Vázquez presume baja delictiva ante el Congreso y la oposición exige verificar víctimas

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, llevó al Congreso capitalino su principal activo político: una reducción de 19% en delitos de alto impacto y de 41% en feminicidios entre enero y septiembre de 2026 respecto al mismo periodo de 2024. La comparecencia, enmarcada en la glosa del segundo informe de gobierno de Clara Brugada, convirtió el salón legislativo en el escenario donde el gabinete de seguridad rinde cuentas y, a la vez, defiende su narrativa ante un año de evaluación política.

La reducción reportada abarca las 16 alcaldías y se apoya en cuatro ejes: atención a las causas, inteligencia e investigación, desarrollo policial y coordinación institucional. Vázquez sostuvo que la estrategia se extendió a todo el territorio y enumeró descensos específicos: 55% en robo de vehículo con violencia, 50% en robo a pasajeros de microbús y 21% en robo a pasajeros de taxi. En homicidio doloso afirmó que agosto y septiembre de 2026 registraron niveles no vistos en la capital desde hacía 20 años, y atribuyó los resultados a la coordinación con la Fiscalía General de Justicia y las fuerzas federales, al fortalecimiento de la investigación policial y a los programas de prevención.

El funcionario también presentó cifras de operación que buscan dar sustento a la narrativa: 12 mil 500 personas detenidas como presuntas responsables de delitos de alto impacto, entre ellas 87 objetivos prioritarios, y 47 células delictivas desarticuladas. En extorsión reportó una caída de 8.6% frente al año anterior, con 424 detenidos por ese delito o tentativa entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, además de 3 mil 14 casos de extorsión telefónica atendidos. En violencia contra las mujeres, dijo que fueron detenidas 101 personas como posibles responsables de feminicidio, vinculadas con 87 de las 92 carpetas abiertas, y que la Policía Especializada de Género acompañó a más de 26 mil mujeres en su primer año.

La lectura política

El compareciente llega con números favorables, pero la oposición instaló una duda metodológica que el oficialismo no puede ignorar: la baja de carpetas no equivale necesariamente a una reducción de víctimas. La diputada del PRI Tania Larios pidió indicadores para evaluar tiempos de respuesta policial ante denuncias de atención tardía en casos de despojo, desaparición y violencia, y solicitó información por alcaldía, cuadrante y tipo de emergencia. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, advirtió que “la disminución de carpetas no necesariamente equivale a una reducción de víctimas” y preguntó cómo evalúa la Secretaría los delitos que no se denuncian.

Ese cuestionamiento tiene consecuencia institucional. Si la reducción se sostiene sólo en denuncias registradas, el indicador mide la relación entre ciudadanía y Fiscalía tanto como la incidencia delictiva. Torres planteó una reforma a la Fiscalía para que la policía tenga participación más activa en la recepción de denuncias y llamó a revisar la contratación de policías por las alcaldías, al cuestionar que la cobertura dependa de la capacidad de inversión de cada demarcación. Son dos frentes distintos: el primero toca el diseño de la institución encargada de investigar; el segundo, la desigualdad territorial en el despliegue policial.

En términos de margen político, Vázquez gana visibilidad y posición como vocero de resultados de la administración de Brugada, mientras la oposición legislativa gana una plataforma para exigir transparencia en los indicadores. El costo potencial recae en la credibilidad de las cifras si no se acompañan de datos desagregados y de mediciones sobre denuncias no presentadas. La ampliación de 847 a mil 22 cuadrantes, la incorporación de 3 mil 500 patrullas y 40 mil cámaras, según el informe presentado, son datos de capacidad operativa que no responden por sí solos a la pregunta sobre víctimas no denunciantes.

Qué sigue

El Congreso capitalino tiene en sus manos la posibilidad de convertir las preguntas de la oposición en solicitudes formales de información: desagregados por alcaldía y cuadrante, tiempos de respuesta y metodología para estimar la cifra negra. La Secretaría enfrenta la tarea de explicar cómo mide lo que no se denuncia y de sostener la comparación con 2024 cuando el año avance. La reforma a la Fiscalía planteada por Movimiento Ciudadano y la revisión de la contratación policial municipal son decisiones que no dependen del compareciente, pero que condicionan la lectura de sus resultados. Sin esos elementos, la reducción del 19% y del 41% queda como un dato robusto en el registro administrativo y todavía discutible como retrato de la seguridad real en la ciudad.