Asesinan en Chiapas a un aspirante del PAN y a dos de Morena

Tres actores políticos fueron asesinados en Chiapas en las últimas horas, en municipios distintos y con signos partidistas opuestos: Raúl Araín Hernández Vázquez, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Pantepec, en la región norte, y Edgardo Moreno y Menoldo Monjarás, colaboradores de Morena en Villaflores, en la Frailesca. Ninguno de los casos tiene todavía una versión oficial sobre el móvil.

El caso de Villaflores es el más cargado de contexto político. Hombres armados llegaron a la propiedad donde se encontraban los dos colaboradores de Morena, en el fraccionamiento La Sirena, y les dispararon; cuando arribaron los paramédicos, ambos ya habían muerto. Días antes, los dos habían encabezado una protesta contra Valeria Rosales Sarmiento y su padre, Mariano Rosales, que desde 2021 se han rotado el ayuntamiento y de quienes se espera que Valeria busque la reelección en el próximo proceso electoral. El doble homicidio ocurrió horas después del segundo informe de gobierno de Valeria Rosales, acto al que asistieron el diputado de Morena Mario Guillén, el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, y José Llaven, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En Pantepec, a 152 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, el cuerpo de Hernández Vázquez fue hallado con signos de violencia y traumatismo craneoencefálico. La presidenta del PAN en Chiapas, Catalina Cervantes, confirmó el deceso y pidió al fiscal no descuidar ninguna línea de investigación: “Nuestro compañero fue localizado sin vida y con signos de golpes contundentes en el cráneo. Estas circunstancias exigen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial”. Hasta la noche del viernes 16 de octubre, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, no había dicho nada sobre los tres homicidios.

Lo verificado y lo que falta

Nada en la evidencia permite ligar los tres crímenes entre sí. Ocurren en regiones distintas —la sierra norte y la Frailesca—, con víctimas de partidos opuestos, y no hay resolución que acredite un mismo autor, un mismo móvil o una misma línea. Tampoco hay detenidos ni resultados de necropsia. Que los homicidios de Villaflores sucedieran horas después del informe de gobierno es un dato de secuencia; la fiscalía aún no lo ha convertido en hipótesis pública.

La lectura política

Hernández Vázquez era aspirante, no candidato: no había pasado por un proceso interno ni por un registro ante la autoridad electoral local. Su muerte no cancela una candidatura formal; elimina de facto una aspiración antes de que exista precampaña. El efecto sobre la oferta política del municipio es el mismo: quien quería competir, ya no está.

El PAN chiapaneco eligió exigir investigación antes que atribuir el crimen. Catalina Cervantes no acusó a nadie. Ese registro también es político: en un estado gobernado por Morena, el partido depende de la misma fiscalía a la que reclama resultados, y su margen para convertir el caso en denuncia es menor que su necesidad de que se esclarezca.

Villaflores plantea otro tipo de conflicto. Ahí la disputa no corre entre partidos, sino contra una familia que ha hecho del ayuntamiento un relevo interno desde 2021. La rotación padre-hija no es ilegal por sí misma, pero funciona en la práctica como continuidad dinástica, y los dos colaboradores asesinados protestaban contra ella días antes. La evidencia no acredita ese móvil; lo que sí puede afirmarse es que el efecto, con independencia de la intención de los autores, es una advertencia para quien pretenda disputar ese espacio.

Para el gobierno estatal, cada homicidio con perfil político erosiona el argumento de control territorial y abre un costo que se paga en 2027, cuando Chiapas renueve gubernatura y ayuntamientos. Si postularse se percibe como peligroso, la oferta política se encoge y quien ya controla un municipio gana margen de maniobra. Es una inferencia razonable a partir del patrón, no un móvil acreditado.

Qué sigue

- La Fiscalía General del Estado de Chiapas debe informar si abrió carpeta por cada caso, qué líneas sigue, si hay detenidos y qué arrojaron las necropsias. - El PAN estatal dará seguimiento e insistirá en medidas de protección para sus aspirantes; la exigencia de Catalina Cervantes marca la ruta de su reclamo. - En Villaflores, el primer dato verificable será una vinculación a proceso o la identificación de los agresores, y si la fiscalía establece algún vínculo con la protesta previa o con el informe de gobierno. - Nada en la evidencia indica que la Fiscalía General de la República haya atraído los casos ni que el calendario electoral local vaya a modificarse.