102 millones de electores: el reto del INE choca con su presupuesto

Más de 102 millones de personas conformarían la Lista Nominal para las elecciones de 2027, un piso que convierte esa jornada en el operativo más grande que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya dimensionado para una renovación intermedia. La cifra la puso en circulación el 28 de septiembre de 2026 el consejero electoral Jorge Montaño Ventura, quien la planteó menos como dato demográfico que como advertencia: más electores equivalen a más casillas, más boletas, más capacitadores y más dinero.

No es un trámite. “Ya tenemos más de 100 millones de personas”, dijo el consejero para dimensionar el problema, y enumeró los frentes que ya están sobre la mesa: instalar casillas, producir y distribuir boletas, capacitar a quienes integrarán las mesas directivas, atender a quienes votarán por primera vez y garantizar el sufragio de los mexicanos residentes en el extranjero. Las estimaciones oficiales contemplan alrededor de 176 mil casillas para 2027, frente a poco más de 170 mil instaladas en 2024.

Conviene precisar el dato. La Lista Nominal no es un censo: se integra con el Padrón Electoral —ciudadanos con credencial vigente asignados a una casilla— y la cifra que circula es una estimación de trabajo. El corte definitivo se aprueba en las semanas previas a la jornada de junio de 2027 y hasta entonces lo mueven la credencialización, las altas por mayoría de edad y las bajas por fallecimiento.

Un padrón que crece más rápido que la logística

El aumento no se traduce solo en más casillas. Cada una tiene un tope legal de electores y se ubica en una sección que se subdivide cuando se rebasa, de modo que las casi seis mil casillas adicionales respecto de 2024 son un indicador de esfuerzo, no una respuesta automática. Cada una exige ciudadanos sorteados, notificados y capacitados: un universo que se cuenta por cientos de miles de personas y que es el eslabón más frágil del operativo. De ahí el llamado de Montaño a quienes sean seleccionados.

La lectura política

La advertencia cumple una función en el calendario. Llega justo cuando se discute el paquete económico —la Ley de Ingresos tiene plazo constitucional el 20 de octubre y el Presupuesto de Egresos el 15 de noviembre— y el INE no fija su propio presupuesto: lo aprueba la Cámara de Diputados, el mismo órgano cuya composición se decidirá en las urnas de 2027. No hace falta suponer mala fe para ver el incentivo: quienes votan el gasto del árbitro serán evaluados por él.

Para el INE, dimensionar el reto en público opera como blindaje anticipado. Si los recursos llegan recortados, el costo de explicar casillas faltantes o mesas incompletas queda repartido; el propio consejero reconoció que el organismo deberá organizar los comicios con el monto que finalmente le sea autorizado. Para los partidos, la logística es un arma de doble filo: una jornada ordenada legitima el resultado, mientras una falla operativa abre la puerta a impugnaciones y a un conflicto postelectoral largo.

Conviene calibrar el alcance. La intervención de Montaño es mensaje institucional, no posicionamiento de un aspirante: no hay aquí candidatura formal, aspiración ni precandidatura de facto. El consejero habla como integrante del órgano que organiza y su llamado a la ciudadanía se lee en esa clave. Confundir el aviso operativo con cálculo electoral sería un exceso; si hay cálculo, es presupuestal.

Qué sigue

El primer punto de verificación es el dinero: el 20 de octubre vence el plazo de la Ley de Ingresos y el 15 de noviembre el del Presupuesto de Egresos. Después vienen las decisiones del Consejo General —calendarización, credencialización, lineamientos para las mesas directivas—, el sorteo y la capacitación de funcionarios en los primeros meses de 2027 y el corte de la Lista Nominal definitiva antes de la jornada. Hoy no puede anticiparse si la capacidad alcanzará: faltan el desglose territorial del padrón y los montos solicitado y aprobado.