26 colectivos de buscadoras rechazan curules y uso político de su dolor

Veintiséis colectivos de familias buscadoras hicieron público el 18 de septiembre un pronunciamiento para marcar un límite: su dolor no es insumo de campaña. El texto va dirigido a las familias que buscan a personas desaparecidas, a las personas servidoras públicas y a la sociedad en general, y aterriza en un momento preciso: el proceso electoral inició el 10 de septiembre y las fiestas patrias concentraron actos públicos donde, según las firmantes, su causa ya fue utilizada.

El pronunciamiento no se queda en el reclamo general. Las organizaciones señalan que identificaron acciones que evidencian el uso de su dolor durante el proceso electoral y en el marco de las fiestas patrias, y traducen esas iniciativas como un intento de cooptación y manipulación de familiares que, en su mayoría, se acercan de buena fe a pedir apoyo para sus casos. El dato más concreto del texto: partidos políticos pequeños o de nuevo registro estarían ofreciendo curules plurinominales a familiares víctimas indirectas de personas desaparecidas. Las firmantes describen esas ofertas como el intento de usarlas como punta de lanza en guerras políticas que no son suyas, y sostienen que su legitimidad se sostiene en la búsqueda, no en el cargo.

Firman 26 organizaciones de distintas entidades federativas —entre ellas Luz y Memoria Veracruz, Eslabones Nuevo León, Horizonte en Búsqueda SLP, Brújula de Esperanza en Sonora, Justicia y Memoria Michoacán y Colectivo Tetelcingo—, lo que da al texto un peso distinto al de un deslinde individual. No es un colectivo quejándose: es un bloque de firmas que fija una raya antes de que los partidos empiecen a mover sus listas.

Un deslinde que también es advertencia

El pronunciamiento incluye un segundo mensaje, dirigido hacia dentro y hacia fuera: "Nuestro dolor nunca justifica que violentemos a otras personas". Las organizaciones se deslindan de cualquier forma de violencia y sostienen que la decisión de acciones violentas de personas o grupos no las representa, ni puede generalizarse como forma de exigencia de todas las víctimas. También invocan el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como experiencia previa de una causa que terminó envuelta en la política partidista: las víctimas, escriben, ya han padecido en varias ocasiones el uso de su lucha para que intereses mezquinos crezcan sobre su esfuerzo.

Del otro lado, exigen servidoras públicas sensibles y comprometidas con la verdad, la justicia y la atención integral a víctimas, y ofrecen tratarlas con la misma consideración y respeto que les reclaman. Cierran con la consigna "¡Hasta encontrarles!".

La lectura política

En la práctica, el pronunciamiento funciona como un mecanismo de control de daños y como una cerca de legitimidad. Las familias buscadoras no son un bloque homogéneo y su interlocución con gobiernos y partidos es desigual según la entidad; al firmar 26 organizaciones, el texto construye un estándar: quien acepte una curul de un partido pequeño queda fuera del marco que esas firmas reconocen como representativo. Eso encarece —no elimina— la cooptación.

Ahí está el incentivo del otro lado. Los partidos pequeños o de nuevo registro no tienen estructura territorial ni distritos competitivos; las curules plurinominales son su moneda más barata, y un familiar de una persona desaparecida aporta un capital moral que ninguna campaña puede fabricar. La oferta, además, se dirige a familiares, no a los colectivos: el colectivo no puede ser candidato, la persona sí. Esa distinción es justamente la que el pronunciamiento busca blindar.

Rumbo a 2027, la señal es doble. Para los partidos, usar el dolor como vitrina ya tiene costo público y un actor capaz de cobrarlo. Para las propias familias, el texto anticipa el riesgo previsible de cada ciclo electoral: que la causa se diluya en la disputa partidista y que la agenda de búsqueda quede subordinada al calendario de campaña. Cabe precisar el límite legal: en esta etapa no existe candidatura registrada alguna, ni precandidatura formal, ni siquiera listas en construcción; lo que el pronunciamiento combate es un posicionamiento anticipado, no un acto jurídico consumado.

Qué sigue

El pronunciamiento, tal como se divulgó, no incluye acciones legales ni un llamado formal a la autoridad electoral, y no nombra a los partidos ni a las personas a quienes se habría ofrecido una curul. Tampoco precisa si las curules mencionadas son federales o locales, ni si alguien ya aceptó. Ese vacío es, por ahora, el principal límite para medir su efecto: sin casos documentados, opera como un deslinde moral de alto valor simbólico pero sin consecuencias jurídicas.

Lo verificable en las próximas semanas es si alguna de las 26 organizaciones hace público un caso específico con nombre y partido, si las fuerzas señaladas responden y si la exigencia se traduce en planteamientos ante las autoridades electorales cuando el calendario avance hacia precampañas y registro de candidaturas. La fecha del 10 de septiembre quedará como el punto de partida: cualquier oferta posterior será, para estas firmas, reincidencia.