Asesinan al dirigente del PRI en Tetecala, primer político caído rumbo a 2027

Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetecala, Morelos, fue asesinado la noche del viernes 18 de septiembre en un inmueble de la calle Abasolo, en la colonia Centro de ese municipio. Sujetos armados llegaron al lugar alrededor de las 20:40 horas. Un hombre que lo acompañaba resultó herido y murió cuando era trasladado al hospital “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”. Al cierre de esta nota no había personas detenidas.

El dato que ordena la discusión no es el número de víctimas, sino el lugar que ocupaba la víctima: es el primer actor político asesinado en Morelos dentro del proceso electoral 2026-2027. La violencia se instala en el calendario antes de que existan candidaturas registradas, precampañas o siquiera listas definidas, y en un año en el que el estado renovará ayuntamientos y Congreso local.

La Fiscalía General del Estado (FGE) resguardó la zona y difundió un comunicado en el que se comprometió a “agotar todas las líneas de investigación” en torno a los hechos del 18 de septiembre. Hasta ahora no hay información pública sobre un móvil, sobre personas identificadas ni sobre una línea principal.

El episodio se suma a una secuencia corta y densa. Apenas dos meses antes fue asesinado Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, atacado en su oficina. Una semana antes del crimen de Tetecala, en Cuautla, fue asesinada la estudiante española Claudia Tacoronte, caso por el que un juez de control dictó procesamiento contra un presunto responsable. La coincidencia temporal no acredita un vínculo entre los tres hechos; sí documenta el entorno en el que este último ocurrió.

Lo que dice el PRI y lo que aún no puede decirse

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Eliasib Polanco Saldívar, condenó el homicidio —al que su partido calificó como “cobarde asesinato”—, exigió justicia y castigo para los responsables, y demandó al gobierno de Morelos garantías de seguridad para los actores políticos y una investigación pronta.

Polanco sostuvo que el crimen ocurrió en una región que, afirmó, arrastra desde hace años problemas de violencia y presencia de grupos criminales, y cuestionó que pese a ese contexto no exista una estrategia de seguridad suficiente. Se trata de una acusación y una exigencia políticas, no de una resolución judicial ni de un hallazgo de la investigación: la FGE no ha señalado causa, autoría ni móvil.

La lectura política

Juárez Hernández no era candidato registrado ni precandidato formal; era dirigente partidista. Pero ese cargo no es un puesto administrativo menor: en la práctica, la dirigencia municipal es la plataforma desde la que se negocia la candidatura a la presidencia municipal, se ordenan las secciones y se construyen las alianzas locales. Es el eslabón donde el nombre de un partido se convierte en operación territorial. Su desaparición abre, en primer lugar, una disputa interna por la sustitución en el comité municipal de Tetecala y, con ella, un adelanto de la pelea por la candidatura de 2027.

El segundo movimiento es de posicionamiento público. Al exigir garantías al gobierno estatal —encabezado por Morena desde 2024—, el PRI desplaza el costo político hacia la autoridad responsable nominal de la seguridad y convierte la seguridad de los cuadros partidistas en tema de campaña antes de que la campaña exista. Ganará margen si otros partidos se suman a la exigencia, porque entonces el reclamo deja de leerse como reclamo de un partido y pasa a leerse como problema del sistema.

Hay un límite que conviene marcar: sería una inferencia sin respaldo afirmar que el objetivo del ataque fue inhibir una candidatura o impedir una competencia. No hay, con la evidencia disponible, indicio público en ese sentido. Lo que sí puede afirmarse es el efecto verificable: se pierde un operador, se altera el tablero municipal y se deteriora la expectativa de que el proceso local pueda desarrollarse en condiciones previsibles.

Y hay un precedente que manda señal a aliados y adversarios: cuando un crimen de este tipo queda sin detenidos, el mensaje que se transmite no es sólo de impunidad, sino de quién puede competir y bajo qué costo. Morelos ya acumula, en dos meses, un presidente municipal y un dirigente partidista asesinados.

Qué sigue

El primer punto de medición es la carpeta de la FGE: si aparecen detenidos, si se define una línea principal y si hay comparecencias ante la fiscalía. El segundo es la respuesta del gobierno estatal a la exigencia del PRI, que hasta ahora es pública pero no ha sido atendida formalmente.

En el terreno partidista, el PRI estatal tendrá que definir la sustitución en la dirigencia municipal de Tetecala, un trámite que puede anticipar la disputa por la candidatura local. Y queda por ver si el organismo electoral local y las áreas de seguridad estatales adoptan protocolos específicos para precandidaturas y candidaturas; hoy no hay evidencia de una medida de ese tipo. El calendario 2026-2027, por lo pronto, no se detiene.