50+1 Sinaloa propone proteger a mujeres políticas desde las internas partidistas

La colectiva 50+1 Sinaloa llevó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) una propuesta de diez compromisos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres que participen en el proceso electoral local 2026-2027. El catálogo importa menos que el lugar donde pretende colocar la protección: desde los procesos internos de selección de candidaturas, y no a partir del registro formal. Ese desplazamiento —de la boleta a la interna— es lo que puede convertir una demanda de agenda en obligación verificable para partidos y autoridad electoral.

En la reunión con el Consejo General, encabezado por el consejero presidente Arturo Fajardo Mejía, la presidenta de 50+1 Sinaloa, Erika Sánchez Martínez, sostuvo que la participación de las mujeres es necesaria para fortalecer la democracia y advirtió sobre las condiciones de inseguridad en las que se desarrollará la contienda. La acompañaron mujeres de varios partidos: las diputadas Irma Morena Ovalles, presidenta del ONMPRI Sinaloa, y Paola Gárate Valenzuela; Leslie Báez, dirigente estatal de Mujeres en Movimiento de Movimiento Ciudadano; Blanca Borbolla, presidenta estatal de Promoción Política de la Mujer del PAN; Jesús Antonia Zuzuki, dirigente de las Mujeres del Partido Sinaloense; representantes del PT y secretarias generales del PRI y el PAN en Culiacán.

Las participantes describieron agresiones que, dijeron, pueden ocurrir dentro de los propios partidos, en precampañas y campañas, además de hostigamiento digital y obstáculos para ejercer cargos. De ahí salen los diez puntos: protocolo estatal de protección inmediata con evaluación de riesgos, atención jurídica, psicológica y de seguridad; unidad de atención 24/7; mapa estatal que ubique municipios, distritos y tipos de violencia; medidas contra amenazas en redes, cuentas falsas, difusión de información privada y contenido falso generado con inteligencia artificial; monitoreo de medios y redes con perspectiva de género; una Red Estatal de Mujeres Seguras en Política; capacitación obligatoria para dirigencias, equipos de campaña y órganos partidistas; informe semanal de casos sin exponer datos personales, y etiquetado de recursos en el anteproyecto presupuestal 2027 del IEES.

Lo que la propuesta mueve de lugar

En el marco de la reforma de 2020 que tipificó la violencia política contra las mujeres en razón de género, el punto ciego ha estado en las internas. Ahí no hay casilla que impugnar ni registro que exhiba un desequilibrio: las decisiones se toman en comités, encuestas, mesas y negociaciones donde la violencia puede ser invisible y, sobre todo, difícil de acreditar. Pedir que la protección empiece en la selección de candidaturas equivale a pedir que el IEES escriba reglas donde su jurisdicción es más delgada: el instituto puede fijar lineamientos, vigilar paridad y exigir capacitación, pero la sanción de conductas cometidas dentro de un partido suele pasar por los propios órganos partidistas, por el Tribunal Electoral y, en materia penal, por fiscalías.

El otro punto duro es el dinero. El etiquetado en el anteproyecto 2027 es el compromiso más verificable de los diez: o aparece la partida o no aparece. Y un informe semanal con número de casos, tipo de violencia, municipio, autoridad receptora y medidas otorgadas construye un registro público antes de que existan candidaturas, es decir, un parámetro contra el cual medir promesas.

La lectura política

La escena tiene una función práctica: dirigentes de PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Sinaloense y PT sentadas en la misma mesa, frente al árbitro electoral, fijando un estándar común. Cada una gana un instrumento para presionar hacia dentro de su propio partido y un punto de referencia público para la negociación de listas, que en un proceso donde se reparte paridad es un juego de suma cero: importa el número de espacios, pero sobre todo la calidad de los mismos. La iniciativa no constituye una candidatura ni una precandidatura de nadie; funciona, hasta ahora, como construcción de agenda y de red entre mujeres que competirán entre sí por posiciones distintas.

Para el IEES, respaldar el paquete tiene costo político bajo y rédito de legitimidad alto; la factura llega en el presupuesto y en la redacción de reglas que luego deberá hacer cumplir. La señal a los partidos es doble: la agenda de género ya no se negocia solo en el último tramo del registro, y habrá un registro público de lo que ocurra antes.

Falta un elemento para sostener una lectura más fuerte: la evidencia disponible no registra una respuesta formal del Consejo General, ni plazos acordados, ni compromisos firmados por los partidos. Sin ese paso, los diez puntos siguen siendo propuesta.

Qué sigue

El primer indicador será si el IEES los traduce en lineamientos, acuerdo del Consejo General o convocatoria a mesas técnicas, y con qué calendario. El segundo es presupuestal: qué ocurre con el anteproyecto 2027 del instituto y si la partida para protección de mujeres sobrevive a la discusión y aprobación en el Congreso del Estado. El tercero es operativo: protocolo, unidad 24/7, mapa de riesgos y red estatal no existen todavía y su instalación depende de recursos y de convenios con instancias de seguridad y atención a víctimas. El cuarto es partidista y el más revelador: los calendarios de selección interna serán la primera prueba real, y ahí se verá si el bloque transversal que acudió al IEES se mantiene cuando empiecen a repartirse las candidaturas.