Baños: el grupo de Taddei se queda con la operación del proceso 2027

Marco Antonio Baños, ex consejero electoral y hoy representante de Somos, afirmó que la comisión operativa del proceso electoral 2026-2027 quedó a cargo de Blanca Cruz, consejera de reciente incorporación y, en su caracterización, “completamente integrada en el grupo de Taddei” que encabeza la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). La entrevista se publicó el 19 de septiembre de 2026 y, más que un dato de organigrama, apunta a quién controlará la información y los tiempos del proceso que culmina en la jornada federal de junio de 2027.

Un reparto que Baños describe como mayoriteo

Baños no habló de un caso aislado. Citó la Comisión de Fiscalización, presidida por Jorge Montaño, y la exclusión de Arturo Castillo de las presidencias, después de que Castillo cuestionó decisiones de la mayoría, entre ellas la falta de lineamientos contra actos anticipados de campaña. “Los más allegados a Taddei encabezan los grupos de trabajo más importantes”, resumió. Sostuvo además que la presidenta suspendió la mesa de consejeros previa a las sesiones, que no hay diálogo con los partidos y que acuerdos procesados en comisiones se modifican luego en el pleno por una mayoría “ya muy armada”.

Dos ejemplos: las llamadas “boletas planchadas”, que no se anularán automáticamente antes del conteo, y la negativa a cruzar datos de observadores electorales con la base de los Servidores de la Nación. Sumó la renuncia de la secretaria ejecutiva Claudia Espino y la exigencia de renuncia a su equipo de asesores. También describió fisuras internas: Rita Bell López se habría distanciado y Carla Humphrey mantiene posiciones que no siempre acompañan a la presidenta. En la evidencia disponible no hay versión del INE, de Taddei ni de Blanca Cruz sobre estas afirmaciones.

La lectura política

Una comisión “operativa” suena a trámite. En la práctica funciona como filtro: quien la encabeza define qué información circula y con cuánta anticipación, y eso decide si los demás consejeros llegan a discutir o a enterarse. El reparto de comisiones nunca es neutral porque anticipa qué temas llegarán al pleno ya procesados y cuáles se votarán sin acuerdo previo.

El incentivo de la presidencia es de gobierno interno: con once consejerías y un proceso paralelo a comicios locales, una mayoría previsible reduce fricción. El costo es la deliberación, y cada acuerdo aprobado sin discusión previa se vuelve materia prima de impugnación para quien pierde. Gana margen el bloque cercano a Taddei —agenda, información y presidencias—; lo pierden los consejeros fuera de ese circuito, como Castillo, y los partidos, que se quedan sin interlocución temprana.

Conviene fijar dos límites. Primero: quien describe el arreglo no es un observador externo, representa a Somos y tiene interés directo en cómo se aplican las reglas; eso no invalida el señalamiento, lo coloca en el terreno de la disputa política. Segundo: una comisión operativa administra, no resuelve. La validez de un acuerdo se define en el pleno por votación y, en última instancia, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Un reparto de comisiones no anula nada por sí mismo ni acredita una instrucción: lo que hay es un patrón narrado, no un documento. Para sostener la versión fuerte —coordinación ordenada desde la presidencia— faltarían actas, versiones de los consejeros señalados o una postura del propio instituto.

Qué sigue

Los puntos verificables son concretos: si la mesa de consejeros se reinstala antes de las sesiones; cómo queda la integración final de comisiones y qué hacen los consejeros excluidos; y quién llega a la Secretaría Ejecutiva tras la renuncia de Espino, nombramiento que será la primera señal medible del equilibrio interno.

En el pleno, los lineamientos pendientes sobre actos anticipados de campaña y el cruce de datos de observadores mostrarán si el bloque mayoritario repite el patrón descrito. Si los partidos impugnan ante el TEPJF acuerdos modificados en el pleno, la disputa se mudará de la mesa interna a la sentencia. Y si Rita Bell López o Carla Humphrey confirman o desmienten el diagnóstico, la fractura quedará medida en público.