RUTA 27 · MEDIUM
AmSoc pide al Senado frenar la reforma que excluye a la doble nacionalidad
La organización advierte que el dictamen avalado en Diputados afectaría a más de 55 millones de personas dentro y fuera del país. El Senado vota sin parlamento abierto, reclama.

La American Society of Mexico (AmSoc) pidió al Senado de la República frenar la reforma constitucional que exigiría nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La organización calcula que afectaría a más de 15 millones de personas con doble nacionalidad en México y más de 40 millones en Estados Unidos. El Senado aún
El Senado de la República se convirtió en la última trinchera de una discusión que hasta ahora se procesaba en el terreno de los símbolos: quién cuenta como mexicano cuando de gobernar se trata. La American Society of Mexico (AmSoc) llamó a la Cámara Alta a frenar la reforma constitucional que exigiría la nacionalidad mexicana única —es decir, sin doble nacionalidad— para aspirar a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No se trata de un trámite más: es un filtro de elegibilidad que, en un ciclo donde los partidos ya acomodan sus cuadros rumbo a 2027, redefine de golpe el universo de quién puede ser postulado.
Un dictamen sin parlamento abierto
La iniciativa ya pasó la Cámara de Diputados, según la organización, de forma apresurada. Su presidente, Larry Rubin, lo calificó como "albazo legislativo" y reclamó que no hubo un ejercicio de Parlamento Abierto capaz de escuchar a especialistas, analistas, organizaciones y a las propias personas afectadas antes de emitir el dictamen definitivo.
AmSoc dimensiona el impacto en más de 15 millones de personas con doble nacionalidad que residen en México y más de 40 millones de connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos: más de 55 millones en total, dentro y fuera del territorio.
Rubin fue explícito sobre el fondo: "No podemos permitir que la doble nacionalidad se convierta en una presunción de doble deslealtad". Su argumento separa dos cosas que la reforma, en su lectura, mezcla: la nacionalidad como condición jurídica y la lealtad como juicio político. Recordó que quienes tienen doble nacionalidad por circunstancias de nacimiento no eligieron esa condición y que siguen siendo mexicanos, con los derechos plenos que reconoce la legislación. En un mensaje del 29 de septiembre de 2026, la organización pidió a las y los senadores colocar "el interés superior de México" por encima de líneas partidistas y anunció seguimiento puntual al proceso, tanto en comisiones como en el Pleno.
La lectura política
Lo relevante no es la queja, sino el cambio de arena. AmSoc traslada el debate del terreno de la soberanía al de los derechos políticos: si la doble nacionalidad se vuelve impedimento, el Estado no solo ajusta su definición de quién es mexicano, también administra quién puede competir. Eso es más que un requisito curricular; funciona como un instrumento de selección de élites políticas.
Los incentivos son asimétricos. Para la mayoría legislativa, respaldar una regla así tiene un beneficio concentrado y visible —una señal de dureza nacionalista— y un costo difuso, repartido entre gente sin representación efectiva en la negociación. Para los partidos, el filtro llega justo cuando construyen listas de aspirantes y precandidaturas: gana margen de maniobra quien pueda cerrar la puerta a perfiles binacionales o con residencia prolongada en el extranjero; pierde la diáspora, que aporta dinero y votos desde fuera pero no tiene asiento en la mesa donde se decide.
La evidencia disponible no permite sostener que el objetivo sea bloquear a una persona concreta. El material no identifica al autor de la iniciativa, al partido promotor ni el texto del dictamen, de modo que la pregunta sobre a quién le cierra la puerta queda abierta. Lo que sí puede leerse es un patrón conocido: en México los candados de elegibilidad suelen aprobarse con el argumento del interés nacional y terminan decidiendo quién se sienta en la mesa. Además, una reforma constitucional requiere mayoría calificada en ambas cámaras y el respaldo de la mayoría de las legislaturas locales, así que el Senado no es una estación de paso: es una votación donde el voto se cuenta y se negocia.
Qué sigue
- La discusión en comisiones del Senado y su eventual paso al Pleno, que la organización describe como inminente. - Si la Cámara Alta abre o no espacios reales de diálogo —el "parlamento abierto" que reclama AmSoc— antes de votar. - El seguimiento que la organización prometió durante todo el proceso legislativo. - En caso de aprobarse, la ronda de ratificación en los congresos locales, que es donde este tipo de reformas suele medirse. - El calendario electoral de 2027: si el filtro queda firme antes de las precampañas y registros de candidaturas, definirá quién aparece en la boleta de las gubernaturas en juego.