Amenazas a Frida Gómez tensan la definición de reglas electorales 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) escuchó el jueves 8 de octubre algo que ninguna sesión de ese tipo debería albergar: la consejera Frida Gómez reveló que ha recibido amenazas graves contra su integridad física, extendidas a integrantes de su familia, por su propuesta para modificar el procedimiento de las llamadas "boletas planchadas". La revelación traslada al terreno de la seguridad personal un conflicto que hasta ahora se libraba en el terreno técnico: cómo se cuentan los votos rumbo a 2027.

"Pensar distinto nunca debe convertirse en un riesgo, debe seguir siendo una expresión legítima de la democracia", sostuvo ante el pleno. Y fijó posición: "Ninguna amenaza contra mí, ni contra mi familia determinará el sentido de mi voto". Según su intervención, las amenazas vinculadas con decisiones electorales buscan vulnerar la independencia de quienes integran el Consejo General.

El respaldo llegó de inmediato, aunque con matices. El consejero Arturo Chávez expresó su solidaridad con Gómez y rechazó que se pretenda intimidar a integrantes del Instituto. En la misma intervención defendió la actuación de las actuales consejerías frente a las críticas por resoluciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado: "Este INE no pretende convertirse en un partido político, opuesto al gobierno, como lo hizo un sector del otro INE". Añadió que "quien crea que la ley es la ley tiene un pensamiento autoritario".

La sesión no giró solo en torno al señalamiento. Emilio Álvarez, representante de Somos México, cuestionó decisiones del Consejo que terminaron revisadas por los magistrados: "Creemos que la colegialidad está dinamitada. No solo con los partidos políticos, sino entre integrantes de la mesa". Dijo observar "un proceso de colonización por parte del régimen". La consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó que las resoluciones jurisdiccionales se presenten como descalificación general del Instituto y recordó que las decisiones administrativas están sujetas a revisión judicial.

De fondo está un diferendo ya resuelto por la vía jurisdiccional: el TEPJF invalidó las "boletas planchadas" —no podrán contarse como votos válidos— y ordenó incluir a los partidos en la comisión de verificación de integridad de candidaturas. Gómez ha sostenido que su propuesta "se ha distorsionado completamente" y que el INE no aprobó que las boletas sin doblez fueran válidas. Dos semanas antes, en entrevista, ya describía el ambiente que percibía: "Los actores políticos pretenden subirnos al ring".

La lectura política

El señalamiento tiene dos efectos verificables. El primero es de protección: convierte una presión privada en un hecho público y obliga a la institución a pronunciarse, lo que estrecha el margen para que la intimidación opere en silencio. El segundo es de encuadre: instala la idea de que quien define reglas electorales puede pagar costos personales, un mensaje que pesa sobre cualquier consejería que dude en votar contra la mayoría.

La sesión también retrata el equilibrio interno. Chávez dio solidaridad y, en el mismo aliento, defendió al INE de sus críticos: una mesa que protege a sus integrantes de la amenaza externa y que, a la vez, está dividida en la lectura de su propio pasado. La acusación de "colonización" y la respuesta de Taddei son la versión pública de una disputa que ya no se procesa en acuerdos: se traslada al TEPJF, convertido en la instancia donde se resuelve lo que la mesa no logra acordar. Para 2027 eso importa: cada resolución revocada desgasta el capital de imparcialidad del árbitro, y cada amenaza erosiona algo más difícil de reponer, la disposición de sus integrantes a decidir sin calcular riesgo personal.

Conviene precisar los límites de lo que se sabe: en lo público no hay información sobre el origen de las amenazas ni elementos para atribuirlas a un actor determinado; tampoco consta que se haya presentado una denuncia penal. Y una distinción necesaria: esto no es una candidatura ni un posicionamiento partidista; es una consejera electoral que coloca su seguridad como condición de su voto.

Qué sigue

Gómez anunció que atenderá el asunto por vías institucionales y legales. Queda por verse si presenta denuncia formal, ante qué autoridad y si el INE activa protocolos de protección para consejerías y personal. En paralelo, el Consejo General tiene pendiente definir en noviembre las reglas de las plurinominales y cumplir lo ordenado por el TEPJF sobre la inclusión de los partidos en la comisión de verificación de integridad de candidaturas. Cada una de esas votaciones medirá si la amenaza cambió algo dentro de la mesa.