate entre la promesa de no crear nuevos impuestos y la presión por financiar la educación superior. No se trata de una negociación directa donde un impuesto financie una universidad, sino de una tensión política y económica: el gobierno ha decidido no ampliar la base de recaudación, lo que limita drásticamente el margen de maniobra para atender demandas de gasto creciente.
El escenario para las próximas semanas es de alta complejidad. El Senado deberá equilibrar la disciplina fiscal con la presión social y sectorial. Habrá que observar con atención cómo se resuelven las partidas presupuestarias en las comisiones de Presupuesto y Educación, y si el gobierno optará por una reasignación de recursos o si la austeridad fiscal terminará por profundizar el déficit de las universidades públicas.