BC llega al proceso electoral con 12 denuncias de violencia política sin resolver

Baja California llega al arranque formal de su proceso electoral con una deuda institucional abierta: cerca de 12 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género acumuladas a lo largo de 2026 siguen en investigación y ninguna ha derivado en una resolución sancionadora. Vera Juárez Figueroa, consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la entidad, advirtió que la lentitud complica tanto la resolución de los casos como la eventual aplicación de sanciones. La fecha importa: el proceso electoral local que desembocará en los comicios de 2027 arranca el 6 de diciembre de 2026 y, con él, la expectativa de que las denuncias aumenten.

Medidas cautelares sí, sanciones no

El diseño institucional reparte responsabilidades y explica por qué un expediente puede pasar meses sin respuesta. El IEEBC no resuelve las denuncias de violencia política: dicta las medidas cautelares que la víctima solicite, integra la investigación y turna el caso al Tribunal Electoral, cuyas determinaciones pueden además ser impugnadas por los actores. La vía penal queda en manos de las fiscalías, y ahí el resultado es el mismo hasta ahora.

“La mayoría de las denuncias está en integración en investigación”, dijo Juárez Figueroa, quien describió con precisión el límite de su propia institución: “Nosotros no resolvemos las denuncias de violencia política, solamente resolvemos las medidas cautelares que la víctima nos solicite, pero integramos, hacemos la investigación y luego se turna al Tribunal Electoral”. Sobre la ruta penal fue más dura: “No ha habido ningún expediente que haya determinado que existe violencia política y en todo caso una sanción penal”. Los avances de las fiscalías, consideró, “van muy lentos”, y subrayó que tampoco se conocen los criterios con los que acreditarán los casos ni cuáles serán las consecuencias.

La Red de Mujeres Electas acompaña a las víctimas con asesoría normativa y seguimiento posterior a la denuncia. Ese respaldo, sin embargo, no sustituye la resolución.

El telón de fondo es una representación femenina inusualmente alta en el estado. Tras el proceso de 2024, cuatro de las siete presidencias municipales quedaron encabezadas por mujeres y la XXV Legislatura local se integró con 16 diputadas y nueve diputados. Para la presidenta del Observatorio, eso equivale a 64% de representación femenina, y el reto no es solo numérico: es que las mujeres puedan ejercer el cargo sin enfrentar violencia.

Rumbo a 2027, los dos bloques ya colocaron nombres. Morena eligió como su coordinadora —en la práctica, una precandidatura de facto, sin candidatura registrada todavía— a la senadora con licencia Julieta Ramírez; el Partido Acción Nacional (PAN) ha señalado que Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo, está interesada en el proceso interno para abanderar a la oposición. Ninguno de los dos movimientos constituye aún un registro formal ante el árbitro electoral.

La lectura política

El cuello de botella no es un trámite menor: es el punto donde una norma pierde poder disuasorio. Sin un solo expediente que acredite violencia política de género, la sanción deja de ser un costo previsible para quien la comete, y la denuncia se vuelve un gesto con bajo rendimiento para la víctima. Con un proceso electoral en puerta, esa ambigüedad opera en dos direcciones: los partidos tendrán más incentivos para denunciar conductas y, al mismo tiempo, más margen para descalificar denuncias como uso instrumental. Mientras no existan criterios públicos de acreditación, cada caso se resolverá caso por caso, sin referencia compartida.

El arreglo institucional también diluye el costo político. El IEEBC resuelve cautelares, pero la última palabra administrativa es del Tribunal Electoral y la penal, de las fiscalías. Ninguna instancia carga sola con el desgaste, y la víctima es la que sostiene la ruta completa.

Hay un dato que refuerza la urgencia: la paridad de 64% que presume Baja California se sostiene sin un mecanismo sancionador operante. Que las dos fuerzas principales exhiban mujeres en posiciones de salida hacia 2027 —una coordinación que funciona como precandidatura y una aspiración panista aún no formalizada— no garantiza por sí mismo protección alguna; la protección depende de que las reglas se apliquen.

Falta información para sostener lecturas más fuertes. La evidencia disponible no precisa cuántas medidas cautelares se han otorgado, cuántos expedientes están ya en el Tribunal Electoral ni cuántos permanecen en fiscalías. Sin esos datos no es posible determinar si la lentitud responde a falta de capacidad, a ausencia de criterios o a desinterés institucional.

Qué sigue

El 6 de diciembre de 2026 arranca el proceso electoral local, con lo que el volumen de denuncias y de solicitudes de medidas cautelares debería crecer. Antes de esa fecha, las señales verificables son tres: si alguna de las denuncias acumuladas llega a resolución sancionadora, si el Tribunal Electoral fija criterios públicos sobre cómo se acredita la violencia política de género, y si las fiscalías dan a conocer los suyos. La evidencia revisada no contiene fechas de audiencia, resolución ni plazo para ninguna de las tres.