POLÍTICA · MEDIUM
Tesorero del PAN potosino, comisario en sociedad del diputado Azuara y su suplente
Un acta notarial de 2020 vincula al tesorero estatal panista con una sociedad hotelera en San Miguel de Allende donde también participan el diputado federal David Azuara y su suplente. Una denuncia de 2022 por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa sigue sin procesados.
Una investigación periodística revela que Fernando Zumaya Azuara, tesorero del PAN en San Luis Potosí y hermano de la esposa del diputado David Azuara, es comisario de sociedades donde participan el legislador y su suplente Rafael Armando López Puente. Una denuncia de 2022 por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa duerme en la fiscalía estatal sin procesados. El caso expone la red famili
El tesorero del PAN en San Luis Potosí, Fernando Zumaya Azuara, aparece como comisario de sociedades en las que también participan el diputado federal David Azuara Zúñiga y su suplente en San Lázaro, Rafael Armando López Puente. El dato, contenido en un acta notarial de diciembre de 2020 y en registros societarios, no es un detalle administrativo: coloca al responsable de las finanzas del partido en la entidad dentro de la misma estructura mercantil de un legislador en funciones y de su relevo constitucional.
La sociedad 100 Hilos, vinculada a un hotel boutique de cinco habitaciones en San Miguel de Allende, tiene como comisario a Zumaya Azuara, hermano de la esposa del diputado Azuara. Según el acta, el suplente López Puente aportó 25 mil pesos. El tesorero del PAN estatal funge como comisario en la misma sociedad donde el diputado y su suplente tienen participación, lo que cruza la vigilancia financiera del partido con los intereses privados de sus propios militantes.
La relación no se agota en ese negocio. En 2016 se constituyó en la capital potosina Azuara, López & Márquez Consultores, con David Azuara como accionista principal y administrador único, López Puente como socio y Fernando Zumaya como comisario. Es decir, el mismo triángulo —diputado, suplente y tesorero— se repite en al menos dos vehículos societarios.
El entramado familiar es más cerrado. La madre de Zumaya Azuara y el padre de los Azuara Zúñiga son hermanos, de acuerdo con publicaciones que han descrito a esa parentela. Si Fernando es hermano de Edith Zumaya Azuara —esposa del diputado— y a la vez primo de David, el legislador se casó con su prima. El propio David Azuara ha hecho pública la relación al anunciar la apertura del restaurante de Edith. En México el matrimonio entre primos hermanos no se considera incesto y los registros públicos de Tanquián de Escobedo muestran que ese tipo de enlaces se ha repetido por generaciones.
El nombre que recorre ese círculo es el del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, investigado por una red de facturación con Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo que, según una investigación periodística, pagó más de 2 mil 800 millones de pesos en 2025 a tres empresas, una de ellas con domicilio fiscal en Tanquián de Escobedo. Sánchez Zumaya está fuera del país con las cuentas congeladas. Su constelación familiar lo liga a los Azuara Zúñiga y sus relaciones sociales lo vinculan a Jesús Salazar, «La Wiwa», detenido el 25 de octubre y señalado por la Fiscalía de San Luis Potosí como presunto líder criminal de la Huasteca.
Una denuncia de 2022 por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa incluye a los tres nombres en el mismo expediente y, cuatro años después, nadie ha sido procesado. La fiscalía estatal no ha informado de imputaciones ni de avances sustantivos. Ese dato es el que convierte la revelación periodística en un problema político: no se trata solo de una sociedad mercantil, sino de la convivencia entre cargos partidistas, cargos legislativos y negocios privados bajo una investigación penal que no camina.
La lectura política
El PAN potosino queda en una posición incómoda. Su tesorero, electo para el periodo 2024-2027 y consejero estatal y nacional del partido, aparece como comisario en sociedades del diputado y su suplente, y la denuncia que los agrupa sigue sin resolverse. Quien gana margen es el gobierno estatal y la fiscalía: la opacidad procesal les permite administrar el expediente sin costo político inmediato. Quien pierde es el partido, que tendrá que explicar cómo su responsable financiero vigila sociedades de sus propios legisladores mientras una denuncia por enriquecimiento ilícito permanece archivada de hecho.
El asunto también toca al Congreso federal. David Azuara es diputado en funciones y su suplente, López Puente, es quien lo relevaría. La relación societaria entre ambos no es ilegal por sí misma, pero sí plantea una pregunta de transparencia: si el suplente comparte negocios con el propietario de la curul, la sustitución constitucional deja de ser un mecanismo de control y se vuelve una extensión patrimonial.
Qué sigue
La fiscalía de San Luis Potosí debe informar si la denuncia de 2022 sigue en integración, si se ha ejercido acción penal o si se archivó. El PAN estatal tendrá que aclarar si su tesorero puede seguir en el cargo mientras es comisario de sociedades de un diputado bajo investigación. Y el Congreso federal deberá decidir si abre un espacio de revisión sobre la relación entre legisladores y suplentes cuando comparten negocios. Sin esos tres movimientos, la revelación quedará como un episodio periodístico sin consecuencia institucional.