Sheinbaum se deslinda de Taddei y exhibe el aval de Córdova a su carrera electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó tajantemente de Guadalupe Taddei y colocó el origen de su carrera electoral en el Consejo General que encabezaba Lorenzo Córdova, no en Morena. En su intervención, la mandataria sostuvo que ese órgano avaló la presidencia electoral de Taddei en Sonora desde 2014, cuando el partido guinda ni siquiera existía como tal, y rechazó que su llegada al Instituto Nacional Electoral (INE) sea un producto del movimiento que hoy gobierna.

El señalamiento tiene un peso político doble. Por un lado, desactiva la lectura de que Taddei es una cuota directa del morenismo en el árbitro electoral; por el otro, traslada la discusión al terreno de las trayectorias institucionales y de las responsabilidades que se acumularon antes del actual ciclo político. Sheinbaum no solo marcó distancia con la consejera presidenta del INE: puso el acento en que su carrera se gestó en administraciones electorales previas y bajo reglas que hoy se cuestionan.

En el centro del argumento presidencial está el mecanismo de designación. La mandataria recordó que Taddei llegó a la presidencia del INE por tómbola en San Lázaro en 2023, un procedimiento que en su momento fue presentado como una salida ante el bloqueo político en la Cámara de Diputados. Ese dato le sirve al Ejecutivo para insistir en que la llegada de Taddei no fue una imposición de Morena, sino el resultado de un arreglo parlamentario en el que participaron distintas fuerzas.

La exigencia de Sheinbaum no se quedó en el diagnóstico. Pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue los contratos de administraciones presentes y pasadas, una fórmula que amplía el foco más allá del INE y alcanza a gestiones anteriores. Al involucrar a la ASF, la presidenta traslada la discusión del terreno político al de la fiscalización de recursos públicos, donde los contratos y las adjudicaciones suelen convertirse en el punto más vulnerable de cualquier institución.

El deslinde también debe leerse en clave interna. La relación entre el Ejecutivo y el INE ha estado marcada por la desconfianza desde la reforma electoral de 2023 y por la disputa sobre el papel del árbitro en los procesos venideros. Que la presidenta cuestione públicamente a la consejera presidenta del INE, pero atribuya su origen a un consejo anterior, sugiere que el gobierno busca separar su responsabilidad política de los cuestionamientos sobre la autonomía del organismo.

El contexto importa: Taddei fue designada en un proceso que estuvo marcado por la falta de acuerdos y por la presión de los tiempos legislativos. Su perfil, ligado a la estructura electoral de Sonora, ha sido objeto de escrutinio desde entonces. La referencia de Sheinbaum a 2014 apunta a que su carrera no nació con el actual gobierno, sino que se consolidó en un periodo en el que el INE y los organismos locales estaban bajo otra correlación de fuerzas.

La consecuencia más inmediata es que el deslinde presidencial no resuelve la tensión entre el Ejecutivo y el INE, pero sí redefine el terreno de la disputa. Si la ASF abre una revisión sobre contratos de administraciones presentes y pasadas, el debate podría desplazarse de las personas a los procedimientos, y de la coyuntura política a la fiscalización de recursos.

También queda por ver cómo responde el propio INE y si Taddei ofrece una réplica pública sobre el aval que se le atribuye. Hasta ahora, el organismo no ha fijado una postura sobre las declaraciones presidenciales. La oposición, por su parte, tiene un flanco abierto: la presidenta usó el argumento de la trayectoria institucional para desmarcarse, pero también para recordar que las designaciones electorales son producto de negociaciones políticas que trascienden a un solo partido.

Lo que sigue es la ruta institucional. Habrá que observar si la ASF confirma o descarta una revisión formal, si el INE emite una respuesta y si el deslinde presidencial se traduce en una postura sostenida del Ejecutivo frente al árbitro electoral en los próximos procesos. Por ahora, la presidenta dejó claro que no asume como propia la llegada de Taddei y que prefiere que la discusión se dirima en el terreno de la fiscalización, no en el de la lealtad partidista.