Ambriz deja el TECDMX con cifras propias y el proceso 2027 en puerta

El magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Armando Ambriz Hernández, presentó su Informe de Labores 2025-2026 y afirmó que deja "un tribunal íntegro", listo para atender los recursos del proceso electoral 2026-2027. Su gestión concluye el 25 de octubre. El anuncio funciona menos como balance administrativo que como traspaso: quien presida el tribunal en la etapa más litigiosa del ciclo recibirá una institución que su antecesor describe como ordenada.

El acto se celebró en el Museo de la Ciudad de México, con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entre los asistentes. Ambriz recordó que el 29 de enero de 1999 se instaló el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal y enumeró los frentes de su gestión: la primera elección de personas juzgadoras del Poder Judicial local —220 asuntos resueltos—, la consulta de Presupuesto Participativo y la preparación del proceso del próximo año.

Reportó 98.53% de efectividad en las sentencias de 2025 y 98.31% en lo que va de 2026. En el balance difundido antes, el tribunal contabilizó mil 445 asuntos resueltos y 98% de efectividad jurídica, medida por resoluciones ratificadas en revisión por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También destacó a la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos: mil 220 personas atendidas y pláticas sobre derechos políticos a más de cuatro mil 227 personas en prisión preventiva.

Lo que miden las cifras

Las dos métricas no son equivalentes. La efectividad de sentencias la calcula el propio tribunal; el porcentaje de resoluciones confirmadas por el TEPJF es el único que lo mide con un árbitro externo. Para 2027 la lectura es la misma en ambos casos: la Ciudad de México concentrará expedientes de alta visibilidad y el tribunal local será la primera puerta que los actores deberán cruzar antes de llegar a la Sala Regional.

La lectura política

El informe tuvo auditorio doble. Hacia dentro, busca blindar la legitimidad del tribunal antes de la cascada de impugnaciones de 2027: candidaturas, coaliciones, encuestas, fiscalización y resultados. Hacia afuera, la presencia de la jefa de Gobierno —que en otro momento respaldó públicamente la imparcialidad del organismo— envía una señal poco usual en un acto jurisdiccional: el gobierno de la ciudad se muestra cerca del árbitro que deberá resolver los comicios que definirán el mapa de poder local. El gesto tiene costo y beneficio: para el TECDMX, el acompañamiento gubernamental obliga a extremar señales de autonomía; para el gobierno, asistir es asociarse a un discurso de normalidad institucional en vísperas de la elección.

Para Ambriz, el informe es su último acto público en el cargo, y cerrar con cifras y respaldo gubernamental se convierte en capital institucional cotizable para otros encargos jurisdiccionales o académicos. La evidencia no permite sostener que exista un proyecto electoral en su caso, y tampoco tendría cabida legal: los magistrados electorales no compiten por cargos de elección popular mientras ejercen. Lo que queda abierto es el relevo: el material no precisa si concluye solo la presidencia del tribunal o también su encargo como magistrado, ni quién asume.

En 2027 coinciden la elección federal intermedia, los comicios locales y el tramo escalonado de la elección de personas juzgadoras. Es el mismo tipo de asunto que ya le significó 220 resoluciones al tribunal, pero multiplicado y con la competencia partidista encima. La "preparación" que invoca Ambriz no es un trámite: es la diferencia entre administrar el conflicto y ser desbordado por él.

Qué sigue

- 25 de octubre: concluye su gestión. El material no precisa si deja solo la presidencia o también la magistratura, ni quién asume. - El proceso electoral local 2026-2027 ya está en etapa de preparación: los recursos sobre candidaturas, coaliciones y fiscalización se resolverán con la nueva presidencia. - Las resoluciones del TECDMX son revisables por la Sala Regional del TEPJF; la métrica a vigilar no es la efectividad reportada, sino cuántas se confirman. - Falta verificar si la nueva titularidad conserva la Defensoría Pública y el programa en centros de reclusión.