POLÍTICA · MEDIUM
Senador anuncia Código de Procedimientos Agrarios para conflictos de tierra
Ángel García Yáñez adelantó una iniciativa para ordenar la justicia agraria; el presidente de la SCJN llamó a revalorar la propiedad social en el campo.
El senador Ángel García Yáñez anunció que presentará una iniciativa para expedir un Código de Procedimientos Agrarios, con el fin de dar certeza jurídica a ejidos, comunidades y familias campesinas y resolver conflictos por la tierra. La propuesta aún no tiene texto ni fecha. En el mismo foro, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, pidió recuperar la propiedad social como pilar constitucion
El senador Ángel García Yáñez anunció que presentará una iniciativa para expedir un Código de Procedimientos Agrarios, un ordenamiento que, según planteó, buscaría garantizar los derechos de quienes intervienen en el proceso productivo —por propiedad, trabajo o explotación de la tierra— y dar cauce a los conflictos agrarios. El anuncio ocurrió al clausurar el XXVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y XI Internacional, en la Antigua Casona de Xicoténcatl, un foro donde jueces, legisladores y especialistas discutieron el estado de la justicia rural.
El significado público del anuncio no está en el texto de la iniciativa, que aún no se conoce, sino en el diagnóstico que lo acompaña: la justicia agraria opera sin un código procesal unificado, y eso deja a ejidos y comunidades ante reglas dispersas y decisiones desiguales. García Yáñez sostuvo que la construcción del ordenamiento deberá considerar aportaciones de instituciones, personas juzgadoras, especialistas, universidades, profesionales y representantes de los núcleos rurales. Es decir, el senador plantea un proceso abierto, no una reforma de escritorio.
El legislador explicó que la norma debe responder a las necesidades reales de ejidos y comunidades, contribuir a resolver conflictos por la tierra, brindar certeza jurídica a las familias de campesinos, reconocer los derechos de las mujeres y garantizar que las instituciones atiendan adecuadamente a quienes recurren a ellas. El reconocimiento explícito de los derechos de las mujeres en el campo es una señal de contenido, no un adorno: cualquier código procesal agrario que ignore ese punto nacería incompleto.
En el mismo encuentro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la propiedad social, los derechos ejidatarios y de las comunidades deben recuperar su papel como “pilares” constitucionales para garantizar la justicia en el campo mexicano. Reconoció que esos temas han perdido presencia en la agenda nacional, en la formación académica, en las políticas públicas y en la asignación presupuestal. La intervención del presidente de la SCJN eleva el tono del debate: no es sólo un senador proponiendo una ley, es el titular del Poder Judicial federal diciendo que el derecho agrario fue desplazado de la agenda.
Aguilar Ortiz destacó la necesidad de armonizar el marco jurídico agrario con el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas, porque existen numerosos núcleos colectivos que tienen simultáneamente la condición de ejidos o comunidades indígenas. Esa superposición es un problema práctico de competencias y procedimientos, no una sutileza teórica. El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, coincidió en la necesidad de asegurar certeza jurídica a pueblos y comunidades, y pidió guardar un minuto de silencio en memoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien describió como defensor incansable de las demandas sociales.
La lectura política
Quien gana margen aquí es el bloque que empuja una agenda agraria de corte garantista: un senador que coloca el tema, un presidente de la SCJN que lo respalda públicamente y un procurador agrario que lo acompaña. Esa coincidencia de tres voces institucionales en un mismo foro sugiere una ventana de oportunidad legislativa, aunque no garantiza resultados. Quien pierde margen, si la iniciativa avanza, es la dispersión normativa que hoy obliga a litigar la tierra con reglas fragmentadas; también pierden quienes se benefician de la opacidad procesal en disputas ejidales.
Institucionalmente, lo que cambiaría es la existencia de un código procesal único para la materia agraria. Eso tocaría competencias de tribunales agrarios, de la Procuraduría Agraria y de los propios núcleos ejidales. Pero el anuncio, por sí solo, no modifica nada: sin texto publicado, sin fecha de presentación y sin dictamen, la iniciativa es todavía una intención legislativa, no una decisión pública. El expediente no permite saber si la propuesta retoma un proyecto previo, qué alcance tendría ni si cuenta con respaldo del grupo parlamentario del senador o de otras fuerzas.
Qué sigue
El siguiente paso verificable es la presentación formal de la iniciativa ante el Senado, con su texto y exposición de motivos. Después vendría el turno en comisiones, donde se medirá si la apertura a instituciones, universidades y representantes de núcleos rurales que anunció el senador se traduce en un proceso de parlamento abierto o queda en consulta simbólica. También falta conocer la posición del Ejecutivo federal y de la Cámara de Diputados, y si el proyecto se acompaña de una discusión presupuestal, porque el propio presidente de la SCJN advirtió que el tema ha perdido asignación de recursos. Sin esos elementos, la promesa de certeza jurídica para el campo sigue siendo una promesa.