ASF pide a Guerrero papeles de contratos del IEPC ligados a Taddei

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al Gobierno de Guerrero documentación complementaria sobre el uso de participaciones federales asignadas al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), en particular los contratos firmados con siete empresas de materiales electorales vinculadas a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. El oficio AEEF/1497/2026, fechado el 28 de octubre de 2026, se inscribe en la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 y otorga diez días hábiles a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para remitir la información.

El requerimiento no es una acusación, pero sí una señal institucional: la ASF está trazando el recorrido del dinero federal que llegó al órgano electoral guerrerense y los contratos que ese dinero financió. En el oficio se menciona a Corporativo Zeg, Cajas Graf, SERIPLAST de México, Reconstrucción de Comunicación, Producciones, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Gráficas Corona. La lista importa porque convierte una revisión contable en un mapa de proveedores del IEPC.

El contexto no es menor. En 2021, según fuentes del propio IEPC citadas en la información, Cajas Graf recibió un contrato millonario y el informe de egresos de ese año reportó 81 millones 606 mil 370 pesos para producción y distribución de documentación electoral. Para 2024, las mismas fuentes señalan que ninguna empresa de materiales electorales se acercó a firmar contrato porque el presupuesto se redujo y hubo retrasos en su liberación; el IEPC recurrió entonces a Talleres Gráficos de México. El patrón que la ASF parece querer verificar es si las participaciones federales sostuvieron contratos con proveedores específicos y bajo qué reglas de adjudicación.

La dimensión política tiene dos caras. Por un lado, Taddei dejó la presidencia del INE y su nombre aparece en el oficio, lo que traslada una discusión federal al terreno estatal. Por otro, la gobernadora Salgado queda en la posición de responder por recursos que no necesariamente ejerció de forma directa, pero que su administración canalizó. Quien gana margen es la ASF, que puede exhibir capacidad de fiscalización sobre órganos electorales y gobiernos estatales; quien lo pierde, al menos en la conversación pública, es el IEPC y su relación con proveedores.

La lectura política

El oficio llega en un momento de escrutinio sobre el gasto electoral. La ASF ya había abierto una investigación de oficio sobre presunto uso indebido de recursos en el INE tras señalamientos de adjudicaciones y conflictos de interés, y el 1 de noviembre presentó una denuncia penal por la presunta triangulación de más de 7,200 millones de pesos en Nuevo León. No hay evidencia de que los casos estén conectados, pero juntos dibujan una auditora más agresiva en año de fiscalización.

Para Guerrero, el calendario aprieta: en 2027 habrá elecciones de gubernatura, alcaldías y diputaciones locales, y el IEPC solicitó al Congreso local un presupuesto de 1,014 millones de pesos. La advertencia del Gobierno estatal de que no habrá muchos recursos para organizar los comicios convive ahora con una revisión federal sobre cómo se gastaron los anteriores. La pregunta política es si la fiscalización se convierte en un factor de negociación presupuestal o en un riesgo de responsabilidad administrativa para funcionarios del IEPC y del gobierno estatal.

También conviene precisar qué falta. La evidencia disponible no indica que la ASF haya determinado irregularidades ni que exista una imputación contra Taddei o contra la gobernadora. Lo que hay es una solicitud de documentación con plazo. Cualquier lectura más allá de eso sería especulación.

Qué sigue

El Gobierno de Guerrero tiene diez días hábiles desde el 28 de octubre para entregar la información. Si no responde o lo hace de forma incompleta, la ASF puede emitir requerimientos adicionales o incluir el caso en su informe de fiscalización. El IEPC, por su parte, deberá explicar la cadena de adjudicación de los contratos mencionados y el origen de los recursos. La siguiente señal verificable será la respuesta estatal y, más adelante, el informe de la Cuenta Pública 2025.