Sheinbaum deja en la ASF el eventual citatorio a Córdova por el INE

La presidenta Claudia Sheinbaum trasladó este viernes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la decisión sobre un eventual citatorio a declarar contra Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), por las contrataciones irregulares para la adquisición de material electoral. La mandataria fijó así una frontera explícita entre la investigación política que exhibió su gobierno y la ruta institucional que, según su lectura, no le corresponde instruir.

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno no tiene facultades para girar una instrucción a la ASF ni al Ministerio Público, y que su margen se agotó en la investigación en fuentes abiertas que presentó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Con esa frase, la Presidenta desplazó el costo de la siguiente etapa —el eventual desahogo de una comparecencia— hacia un órgano autónomo de fiscalización, sin renunciar al señalamiento político contra el exconsejero.

La mandataria fue más allá al cuestionar la gestión de Córdova al frente del INE. Argumentó que él nombró a los consejeros responsables y que tenía capacidad para revisar lo que ocurría en los organismos locales. "Él puede decir: 'No, no me toca'. No, ¿cómo no?, si tú nombraste a esos consejeros, tú tenías la capacidad de hacer la revisión. Si sabías que había problemas con los organismos locales, ¿por qué no se definieron lineamientos?", planteó.

La Presidenta también admitió que el plazo para fincar sanciones a responsables anteriores podría estar agotado, pero defendió que aún es tiempo de cambiar lo que ocurrirá hacia adelante y evitar que la situación se repita. Esa concesión es relevante: reconoce una limitación temporal del marco sancionador mientras mantiene la presión sobre la responsabilidad política del periodo anterior.

En el mismo mensaje, Sheinbaum pidió a la ASF trabajar de manera más proactiva, aunque recordó que ya se iniciaron cambios para ampliar sus capacidades de auditoría, además de las que ordena el Congreso. La combinación de ambas ideas —autonomía del auditor y exigencia de mayor iniciativa— deja al organismo en una posición incómoda: cualquier decisión sobre Córdova será leída como respuesta a la presión pública del Ejecutivo, aun cuando formalmente la instrucción no exista.

La lectura política

El movimiento tiene dos destinatarios. Hacia afuera, la Presidenta gana margen al no aparecer como quien ordena una detención o un citatorio, y conserva el capital político de haber exhibido el caso sin cargar con la legalidad de la siguiente decisión. Hacia adentro, el mensaje es para la ASF: el expediente ya está en la conversación pública y la expectativa de una actuación más proactiva quedó planteada en voz de la titular del Ejecutivo.

Córdova, en cambio, queda en una posición defensiva distinta a la de una acusación directa del Gobierno. Su defensa natural será la autonomía del INE y la separación entre la responsabilidad de los consejeros y la del expresidente del instituto; el contraargumento presidencial ya está sobre la mesa: quien nombró a los consejeros y no fijó lineamientos no puede desmarcarse del todo.

El costo institucional recae en la ASF. Si cita a Córdova, deberá sostener el sustento técnico de la auditoría frente a la sospecha de motivación política; si no lo hace, tendrá que explicar por qué el caso que el Ejecutivo puso en la mañanera no alcanza para una comparecencia. En ambos escenarios, la autonomía del órgano fiscalizador será el terreno de disputa.

El antecedente inmediato ayuda a leer el patrón: semanas antes, la Presidenta anunció una propuesta para que Talleres Gráficos de México concentre la producción de papelería electoral, con consejo de administración y supervisión externa, para transparentar licitaciones y reducir costos. La crítica a las contrataciones del INE y la propuesta de rediseñar la cadena de producción electoral forman parte de una misma línea de intervención sobre el terreno donde se ubica el conflicto.

Qué sigue

La pelota está en la ASF. Lo que debe ocurrir es una determinación técnica sobre si existen elementos para citar a declarar a Córdova y, en su caso, la notificación correspondiente. También queda por verse si la Secretaría Anticorrupción formaliza el expediente abierto con la investigación en fuentes abiertas y si lo remite a las instancias competentes.

En el plano legislativo, la ampliación de capacidades de auditoría que mencionó la Presidenta tendría que concretarse en el Congreso para que la exigencia de proactividad no quede como declaración. Y en el plano político, el punto a seguir es si el caso se mantiene como disputa sobre el pasado del INE o escala a una revisión del diseño institucional de las contrataciones electorales. Falta, por ahora, el documento de la ASF que permita saber si hay citatorio, con qué sustento y en qué plazo.