Abogado de Jáuregui acusa a Maru Campos de intervenir en la interna del PAN

El abogado Luis Villegas Montes cuestionó este viernes la intervención de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en la contienda interna del PAN y sostuvo que su cliente, César Jáuregui, fue presionado para retirarse de la competencia. En entrevista radiofónica, Villegas Montes preguntó: «¿Qué demonios tiene que estar haciendo la gobernadora en la contienda interna del PAN? La gobernadora no tendría que ser interlocutora». El señalamiento no es un dato menor: coloca en el mismo plano el proceso penal que mantiene a Jáuregui en prisión y la disputa por el control de las candidaturas panistas en el estado.

El abogado afirmó que la presión sobre Jáuregui comenzó antes de su detención, con despidos de personal del gobierno estatal que apoyaba al aspirante. Mencionó los casos de Juan Blanco, Diana García y las hermanas del regidor Félix como ejemplos de una depuración que, a su juicio, no tiene justificación administrativa. «No existe ninguna regularidad de que en el gobierno de Chihuahua se determine quién contiende o quién no», dijo. La acusación no ha sido respondida públicamente por la gobernadora ni por el gobierno estatal en la evidencia disponible.

Villegas Montes también criticó la entrevista que Campos concedió a un medio nacional, donde, según el abogado, la gobernadora reconoció haber presionado a Jáuregui para que se bajara de la contienda. «En una anomalía confesión de partes, relevo de pruebas», sostuvo. Hasta ahora no existe una resolución electoral o judicial que acredite esa presión como ilícito; lo que hay es la declaración de un defensor en un caso penal en curso.

El contexto importa para calibrar el alcance del señalamiento. Jáuregui fue detenido el 18 de octubre y enfrenta un proceso por presunto ejercicio ilegal del servicio público y traición a la patria; se le dictó medida cautelar de prisión preventiva y el siguiente paso es la vinculación a proceso. Su defensa ha sostenido, desde antes de la detención, que el operativo tiene un carácter político-electoral para despejar el camino a Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno, rumbo a la candidatura a la presidencia municipal de Chihuahua. Esa hipótesis es de la defensa, no una conclusión de autoridad.

La lectura política

El movimiento que describe Villegas Montes no es una candidatura formal ni una precandidatura registrada: es la disputa por el control del proceso interno panista en Chihuahua. En la práctica, la gobernadora funciona como interlocutora de una contienda que formalmente no le corresponde, y el abogado la señala por eso. La diferencia entre el nombre formal de las cosas y su función política es aquí el centro del asunto: un gobierno estatal puede tener atribuciones administrativas sobre su personal, pero usarlas para despejar el terreno a un aspirante y retirar a otro es una operación de ordenamiento de la sucesión, no de gestión pública.

El incentivo es claro para quien observa desde fuera: Chihuahua es una plaza estratégica para 2027, con la alcaldía de la capital y la gubernatura en el horizonte. Quien controla la candidatura municipal controla una estructura territorial y un trampolín. La detención de Jáuregui y la presión para que se retire, si se confirman, cumplirían la misma función: reducir la competencia interna y colocar a un perfil alineado en posición de salida. Lo que gana la gobernadora es margen de maniobra sobre la sucesión; lo que pierde es la apariencia de neutralidad en un proceso que su partido debería administrar con reglas propias.

La señal para aliados y adversarios es doble. Hacia dentro del PAN, advierte que el Ejecutivo estatal tiene capacidad de vetar aspiraciones y que la lealtad se mide en la disposición a bajarse. Hacia fuera, expone un riesgo que trasciende Chihuahua: si un gobierno estatal puede influir en quién contiende y quién no, la equidad de la contienda de 2027 queda comprometida antes de que empiece. El propio abogado lo formuló como advertencia: «no se puede normalizar el discurso de que un Ejecutivo te pueda a ti intentar obligar para que hagas o dejes de hacer algo en materia electoral».

Falta un elemento para sostener una lectura más fuerte: no hay aún resolución del órgano electoral local ni del Tribunal Estatal Electoral que determine si hubo intervención indebida. Sin ese pronunciamiento, lo que existe es una acusación de parte en un caso penal, no un hecho acreditado.

Qué sigue

La vinculación a proceso de Jáuregui es el próximo paso formal: el juez determinará si existen elementos para sostener la imputación. En paralelo, la defensa mantiene impugnada la medida cautelar y busca que un juez federal la revoque. En el terreno partidista, el PAN estatal no ha fijado públicamente un calendario para resolver su proceso interno, y la gobernadora no ha respondido a los señalamientos. La pregunta verificable en las próximas semanas es si el órgano electoral de Chihuahua abre una investigación sobre la presunta presión o si el asunto queda confinado al expediente penal.