RUTA 27 · MEDIUM
Aspirante en Guanajuato impugna reserva de candidaturas femeninas y abre frente legal
El delegado de Bienestar en la región de los Pueblos del Rincón, Gerardo Morales, anunció que acudirá al tribunal electoral contra el acuerdo del IEEG; un regidor panista de Purísima se dijo dispuesto a respaldar a una mujer si su partido lo define así.
Gerardo Morales, delegado de Bienestar en los Pueblos del Rincón y aspirante a una presidencia municipal, anunció un juicio contra el acuerdo del IEEG que reserva candidaturas femeninas en 13 municipios de Guanajuato. Alega afectación directa y atribuye la medida al gobierno estatal. El caso anticipa la pelea por las reglas de paridad rumbo a 2027, cuando los partidos aún definen candidaturas.
Lo que hasta ahora era un desacuerdo verbal entre aspirantes de los Pueblos del Rincón se convirtió en amenaza de litigio. Gerardo Morales, delegado de la Secretaría de Bienestar en esa región de Guanajuato y aspirante a una presidencia municipal, anunció que presentará un juicio para la protección de los derechos político-electorales contra el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que reserva candidaturas exclusivamente a mujeres en 13 municipios del estado para el proceso de 2027.
“Yo voy a presentar un juicio para la protección de los derechos político-electorales, porque me vi afectado por esta medida”, declaró. Morales no solo anunció la impugnación: la enmarcó como una maniobra ajena al IEEG. Sostuvo que se trata de “una jugada político-electoral del Gobierno del Estado para retener algunos municipios donde tienen bajas posibilidades, como Purísima y San Francisco”, y añadió que, de sostenerse la medida, habría que acatarla, y que Morena ganaría esa plaza con él o sin él. La acusación involucra al gobierno estatal; la evidencia disponible no aporta elementos que la sustenten ni precisa cómo habría operado esa influencia sobre un órgano autónomo, de modo que se registra como señalamiento del aspirante, no como hecho acreditado.
El contraste lo dio otro perfil de la misma cobertura. El regidor panista de Purísima del Rincón, David Ortiz Trillo, dijo que esperará la decisión de su partido y que, si se define una candidata mujer, la respaldará. Reconoció además que el procedimiento genera rechazo en varias fuerzas políticas y que jurídicamente sigue sin definirse. Entre la vía judicial anunciada por uno y la disciplina partidista invocada por otro, el acuerdo del IEEG ya funciona como el eje que ordena las conversaciones locales de aquí a las elecciones municipales.
La lectura política
Conviene distinguir el nombre de la figura de su función práctica. Morales no es candidato ni precandidato registrado: es un cargo público en activo —delegación regional de una secretaría federal— que se asume públicamente como aspirante y convierte su afectación personal en causa jurídica. El juicio para la protección de los derechos político-electorales es el vehículo: no solo busca tumbar la reserva en su municipio, también lo coloca como el aspirante que se planta frente a una regla que, si se mantiene, lo deja sin boleta por esa vía.
El cálculo tiene costos visibles. Impugnar una acción afirmativa de paridad en un partido que ha hecho de la paridad una bandera expone al promovente a una discusión incómoda con su propio electorado y con la dirigencia, sobre todo cuando el método de selección de candidaturas aún no está cerrado. También traslada al tribunal una definición que los partidos preferirían resolver en mesas internas: cada impugnación que prospere o fracase fija criterio para los demás municipios y, con ello, redistribuye el margen de maniobra entre el IEEG, el tribunal local y las dirigencias.
Hay además un efecto de precedente. Guanajuato no es el único estado que ensaya reservas de candidaturas femeninas por la vía de acuerdos de sus organismos electorales; lo que se resuelva aquí será citado en los demás. Y hay un flanco que conviene observar: si la reserva beneficia a unas fuerzas y perjudica a otras, la impugnación puede volverse un instrumento compartido entre adversarios que no comparten nada más.
Qué sigue
El primer paso verificable es la presentación formal del juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en los plazos breves que la ley cuenta en días hábiles; si no se presenta en tiempo, la medida queda firme respecto del promovente. Después vendrá la resolución local y, si alguna parte la controvierte, la revisión en la instancia federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que corresponde a Guanajuato.
En paralelo, los partidos deben definir sus métodos de selección y sus listas para 2027; el regidor panista de Purísima ya anticipó que esperará esa decisión. Falta saber cuántos aspirantes más impugnarán, si sus partidos los acompañan o los dejan solos, y con qué votación el Consejo General del IEEG aprobó el acuerdo: ese dato, ausente en la evidencia disponible, ayuda a medir cuán sólida es la medida que hoy se litiga.