1,291 cargos en juego: PRI pide a Edomex mesa de seguridad electoral

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México impulsa un exhorto al gobierno estatal para instalar, “a la brevedad”, una Mesa Estatal de Seguridad para el Proceso Electoral 2026-2027. La petición llega con el proceso ya en marcha —inició el pasado 14 de septiembre— y con mil 291 cargos en disputa en los 125 municipios: diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

El exhorto no obliga al Ejecutivo ni crea institución alguna, pero ordena una agenda. La propuesta pide que la mesa se integre con las secretarías General de Gobierno y de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), representantes de los partidos políticos, autoridades federales de seguridad y procuración de justicia y, cuando corresponda, autoridades municipales. Añade tres productos: actualizar el Mapa Estatal de Riesgos para la Seguridad Electoral antes de que arranquen formalmente las etapas sustantivas, crear mecanismos de alerta temprana y respuesta inmediata ante amenazas y agresiones, y establecer un Protocolo Estatal de Prevención y Atención de la Violencia Política. También prevé reuniones periódicas e informes públicos sobre la evolución de los riesgos.

El argumento priista es de calendario: no hace falta esperar a las etapas sustantivas para coordinar a las autoridades. El planteamiento supone, en los hechos, que sin un empujón político esa coordinación llega tarde, cuando la contienda ya está en curso.

Lo que queda abierto

La propuesta detalla participantes y rutinas, pero la información disponible no precisa quién coordinaría la mesa ni en qué plazo debería quedar instalada. Tampoco incluye un diagnóstico con cifras de agresiones o incidentes, ni indica si el exhorto ya fue presentado como punto de acuerdo, si lo aprobó el Pleno o si otras bancadas lo respaldan. Sin la respuesta del gobierno estatal y del grupo mayoritario, la presión del movimiento no puede medirse.

La lectura política

Un exhorto es un instrumento sin fuerza vinculante, y su rendimiento político no depende de que la mesa llegue a existir. Si el gobierno la instala, el PRI gana un foro donde sus representantes se sientan con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, y gana una obligación de informes públicos sobre riesgos: datos que hoy no controla. Si el gobierno dilata o diluye la propuesta, gana el argumento inverso, el de un estado que no quiso garantizar condiciones de competencia. Los dos desenlaces dejan algo utilizable, y eso explica el momento: el proceso acaba de arrancar y las etapas sustantivas todavía no empiezan.

El costo político recae en el gobierno estatal. La seguridad es su flanco más expuesto y la mesa lo obliga a pronunciarse antes de que exista una crisis que lo fuerce. El diseño reparte cargas: convoca a autoridades federales —las de mayor capacidad operativa— y a los municipios “cuando corresponda”, lo que reconoce, sin decirlo, que la primera respuesta ante una agresión suele ser la policía municipal. El IEEM aparece entre los que más ganan: sus decisiones logísticas, como la ubicación de casillas o el acompañamiento a candidaturas, se vuelven más defendibles cuando existe un espacio documentado de coordinación.

Para el PRI, que gobernó el estado casi un siglo hasta 2023 y hoy es oposición, el exhorto también funciona como posicionamiento temático rumbo a 2027: lo coloca como la fuerza que puso el asunto en la mesa, activo útil si vuelve a discutirse una alianza opositora en el Estado de México.

Conviene separar figuras. Aquí no hay candidatura, aspiración ni precandidatura de facto: el exhorto no postula a nadie. Lo que hay es una operación de agenda legislativa con costo institucional para el gobierno y rédito de visibilidad para quien la firma. La evidencia disponible tampoco permite afirmar que responda a un diagnóstico propio sobre violencia política en el estado: eso solo se sabrá si la propuesta se acompaña de datos.

Qué sigue

- El trámite: si el exhorto se presenta como punto de acuerdo, si pasa por la Junta de Coordinación Política y si el Pleno lo aprueba, lo modifica o lo archiva, y con qué votos. - La respuesta del gobierno estatal: instalación, calendario o argumentos técnicos para esperar. - El calendario del IEEM: la fecha de inicio de las etapas sustantivas es el parámetro con el que se medirá el “a la brevedad”. - El Mapa Estatal de Riesgos: si se publica una actualización y con qué desagregación municipal. - Los respaldos: si otras bancadas se suman y si la mesa llega a sesionar y a informar en público.