Asesinan a defensor de DD.HH. en Chiapas pese a alerta de la ONU

Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos tzotzil de la región de Los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles 28 de octubre de 2026 en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó. Según la reconstrucción preliminar del fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra la víctima con un arma corta. Personal de la Fiscalía Indígena, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

El crimen ocurrió poco más de un año después de que la Organización de las Naciones Unidas alertara formalmente al Gobierno de México sobre las amenazas que el defensor venía denunciando desde octubre de 2022. La ONU documentó amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados contra Pérez y otro defensor indígena, José Vásquez Gutiérrez, en una comunicación conjunta enviada al Estado mexicano el 17 de febrero de 2025. El documento, suscrito por la relatora especial Mary Lawlor y otros tres relatores, señaló que la información recibida sugería la posible participación de funcionarios públicos en esas agresiones.

La respuesta institucional

El fiscal Llaven Abarca declaró a medios locales que, hasta el momento de su comparecencia, no existía ninguna línea de investigación concreta. Describió el hecho como "aislado" y precisó que no contaban con elementos para vincularlo a algún conflicto político o social en la región. Añadió que realizarían "un recuento cronológico de qué pasó momentos antes, dónde estuvo antes" para precisar una línea de investigación. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar lo llamó personalmente para pedirle que supervisara las diligencias, y el fiscal confirmó la designación de un grupo especial. "Habrá cero impunidad", aseguró, y añadió que los responsables "van a enfrentar la justicia".

La calificación de "aislado" contrasta con el expediente que la ONU había construido desde 2022 y con la respuesta que el propio Estado mexicano envió a Ginebra. En un informe transmitido el 1 de abril de 2025, México confirmó que Pérez Pérez fue incorporado formalmente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas desde el 13 de junio de 2023, con número de expediente asignado, tras conocerse un ataque armado en el que murieron siete personas en situación de desplazamiento. Los relatores habían advertido que las medidas del Mecanismo resultaban insuficientes frente al riesgo que enfrentaba.

El defensor había señalado públicamente al grupo "Los Herrera" por el asesinato del padre Marcelo Pérez en 2024, y cuestionó la versión oficial sobre el detenido como autor material. En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el 23 de octubre de 2024, vinculó el crimen con Rubén Herrera Gutiérrez, hermano de Dayli Herrera e hijo de Austreberto Herrera Abarca, ambos presos en el penal de El Amate por los homicidios del activista Simón Pedro y del fiscal indígena Gregorio Pérez Gómez.

La ONU también documentó que la región ha sido escenario de disputas territoriales entre grupos de delincuencia organizada. Grupos autodenominados "de autodefensa" se habrían enfrentado con agrupaciones criminales por el control del municipio de Pantelhó, con saldo de heridos, muertos y desplazamiento forzado de cientos de pobladores. El 3 de diciembre de 2024, un grupo habría tomado la presidencia municipal tras la elección de un consejo integrado por personas relacionadas con una agrupación del crimen organizado.

La lectura

El asesinato de Pérez Pérez no es un episodio aislado en el papel que el propio Estado mexicano reconoció por escrito ante la ONU. El defensor estaba bajo protección federal desde junio de 2023 y aun así fue atacado a balazos en una comunidad de Chenalhó, lo que plantea una pregunta directa sobre la eficacia real del Mecanismo de Protección. La ONU había advertido que las medidas eran insuficientes; el desenlace sugiere que esa advertencia no se tradujo en un cambio de condiciones sobre el terreno.

La declaración del fiscal sobre la ausencia de líneas de investigación, en contraste con el historial documentado de amenazas, deja abierto el margen para que la pesquisa se limite a los autores materiales. La comunicación de la ONU mencionaba la posible participación de funcionarios públicos en las agresiones previas, un elemento que ninguna autoridad ha confirmado ni descartado públicamente.

Qué sigue

La investigación quedó bajo supervisión del fiscal general y de un grupo especial designado por acuerdo de la Mesa de Paz que encabeza el gobernador. Falta esclarecer si la pesquisa incorporará el historial de amenazas documentado desde 2022, si se investigará la posible participación de funcionarios públicos como sugirió la ONU y si el Mecanismo de Protección revisará por qué sus medidas no impidieron el ataque. También queda pendiente la situación de José Vásquez Gutiérrez, el otro defensor incluido en la alerta internacional, y la respuesta formal del Estado mexicano a los relatores tras el homicidio.