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Arévalo destituye a la cúpula policial tras asesinato de exfiscal anticorrupción

La destitución del jefe de la Policía Nacional busca contener la crisis de confianza desatada por el magnicidio de Juan Francisco Solórzano Foppa, quien había señalado vínculos entre políticos y pandillas.

Ilustración editorial de Ruido Cero sobre seguridad pública
Ilustración editorial de Ruido Cero; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destituyó a la cúpula de la Policía Nacional tras el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido hace dos semanas pese a que contaba con escolta policial. El crimen ha generado temor entre figuras públicas y organizaciones que denuncian amenazas, y plantea la preocupación de un posible regreso a la violencia política

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destituyó este martes a la cúpula de la Policía Nacional, incluido su director, tras el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido hace dos semanas. La decisión busca responder a la crisis de confianza desatada por el magnicidio, que ha encendido las alarmas sobre un posible regreso a la violencia política en el país.

Solórzano Foppa fue asesinado delante de su hijo pese a que contaba con una escolta policial. El exfiscal había denunciado presuntos nexos entre políticos y pandilleros, y llegó a señalar al entonces director de la Policía Nacional, quien fue destituido este martes junto a otro alto oficial. El asesinato de Solórzano Foppa, quien había denunciado vínculos entre políticos y pandillas, precipitó la destitución de la cúpula policial y profundizó la desconfianza en las instituciones de seguridad.

La preocupación se extiende entre otras figuras públicas que han recibido amenazas. Édgar Ortiz, líder de la asociación civil Poder Ciudadano —que recolectó más de 16.500 firmas para reformar el sistema de elección de magistrados—, denunció que él y su equipo han recibido amenazas de muerte tras la campaña. "Además de la tragedia humana que supone este asesinato, creo que enciende las alarmas para muchos de nosotros que tenemos una presencia pública y que tenemos enemigos en el crimen organizado por las propuestas que hacemos, de que esto sea un patrón de un regreso a la violencia, a la violencia política", afirmó Ortiz. Organizaciones sociales y activistas denuncian amenazas y advierten que el crimen podría marcar el retorno de la violencia política contra quienes impulsan reformas al sistema de justicia.

El abogado Jordán Rodas, exprocurador de Derechos Humanos y cercano a Solórzano, señaló que los fallos en el esquema de seguridad del exfiscal tendrán consecuencias para la credibilidad de la Policía Nacional. "Todos los esquemas de seguridad hemos tenido que buscarlos de manera privada. Sí se nos ofreció seguridad pública, pero hemos preferido no aceptarla. Precisamente por esta falta de confianza que hay en las instituciones de seguridad", comentó Ortiz. Rodas también destacó la importancia de que el caso no quede impune y reconoció que el Ministerio Público actuó con objetividad al liberar a dos personas detenidas por falta de mérito.

La lectura

La destitución de la cúpula policial es una medida reactiva que busca contener el deterioro de la confianza pública, pero no resuelve el fondo del problema: la penetración del crimen organizado en las estructuras de seguridad y la impunidad que rodea a los ataques contra quienes denuncian la corrupción. El asesinato de Solórzano Foppa, un exfiscal que había investigado a empresarios y políticos, envía un mensaje intimidante a jueces, periodistas y activistas que promueven reformas. La destitución de la cúpula policial, aunque necesaria, resulta insuficiente si no se acompaña de una investigación independiente y de medidas estructurales para proteger a las figuras públicas amenazadas.

El contexto regional agrava la preocupación. Guatemala ha sido escenario de episodios de violencia política en el pasado, y la actual administración de Arévalo, que terminará su mandato el próximo año, enfrenta el desafío de garantizar la seguridad de quienes denuncian la corrupción. La comunidad internacional, incluida México, observa con atención: un retroceso en la seguridad de los operadores de justicia guatemaltecos puede afectar la cooperación en materia de seguridad y migración.

Qué sigue

El Ministerio Público deberá avanzar en la investigación del asesinato de Solórzano Foppa y determinar si existen vínculos entre el crimen y las denuncias que el exfiscal había presentado. La destitución de la cúpula policial plantea la necesidad de una depuración profunda de la institución y de un nuevo esquema de protección para funcionarios y activistas amenazados. El Congreso ciudadano convocado por Poder Ciudadano para el 31 de octubre, que busca reformar la elección de magistrados, será una prueba de fuego para medir si el espacio cívico sigue abierto o si la violencia política logra acallar las demandas de reforma. La comunidad internacional, y en particular México, deberá seguir de cerca la evolución del caso, dado su impacto en la estabilidad regional y en la lucha contra el crimen organizado transnacional.