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ASF y UIF investigan contratos electorales de siete empresas
Las indagatorias abarcan adjudicaciones del INE y de organismos electorales estatales por más de mil millones de pesos, además de posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.
La ASF y la UIF investigan a siete empresas vinculadas entre sí que acumulan contratos electorales por más de mil millones de pesos en al menos 13 entidades, incluido el INE. Se examinan posibles transferencias irregulares, simulación de competencia y conflictos de interés. No hay resolución definitiva, pero el caso toca la credibilidad del árbitro electoral rumbo a 2027.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan presuntas irregularidades en contratos electorales otorgados a siete empresas vinculadas entre sí, algunas con adjudicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos públicos locales electorales (OPLE). El dato que ordena el caso: el conglomerado acumula contratos por más de mil millones de pesos en al menos 13 entidades, y cuatro de esas empresas concentran presuntas irregularidades por 514 millones de pesos.
El origen de la indagatoria es una revisión de la ASF que detectó irregularidades en una adjudicación directa del INE a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por 63 millones 241 mil pesos para producir y distribuir materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024. Durante las fiscalizaciones se identificaron posibles transferencias de recursos hacia otras empresas, lo que dio lugar a la indagatoria de la UIF.
Las autoridades investigan si las siete compañías participaban en las mismas licitaciones para aparentar competencia y favorecer la asignación de contratos. Las empresas identificadas incluyen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Se les vincula operativamente con los empresarios José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Los registros citados documentan contratos con institutos electorales estatales. Cajas Graf suma 22 contratos con 13 institutos por 586.3 millones de pesos; Formas Finas y Materiales acumula 15 contratos en 11 entidades por 540.1 millones. Destacan Veracruz (141.7 millones en 2018), Jalisco (102.1 millones), Hidalgo (dos contratos por 68.9 y 65.9 millones) y Oaxaca, donde Corporativo Zeg obtuvo una adjudicación directa por 32 millones en 2021 y otra por 36.09 millones. También aparecen Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Campeche, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Zacatecas.
La lectura política
El caso no es un asunto administrativo menor: toca la función de compra del árbitro electoral en el insumo más sensible de una elección, la producción de boletas, actas y paquetes. Si las autoridades confirman simulación de competencia o transferencias irregulares, el daño no se mide sólo en pesos, sino en la confianza sobre quién fabrica el material con el que se vota.
Las indagatorias también examinan posibles conflictos de interés y presunto tráfico de influencias. Se menciona a Jesús Octavio García González, quien fue representante jurídico de Cajas Graf y Corporativo Zeg antes de asumir la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área vinculada con las compras. También se incluye la relación personal entre José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, vínculo que se remonta a 2014, cuando ella encabezaba el instituto electoral de Sonora. Asimismo, se investiga a Juan Carlos Enrique Cuervo Escolona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, por presuntas transferencias bancarias desde cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg registradas como préstamos y viáticos.
La existencia de relaciones personales, laborales o transferencias bancarias no demuestra por sí sola un delito. La determinación de responsabilidades depende de los resultados de las investigaciones y de las resoluciones de las autoridades competentes. Esa distinción importa: el caso está en fase de indagatoria, no de sanción.
El incentivo político es doble. Para el INE, el costo es de credibilidad en un ciclo que desemboca en 2027, cuando se renuevan la Cámara de Diputados y un número amplio de gubernaturas. Para los OPLE, el riesgo es de dependencia operativa: si el universo de proveedores se concentra en un grupo que las autoridades investigan, los institutos estatales enfrentan un problema de competencia real, no sólo de forma. Y para los actores que buscan influir en la integración de los organismos electorales, el expediente ofrece munición para cuestionar nombramientos y procedimientos.
El precedente verificable es la propia fiscalización: la ASF detectó la irregularidad en una adjudicación directa y eso escaló a la UIF. Lo que falta por conocerse es si existen procedimientos administrativos formalmente abiertos, si hay denuncias penales y si las empresas investigadas siguen siendo proveedoras vigentes.
Qué sigue
La ASF y la UIF continúan sus indagatorias. Los próximos pasos verificables son la eventual conclusión de las auditorías con pliegos de observaciones, la presentación de denuncias penales si se acreditan transferencias irregulares, y las resoluciones administrativas que podrían inhabilitar a proveedores. También queda por verse si el INE y los OPLE abren revisiones internas sobre las adjudicaciones señaladas y si el caso llega al Consejo General del instituto. Sin fechas públicas confirmadas, el expediente sigue en fase de investigación.