Abogado de Jáuregui alega operativo electoral para sacarlo de la alcaldía de Chihuahua

La detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui respondió, según su defensa, a un operativo político-electoral cuyo "objetivo primordial" era retirarlo de la contienda por la alcaldía de Chihuahua y despejar el camino a Santiago de la Peña Grajeda. La acusación la formuló el abogado Luis Villegas Montes en entrevista con Pascal Beltrán del Río y coloca el caso donde más daño puede hacer: en la sospecha de que una detención penal opere como filtro de candidaturas.

No es una afirmación menor ni está acreditada. Villegas habla como defensor del detenido; ninguna autoridad estatal o federal ha reconocido coordinación alguna, y no hay resolución pública que sostenga o desmienta esa lectura. El señalamiento se apoya, por ahora, en la secuencia de los hechos y no en documentos.

De la liberación local a la acusación federal

Villegas puso el acento en la coreografía. Jáuregui fue detenido por autoridades estatales y liberado por la autoridad local cerca de la medianoche; en ese momento se ejecutó una orden federal que derivó en su traslado al penal del Altiplano, por una acusación de traición a la patria. Para el abogado, el horario no fue casual: dificultaba que la defensa promoviera recursos para impedir o retrasar el traslado. De ahí su conclusión de que hubo "una acción coordinada y ejecutada a la perfección por ambos órdenes de autoridad", lo que a su juicio implica "connivencia".

El defensor calificó de "muy endebles" las imputaciones —incluida la de traición a la patria— y negó que exista medio de prueba que acredite que Jáuregui giró instrucciones para la participación de agentes estadounidenses de la CIA en un operativo en Chihuahua. También cuestionó que la presidenta Claudia Sheinbaum diera por hecho el involucramiento del exfiscal antes de desahogar pruebas: "Con eso le damos en la torre al principio de la presunción de inocencia", dijo. En el terreno electoral sostuvo que De la Peña Grajeda no ha logrado repuntar en las encuestas pese a la preferencia que, según él, manifestó la gobernadora del estado.

La lectura política

Si el relato de la defensa se sostiene, el movimiento no se juega en el registro de candidaturas sino antes: en la etapa de aspirantes y posicionamiento, donde un competidor puede ser neutralizado sin que ningún árbitro electoral intervenga. Ese es el punto políticamente relevante. En la evidencia disponible Jáuregui no aparece como candidato registrado, sino como un aspirante en contienda que, de permanecer detenido, pierde agenda, territorio y capacidad de negociación. La detención funcionaría, en la práctica, como un mecanismo de selección por vía penal, no como una candidatura cancelada por resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) ni del organismo electoral local.

Los incentivos son reconocibles. Un gobierno estatal que, según el abogado, ya expresó preferencia por un aspirante que no crece en encuestas enfrenta un problema de coordinación interna que las encuestas no resuelven. Pero conviene marcar el límite: la preferencia es un dicho de la defensa y la inferencia sobre la intención de la mandataria no es confesión ni documento. Tampoco hay evidencia de que la acusación federal haya sido fabricada.

Lo que sí altera el cálculo es la escala. Una imputación de traición a la patria, con la hipótesis de agentes extranjeros, encarece despachar el asunto como pleito local: obliga a la Federación a sostener el expediente y a la defensa a litigarlo en ese terreno. Y envía una señal a cualquier otro aspirante del estado: competir puede costar la libertad. Esa señal, más que el caso individual, es lo que se recordará rumbo a 2027.

Qué sigue

La defensa anticipó que impugnará las imputaciones y confía en que no prosperen; no hay en la evidencia fecha pública de audiencia ni plazo definido. Quedan pendientes tres respuestas verificables: la del gobierno de Chihuahua sobre la acusación de coordinación, la de la Federación sobre el uso del cargo de traición a la patria y la de los propios contendientes por la alcaldía. Mientras el expediente federal siga abierto, la pregunta electoral seguirá sin árbitro: no la resolverá una sentencia rápida, sino el calendario.