Sheinbaum niega pacto con Maru Campos: "la justicia no se negocia"

La presidenta Claudia Sheinbaum negó de manera tajante haber negociado impunidad o una salida diplomática para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y sostuvo que las investigaciones penales no son materia de negociación política. La declaración, hecha en la conferencia matutina, buscó cerrar una versión que circulaba en medios y círculos políticos: que la mandataria panista habría entregado a su exfiscal general, César Jáuregui, a cambio de protección de cara a la elección de 2027.

El desmentido no es un detalle menor. La acusación implícita en esa versión era doble: que el gobierno federal estaría dispuesto a usar la justicia como moneda de cambio y que una gobernadora de oposición podría comprar tranquilidad judicial con la cabeza de su propio exoperador. Sheinbaum respondió con una fórmula que ya es marca de su discurso: la justicia está por encima de cualquier cálculo partidista y no se negocia con ella.

La presidenta sostuvo que la justicia no es una moneda de cambio y que las investigaciones penales no se negocian con cálculos electorales. Esa frase, sin embargo, convive con una realidad institucional incómoda: la Fiscalía General de la República mantiene abierta una indagatoria contra Jáuregui por presuntos operativos clandestinos de agentes de la CIA y fuerzas extranjeras en la Sierra Tarahumara, sin la autorización constitucional que exige el artículo 89 para el ingreso de fuerzas armadas extranjeras al territorio nacional.

El expediente es sensible porque toca dos nervios simultáneos: la soberanía y la seguridad interior. La Sierra Tarahumara es una de las zonas más castigadas por el crimen organizado y también uno de los territorios donde la cooperación con Estados Unidos ha sido históricamente opaca. Si agentes extranjeros operaron sin permiso del Senado, el asunto no es solo penal, es constitucional, y el costo político recae directamente sobre quien gobernaba Chihuahua en ese momento.

El caso Jáuregui convierte a Chihuahua en un laboratorio de la disputa entre autonomía federal y protección política estatal. Maru Campos, una de las gobernadoras panistas con mayor visibilidad y con una relación tensa con el Palacio Nacional, enfrenta el dilema de deslindarse de su exfiscal o defenderlo. Cada movimiento suyo será leído en clave de 2027, cuando Chihuahua renueve la gubernatura y el panismo juegue una de sus plazas simbólicas más importantes.

La versión del pacto circuló justamente por ese calendario. En la lógica de la política mexicana, un gobierno federal que controla la Fiscalía General de la República y una gobernadora que controla el aparato local tienen incentivos para negociar. El problema es que, cuando esa sospecha se instala, el desmentido no la cancela: apenas la desplaza al terreno de la sospecha permanente. Sheinbaum lo sabe y por eso eligió el escenario de mayor visibilidad, la mañanera, para fijar postura.

El costo del desmentido es que ahora la FGR queda con el expediente en la mano y sin margen para el silencio. Si la indagatoria contra Jáuregui avanza, el gobierno federal podrá presentarla como prueba de imparcialidad. Si se estanca o se archiva sin explicación, la versión del pacto regresará con más fuerza, y no solo desde Chihuahua. La variable de tiempo importa: un proceso penal que se activa en plena precampaña rumbo a 2027 será leído, inevitablemente, como jugada política, se diga lo que se diga en la mañanera.

Hay además un contexto de fondo que explica por qué esta historia tiene eco nacional. La relación entre el gobierno federal y los gobiernos panistas del norte ha pasado por episodios de choque en seguridad, presupuesto y coordinación. Chihuahua ha sido escenario de operativos federales, disputas por el mando policial y acusaciones cruzadas sobre quién protege a quién. En ese marco, cualquier investigación que involucre a un exfiscal estatal se vuelve una pieza más del pulso.

Lo que sigue es observar si la FGR cita a declarar a Jáuregui, si Maru Campos se pronuncia sobre el expediente y si el caso llega a tribunales antes o después de que arranquen formalmente las precampañas de 2027. También habrá que ver si el tema escala al Senado, donde la autorización para el ingreso de fuerzas extranjeras es facultad exclusiva, y si la embajada de Estados Unidos emite alguna postura sobre las operaciones que se le atribuyen a sus agentes.

Por ahora, la presidenta fijó una línea: no hay pacto, no hay impunidad, no hay embajada. La política mexicana rara vez se agota en un desmentido. Lo que sigue no se decide en la mañanera, sino en el expediente, en los juzgados y, sobre todo, en las urnas de 2027.