26 colectivos denuncian curules a familiares de desaparecidos y marcan raya a partidos

Al menos 26 colectivos de familiares de personas desaparecidas difundieron un comunicado conjunto para rechazar el uso político de su causa en el proceso electoral que arrancó el 10 de septiembre, y denunciaron algo más concreto: que partidos "chicos" o de nueva creación están ofreciendo curules plurinominales a familiares de víctimas para usarlos como "punta de lanza" en sus disputas. No es un desahogo. Es una advertencia temprana, a 20 meses de la jornada federal del 6 de junio de 2027, sobre una operación que ya estaría en marcha antes de que exista una sola candidatura registrada.

El texto afirma que figuras públicas han intentado capitalizar su dolor "mediante menciones públicas y acciones institucionales", y sostiene que las víctimas ya han padecido que "intereses mezquinos crezcan sobre nuestro esfuerzo". Frente a ello, la frase que ordena el pronunciamiento es dura: "Rechazamos con profunda indignación el uso político que personas y grupos pretenden hacer de nuestra lucha".

Hay una razón de diseño institucional detrás de la oferta que denuncian. Por la vía plurinominal un partido coloca legisladores sin disputar un distrito: la lista se define en la cúpula, el costo político de incluir un nombre es bajo y el capital simbólico que se apropia puede ser alto. En un calendario donde las campañas federales arrancan en abril y dos partidos de creación reciente —Somos y Construyendo Sociedades de Paz— se juegan su registro nacional, un rostro con legitimidad moral es un activo codiciado. El comunicado no identifica a los partidos. La coincidencia explica el incentivo, pero no acredita responsabilidad: sin nombres ni documentos, la acusación se queda en el terreno de la denuncia pública.

Los señalamientos no distinguen siglas

El pronunciamiento también apunta a gobiernos en funciones. Menciona a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, y al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, por lanzar "vivas" a las madres buscadoras durante las fiestas patrias. Y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, le reclama no haber ofrecido ayuda cuando trabajó en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México ni cuando fue diputada del Partido Verde, además de considerar "un intento de cooptación y manipulación" su visita al plantón instalado afuera de la Fiscalía General de la República, la convocatoria a familiares para dotarlas de instalaciones en la alcaldía y el nombramiento de una sala de cabildos como "Madres buscadoras".

Las quejas cruzan fuerzas políticas: una gubernatura del PAN, una de Morena y una alcaldía de oposición en la capital. Ese dato importa porque desactiva la lectura partidista del comunicado y, al mismo tiempo, endurece su alcance: los colectivos no están diciendo que un bando capitaliza su causa, sino que la capitalización es una práctica transversal. En el mismo documento se deslindaron de cualquier expresión de violencia durante sus movilizaciones.

La lectura política

La función práctica del comunicado es el blindaje de un activo: la credibilidad. Los colectivos viven de su capacidad de interlocución con autoridades de cualquier signo y de su presencia en territorio; si una parte de ellos aparece como marca electoral, el conjunto pierde la posición que le permite ser interlocutor y no pieza. De ahí que 26 organizaciones firmen juntas: un frente común vale más que 26 desmentidos por separado, y el deslinde de violencia opera como control de riesgo, para que nadie pueda atarlos a una escalada.

El incentivo del otro lado es igual de claro. Para un partido pequeño, ceder un lugar en una lista plurinominal cuesta poco y rinde un rostro con arrastre moral y redes locales. Para un partido nuevo que necesita votos para conservar el registro, ese rostro vale todavía más. La "punta de lanza" que describen los colectivos es, en términos políticos, una transferencia de legitimidad: alguien con autoridad moral presta su nombre a una estructura que aún no la tiene.

El límite hay que decirlo con precisión. Hoy no hay candidaturas registradas, ni precandidaturas en sentido legal, ni campañas en curso: el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ocurre antes del arranque de campañas y ese momento no ha llegado. Lo que existe, si el comunicado se sostiene, son ofrecimientos: posicionamiento y aspirantazgo, no una figura jurídica. Solo si mediara entrega de recursos, promesas de empleo público o contraprestación verificable el asunto cruzaría a un terreno sancionable; la evidencia disponible no lo acredita, y el comunicado tampoco lo afirma.

Qué sigue

El primer punto de verificación es si el pronunciamiento escala. Un comunicado con 26 firmas y sin nombres de partidos tiene fuerza moral y techo informativo: la siguiente prueba es si algún colectivo documenta la oferta, la fecha y al emisor.

El segundo es el calendario. Las definiciones de listas plurinominales y el registro de candidaturas, antes de abril, son la ventana donde cualquier ofrecimiento se concreta o se desvanece. Hasta ahora no hay respuesta pública de los partidos aludidos ni de los funcionarios señalados.

El tercero es territorial y escalonado. Los procesos locales arrancan en fechas distintas —la Ciudad de México desde el 1 de septiembre, Quintana Roo hasta la primera semana de 2027—, con 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales y mil 802 presidencias municipales en juego. Los colectivos tienen presencia en varias de esas entidades, así que el mismo pronunciamiento puede repetirse en cada arranque. Falta ver si el INE o los organismos locales fijan algún criterio sobre el uso de causas de víctimas en campaña, y si los colectivos responden a nuevas visitas o convocatorias con deslindes públicos o con silencio.