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Aprueban prohibir doble nacionalidad a candidatos; el Senado define su alcance
Con 334 votos, exactamente el umbral de dos tercios, la Cámara de Diputados envió al Senado la reforma que impide a los binacionales competir por la presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX. El PRI votó en contra y la llamó discriminatoria.
La Cámara de Diputados aprobó con 334 votos —el mínimo de dos tercios— y 109 en contra el dictamen que prohíbe a candidatos a la presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX tener doble nacionalidad. Pasa al Senado. La iniciativa se atribuye a Claudia Sheinbaum y el PRI la llamó discriminatoria. El registro nominal deja material de campaña rumbo a 2027.
Aprueban prohibir doble nacionalidad a candidatos; el Senado define su alcance
La Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen que impide a quienes busquen la presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tener una segunda nacionalidad. El resultado —334 votos a favor, 109 en contra y una abstención— alcanzó la mayoría calificada sin margen: 334 es exactamente dos tercios de los 500 escaños. El texto pasó al Senado de la República, que ahora definirá hasta dónde llega la regla.
La sesión se extendió casi once horas y se resolvió en lo general y en lo particular. La iniciativa se atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum. La evidencia disponible no precisa qué artículos se modifican ni confirma si es una reforma constitucional, dato decisivo: de ello depende que el proceso tenga que pasar también por los congresos locales.
El costo público del dictamen lo cargó el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su diputada Fuensanta Esquivel subió a tribuna para acusar a Morena y sus aliados de discriminar a "millones de mexicanos que por necesidad tienen también la nacionalidad estadounidense para no ser deportados". "Nos quieren decir que una mexicana o un mexicano vale menos para gobernar su propio país porque otra nación también lo reconoce como suyo", dijo. Y agregó el argumento que la mayoría no atendió en el fondo: "Tener una sola nacionalidad no hace honesta a una persona. Tampoco evita la corrupción ni garantiza que alguien vaya a enfrentar por completo al crimen organizado". Para ella, la verdadera amenaza a la soberanía es que el crimen controle territorios, cobre piso o decida quién pasa por una carretera.
El dictamen no regula delitos ni facultades: regula elegibilidad. Es una regla que no promete resultados de gobierno, sólo redefine quién puede competir.
La lectura política
El registro nominal. Una votación así deja una lista con 109 nombres. En un tema de bajo costo fiscal y alta carga simbólica, ese registro es material de campaña antes de 2027: la coalición gobernante gana la etiqueta de quien defendió la soberanía y la oposición carga con la explicación de su voto en contra. La abstención única apunta a un costo interno repartido: ni respaldar ni rechazar.
La función práctica. La doble nacionalidad es un perfil frecuente en la frontera norte, en trayectorias políticas migrantes y en municipios de fuerte vínculo binacional. Restringirla no es una política anticorrupción —el propio debate lo evidenció—: es un filtro de elegibilidad. El efecto verificable es la reducción del universo de aspirantes; el efecto declarado es la defensa de la soberanía.
La aritmética. Los 334 votos confirman que la coalición puede reunir dos tercios, pero sin holgura: un voto menos y el umbral se rompía. Eso explica once horas de discusión y anticipa que el Senado no será un trámite.
Falta un dato para medir el alcance real: sin articulado ni transitorios no puede afirmarse cuándo entra en vigor la prohibición ni si alcanza a otros cargos. Lo único verificable por ahora es que menciona presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la CDMX; la evidencia no indica senadurías, diputaciones ni cargos municipales.
Qué sigue
El Senado ya tiene el dictamen. Los pasos verificables son su turno a comisiones, el dictamen resultante y la votación en el pleno; la evidencia disponible no fija fechas. Si la vía es constitucional, el proceso tampoco termina ahí: requiere mayoría calificada en la colegisladora y el aval de al menos 17 congresos locales. El régimen transitorio decidirá el punto que más importa rumbo a 2027: desde cuándo aplica y a qué cargos.