Anaya acusa a Morena de incumplir encuestas y tensa la coalición rumbo a 2027

El dirigente histórico del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, denunció que Morena no ha cumplido los acuerdos de la coalición para las encuestas que definirán las candidaturas a gubernaturas en 2027. El reclamo no es un trámite menor: toca el mecanismo con el que el oficialismo ordena su sucesión territorial y mide cuánto pesa cada socio en la mesa donde se reparten los estados.

Anaya sostuvo que las encuestas realizadas hasta ahora han sido solo de Morena y que falta la segunda, la de carácter científico, que debía incluir propuestas del PT y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) bajo una metodología pactada. Recordó que en junio las dirigencias de los tres partidos acordaron compromisos para designar a los "coordinadores estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional": un cronograma de encuestas, la difusión de resultados, una mesa técnica para definir la metodología y una mesa jurídica de supervisión, ambas con representantes de las tres fuerzas. "Hacemos un llamado a cumplir con los procedimientos acordados en la mesa nacional de la coalición", exigió.

Ni la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, ni la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, han informado sobre ese cronograma, de acuerdo con el reporte. Montiel aseguró que en los diez estados donde se designaron coordinadores se realizaron ambas encuestas; Anaya sostiene lo contrario. La diferencia es de hecho, no de interpretación: o la segunda medición existe y no se ha presentado, o no se realizó. Y de eso depende la legitimidad del método con el que se nombra a quienes después serán candidatos.

El pleito que originó el reclamo

El conflicto escaló el 15 de septiembre, cuando el PT desconoció a la coordinadora estatal en Zacatecas, Verónica Díaz, con el argumento de que la propuesta oficial no correspondía a la elección interna que el partido había hecho. La designación se llama formalmente coordinación estatal de defensa de la transformación; en la práctica funciona como una precandidatura de facto, porque coloca a quien la recibe en posición de salida para la gubernatura. El PVEM, en cambio, ha respaldado todas las designaciones de Morena. El seguimiento del proceso en siete entidades sigue pendiente.

La lectura política

El PT usa el único instrumento que tiene: el acuerdo escrito. Su peso electoral es reducido, pero su voto ha sido útil en elecciones cerradas y su dirigencia lo sabe. Al denunciar el incumplimiento, Anaya fija posición antes de que se cierren las designaciones, presiona para que la segunda encuesta se realice con reglas compartidas —donde puede colocar perfiles propios— y conserva el argumento de que la alianza se rompió por decisión de Morena.

Para Morena el cálculo es distinto y también racional: ya tiene las encuestas que considera suficientes, y cada semana sin una segunda medición reduce el margen de negociación de sus socios. La ausencia de cronograma publicado y de mesas técnica y jurídica instaladas opera, en los hechos, como ventaja para quien controla el calendario. No hay evidencia de una intención declarada de marginar al PT; sí hay un patrón verificable: los acuerdos se pactaron en junio, las designaciones avanzaron y las instancias de supervisión no han sido reportadas.

El costo es doble. Hacia afuera alimenta la narrativa de que la coalición gobernante resuelve sus diferencias por imposición. Hacia adentro deja a los coordinadores designados con una legitimidad incompleta, explotable en campaña. El PVEM, que respaldó todo, gana margen frente a Morena pero pierde capacidad de reclamar después si las reglas no se escriben ahora.

Qué sigue

El punto verificable inmediato es si la mesa técnica y la jurídica se instalan con representantes de los tres partidos y si se publica el cronograma prometido. Quedan por resolver las designaciones en siete entidades y el caso de Zacatecas, donde el PT ya desconoció a la coordinadora. Si Morena mantiene que su propia encuesta basta, el PT tendrá que elegir entre aceptar las designaciones con el reclamo a cuestas o llevar el conflicto a la mesa nacional. Ese es el plazo real que Anaya le puso al calendario del oficialismo.