POLÍTICA · MEDIUM
SEP descarta sanciones por celulares y apuesta por la vía educativa
Mario Delgado confirmó que la regulación vigente desde el 3 de noviembre no contempla castigos ni vigilancia escolar, sino un decálogo y resguardo de dispositivos. La decisión define el alcance real de una medida impulsada por la Presidencia.
La SEP, por medio de Mario Delgado, confirmó que la regulación del uso de celulares en escuelas, vigente desde el 3 de noviembre, no incluye sanciones ni medidas coercitivas. El enfoque es educativo: un decálogo sobre pantallas y mecanismos de resguardo de dispositivos. La medida, impulsada por Claudia Sheinbaum, fue acordada con las 32 entidades. El reto será verificar su aplicación sin mecanismo
La Secretaría de Educación Pública confirmó que la regulación del uso de celulares en las escuelas, vigente desde el 3 de noviembre en todo el país, no contempla sanciones ni medidas coercitivas. El secretario Mario Delgado Carrillo lo dijo sin ambigüedades: no habrá supervisores ni vigilantes escuela por escuela para verificar si un alumno trae el teléfono. La declaración, hecha al término de un acto en Ecatepec, define el alcance real de una medida que la Presidencia impulsó y que las 32 autoridades educativas acordaron por unanimidad.
El gobierno federal opta por un instrumento educativo —decálogo y resguardo de dispositivos— en lugar de un régimen disciplinario, lo que traslada la carga de la aplicación a escuelas y familias. Delgado sostuvo que el objetivo es que niñas y niños desarrollen conciencia sobre el uso excesivo de pantallas y eviten generar una adicción. "En la SEP le apostamos a la educación, no a poner sanciones", afirmó. La regulación se acompaña de un decálogo sobre tecnología y uso de pantallas y de mecanismos para el resguardo y control de los celulares de los estudiantes, de modo que las familias puedan decidir, por ejemplo, dejar los dispositivos en casa.
La medida no nace de una imposición administrativa aislada. Según el secretario, es resultado de una consulta abierta a docentes, especialistas y expertos, y fue acordada de manera unánime con las autoridades educativas de las 32 entidades. Ese respaldo federal y estatal le da viabilidad política, pero también delimita su naturaleza: se trata de un marco de orientación, no de un ordenamiento con aparato sancionador.
La lectura política
La decisión fortalece el margen de maniobra de la SEP y de los gobiernos estatales, que evitan asumir el costo político de castigar a menores y familias por un dispositivo de uso cotidiano. También protege a la Presidencia de un flanco incómodo: una prohibición con sanciones habría exigido definir responsables, procedimientos y eventuales conflictos con padres de familia. Al optar por la vía educativa, el gobierno conserva la bandera de la medida sin cargar con su enforcement.
El costo se desplaza. Quienes pierden margen son las escuelas y los docentes, que quedan como responsables prácticos de una norma sin herramientas coercitivas. El secretario reconoció que en educación media superior las comunidades escolares deberán establecer acuerdos y reglas comunes, y que en educación superior los alumnos tienen mayores elementos para comprender los algoritmos y la inteligencia artificial. Es decir, la aplicación queda fragmentada según el nivel educativo y la capacidad de cada plantel.
Delgado recurrió a un antecedente para defender el enfoque: recordó que cuando se anunció la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, hubo quienes anticiparon su fracaso, y sostuvo que se logró retirar esos productos y que los niños aprendieron a consumir alimentos más saludables. La comparación sugiere que el gobierno confía en el cambio de hábitos por persuasión, aunque la evidencia disponible no permite medir todavía el efecto de la regulación de celulares.
El antecedente inmediato es la comparecencia de Delgado ante la comisión de educación del Congreso el 29 de octubre, donde informó sobre esta regulación y otros programas educativos. El paso por el Legislativo y el acuerdo con las 32 entidades configuran un respaldo institucional amplio, pero no sustituyen los mecanismos de verificación que el propio secretario descartó.
Qué sigue
El primer desafío es operativo: las escuelas deberán definir cómo aplican el decálogo y cómo resguardan los dispositivos sin convertirse en instancias de vigilancia. En media superior, los acuerdos de comunidad serán la pieza clave; en básica, la coordinación con familias determinará si la medida se traduce en prácticas concretas o queda como declaración de principios.
El segundo desafío es político. Sin sanciones ni supervisión, la evaluación de la política dependerá de indicadores que aún no se han hecho públicos. Corresponderá a la SEP informar si habrá seguimiento, reportes por entidad o ajustes al decálogo. También queda por verse si el Congreso retoma el tema en su función de control y si las autoridades estatales emiten lineamientos propios.
Por ahora, el hecho verificable es acotado: la regulación existe, está vigente y su diseño excluye castigos. Lo que falta por confirmar es si ese enfoque educativo basta para modificar conductas en un universo escolar diverso y desigual.