Alianza Democrática vigilará 2027 y exhibe campañas anticipadas

Mauricio Merino Huerta y un grupo de académicos, periodistas y exconsejeros electorales anunciaron la creación de Alianza Democrática, una iniciativa de observación electoral que vigilará el proceso de 2027 y documentará las faltas que se cometan antes, durante y después de la jornada. El anuncio llega en un punto incómodo para el sistema: el árbitro electoral arriba a la contienda con la confianza ciudadana deteriorada, mientras las principales fuerzas políticas ya calientan el terreno con eufemismos que la ley electoral prohíbe.

De Alianza Cívica al registro de 73 mil secciones

La convocatoria se lanzó el 10 de septiembre, el mismo día del arranque formal del proceso electoral, y suma en principio el respaldo de 450 ciudadanos. Entre ellos figuran el primer presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, y el propio Merino, integrante del Consejo General de 1996 a 2003. También participa el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), fundado en 1989.

El diagnóstico de los promotores es explícito: en la convocatoria advierten que "México está perdiendo su democracia" y enumeran la extinción del INAI, lo que describen como la abdicación de la CNDH, la subordinación del Poder Judicial y lo que llaman instituciones electorales "capturadas y sometidas al interés de la mayoría". En entrevista, Merino habló de "un proceso de regresión autoritaria bastante palpable" y de autoridades que "prefieren hacer alegatos jurídicos antes que hacer cumplir la ley". Son acusaciones políticas; no existe resolución judicial que las acredite.

La primera misión es acotada y medible: documentar actos anticipados de campaña. Para eso montaron un sistema para reportar promoción de candidaturas disfrazada de "procesos internos de los partidos" —el mecanismo que el oficialismo usa con los llamados "defensores de la transformación" y que la oposición replicó con sus "defensores de la patria"—. En paralelo siguen la integración de los 32 consejos locales y 300 distritales que organizarán y arbitrarán los comicios.

La segunda etapa es la más ambiciosa y la más incierta: cubrir con observadores las 73,264 secciones electorales del país. La cifra equivale a casi el triple de los 25,000 observadores que el INE acreditó en 2024. El plazo para registrarlos vence el 7 de mayo; la votación será el domingo 6 de junio de 2027. "No sabemos hasta dónde va a llegar esto", reconoció Merino.

La lectura política

Alianza Democrática no compite por votos, no postula a nadie y no es —hasta ahora— ni partido ni candidatura ni precandidatura. Su función práctica es otra: elevar el costo político de las trampas y, llegado el caso, dotar de evidencia de campo a una eventual impugnación. Eso la vuelve un actor con capacidad de afectar la legitimidad de un resultado sin aparecer en la boleta.

Los incentivos que la hicieron nacer son simétricos. El oficialismo y la oposición optaron por adelantar campañas mediante eufemismos porque el costo de hacerlo ha sido bajo y la ganancia de posicionamiento, alta. Documentar esos actos busca cambiar el cálculo: convertir la promoción encubierta en expediente denunciable ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aquí conviene ser preciso con el vocabulario: sobre las figuras de ambos bloques puede hablarse de precandidaturas de facto; sobre Merino y los suyos, solo de un regreso al activismo.

El movimiento contiene una tensión que definirá su utilidad. Sus promotores desconfían del árbitro y, al mismo tiempo, le pedirán acreditación para sus observadores. Esa dualidad es su prueba de fuerza: si la plataforma es percibida como alineada con un bloque, pierde la autoridad que la hace valiosa; si sostiene el registro ante la autoridad que cuestiona, gana terreno frente a quien la acuse de partidista. Hay además una diferencia de época que no conviene borrar: la Alianza Cívica de 1994 operó antes de la reforma de 1996, con un IFE de cuatro años y fraudes cometidos desde el Estado. Hoy el marco institucional es otro, y la observación no sustituye reformas ni resuelve por sí sola una captura de instituciones, si es que ocurre.

Qué sigue

El primer plazo verificable es el 7 de mayo de 2027, cuando vence el registro de observadores ante el INE. Antes de esa fecha, la Alianza deberá mostrar si logró acompañar la instalación de los 32 consejos locales y 300 distritales, y si su sistema de reporte produce denuncias formales. La jornada electoral del 6 de junio de 2027 será el examen final. Queda por verse el financiamiento, la estructura territorial y la cifra real de observadores acreditados: el propio promotor admite que el alcance del proyecto todavía no está definido.