Bátiz: campañas anticipadas y crimen, los desafíos de 2027

Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ubicó las campañas anticipadas y la injerencia del crimen organizado como los dos desafíos que pueden descomponer la elección de 2027. Lo hizo en un mensaje difundido el 21 de septiembre de 2026, cuando el ciclo federal todavía no entra en su fase de precampañas. No es una advertencia de trámite: el tribunal es la última palabra en materia electoral y lo que su presidente nombra en público anticipa el tipo de expedientes que la institución espera recibir.

Dos riesgos con lógicas distintas

"Campaña anticipada" es una categoría técnica, no un juicio moral. Designa actos de precampaña o campaña realizados fuera de los plazos legales, atribuibles a partidos, precandidaturas o aspirantes, y que buscan llamar al voto o posicionar a alguien ante el electorado. La línea que separa eso de la libertad de expresión, de la propaganda gubernamental y del simple activismo partidista ha sido una de las más disputadas en la historia reciente del tribunal: cada criterio que endurece el estándar levanta acusaciones de censura; cada criterio que lo relaja, de complicidad con quien tiene más recursos para promoverse antes de tiempo.

La segunda advertencia es de otra naturaleza. El crimen organizado no irrumpe en una elección solo con propaganda: lo hace con dinero, con coacción sobre votantes, con amenazas a candidaturas y con presencia territorial el día de la jornada. Frente a eso, el tribunal no tiene policías ni fiscalías. Sus herramientas son jurisdiccionales: revisar cómputos, ordenar recuentos, confirmar o revocar sanciones a partidos y, en escenarios extremos, declarar la nulidad de una elección. El propio Bátiz puede advertir el riesgo, pero contenerlo depende de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), de las fiscalías y de las corporaciones de seguridad.

En el material difundido no se precisan casos concretos, criterios ni protocolos: se enuncian los riesgos y la voluntad de proteger el voto ciudadano. Esa ausencia de detalle es en sí un dato: por ahora hay diagnóstico, no resolución.

La lectura política

Cuando el presidente de un tribunal enumera riesgos antes de que ocurran, hace algo más que informar. En los hechos, fija agenda: le dice a los partidos qué conductas serán observadas y a las instancias jurisdiccionales que revisan los procesos locales qué marco doctrinal se usará. También se blinda. Si las resoluciones de 2027 resultan polémicas —y lo serán, porque sancionar a un partido o invalidar una elección siempre produce un perdedor—, el tribunal podrá sostener que advirtió el problema con anticipación.

Ahí está el incentivo menos visible. Las campañas anticipadas suelen ser síntomas, no causas: aparecen cuando una sucesión interna no está resuelta y los aspirantes necesitan medirse ante la opinión antes de que exista una regla que los ordene. Un fallo en ese terreno no solo sanciona: redistribuye el calendario político, adelanta o retrasa posicionamientos y entrega a quien resulta sancionado un relato de persecución que, en la política mexicana, también rinde.

El crimen organizado plantea un dilema más incómodo. Ninguna autoridad electoral puede prometer elecciones limpias en territorios donde el Estado no controla la calle, y prometerlo en exceso convierte una advertencia legítima en coartada: si el riesgo se anuncia pero no se atiende, el tribunal habrá documentado su propia impotencia. El equilibrio es delicado porque el mismo tribunal revisa las elecciones que podrían anularse por ese motivo. Y anular es un remedio extremo: llega después del daño, no antes.

Falta, para evaluar en serio, lo que ninguna entrevista puede dar: cuántos expedientes por actos anticipados llegan en 2027, con qué criterio se resuelven y quién queda fuera de la boleta. Eso dirá si la advertencia fue un programa de trabajo o una declaración de temporada.

Qué sigue

El tribunal deberá traducir la advertencia en criterios: jurisprudencia y resoluciones reiteradas sobre actos anticipados, que son las que dan certeza a partidos y aspirantes. El INE, por su parte, fija el calendario y los plazos de precampañas y campañas, y su Unidad Técnica de Fiscalización procesa los reportes de gasto donde suele aparecer el dinero irregular. En materia de seguridad, el termómetro serán los esquemas interinstitucionales de protección a candidaturas y la lista de municipios donde el riesgo obligue a reubicar o modificar casillas. La prueba llegará con los primeros expedientes: allí se sabrá si el aviso de Bátiz se convirtió en regla aplicada o quedó como diagnóstico anual.