Boletas planchadas: PAN litiga criterio y busca fijar regla rumbo a 2027

El representante del PAN ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón, afirmó que su partido acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar los acuerdos que permitían criterios diferenciados al valorar boletas planchadas, y sostuvo que la instancia jurisdiccional ha emitido resoluciones favorables a los argumentos de la oposición. Lo planteó en la mesa de análisis A Fuego Lento, no en una sesión del Consejo General: como posición política antes que como alegato procesal.

El punto importa porque el criterio con el que se califica un voto —en la casilla, en el escrutinio y en el recuento— decide márgenes distritales. Quien define cuándo una boleta se anula o se cuenta tiene en la mano una parte del resultado. Por eso el PAN no discute aquí una institución, sino una regla.

En el lenguaje de la disputa, una boleta planchada es un sufragio que aparece sin dobleces. Sondón sostuvo que una boleta sin dobleces difícilmente podría haber sido depositada de manera regular en una urna y consideró necesario impedir que esos sufragios se contabilicen. Su razonamiento es una inferencia sobre cómo llegó el papel a la urna, no una prueba: la ausencia de dobleces puede explicarse de varias formas, y la ley electoral exige valorar cada caso, no aplicar una presunción automática. Ahí está el nudo: el PAN pide que ese indicio pese por sí mismo; los acuerdos que impugnó, según su propio relato, dejaban la valoración abierta a criterios distintos.

Sondón acompañó su intervención con una frase que resume el ánimo del partido: "Hay unas votaciones que ya generan dudas, por lo menos al Partido Acción Nacional". Y sostuvo la posición incómoda de su partido en el Consejo: "Nosotros desde un inicio hemos defendido al Instituto Nacional Electoral". Defender al árbitro y litigar contra sus acuerdos no es contradicción en términos institucionales, pero sí una línea política: se distingue a la institución de las decisiones de sus mayorías.

El dato que falta es grande. En su intervención no citó expedientes, fechas, número de recursos ni el texto de las sentencias que atribuye a la oposición. Con lo disponible no puede sostenerse que exista un patrón jurisprudencial ni que esas resoluciones tengan alcance general; solo que el representante panista lo afirma. Tampoco se precisó si los acuerdos impugnados son del Consejo General o de juntas locales, distinción que cambia el alcance de lo resuelto.

La controversia no es exclusiva del PAN. En la misma mesa, el representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, también retomó el tema de las boletas planchadas, afirmó que "sí se está construyendo una elección de Estado" y celebró las resoluciones judiciales que cerraron la puerta a los Servidores de la Nación como observadores electorales.

La lectura política

El litigio sobre boletas funciona, en la práctica, como construcción anticipada de una reserva de impugnación. No es una candidatura ni una precandidatura: es una operación de partido en el órgano electoral, y su utilidad política es doble. Hacia adentro, ofrece a la militancia una ruta legal antes de que existan resultados que impugnar; hacia afuera, envía a Morena y al gobierno el mensaje de que cada acta será revisada.

Hay además un incentivo técnico que conviene nombrar: si el PAN logra un criterio obligatorio antes de que arranque formalmente el proceso, gana margen en el recuento; si el criterio queda a discreción de cada consejo distrital, el margen se vuelve incierto y dependiente de quién integra cada órgano. Las impugnaciones no buscan solo ganar el caso, buscan fijar la regla con la que se contarán los votos de 2027.

El movimiento también presiona al TEPJF. Decir en público que el tribunal ha fallado a favor de la oposición, aunque sea cierto, opera como recordatorio y como expectativa: coloca a los magistrados en la posición de árbitro al que la oposición apela. Es presión legítima en un sistema de litigio, pero es presión.

El límite: sin expedientes ni sentencias a la vista, no puede afirmarse que el tribunal ya sostiene una doctrina sobre boletas planchadas. Y la coincidencia con el PRI sugiere una agenda opositora compartida en el Consejo General, con énfasis distintos: el PAN habla de reglas de calificación; el PRI, de piso parejo y de libertad de expresión.

Qué sigue

Lo verificable es acotado. Primero, si el PAN hace públicos los expedientes y el sentido de las resoluciones que invoca; sin eso, la afirmación queda sin sustento documental público. Segundo, si el TEPJF resuelve en definitiva y eleva el criterio a jurisprudencia obligatoria, o si lo deja como precedente aislado. Tercero, si el Consejo General del INE emite o ajusta lineamientos sobre boletas antes de que inicie formalmente el proceso electoral: una vez arrancado el calendario, cada cambio se vuelve políticamente más costoso.

Habrá que observar también si el tema se replica en las elecciones locales concurrentes de 2027, si otros partidos se suman al litigio y si el INE defiende sus acuerdos o los modifica. Cada una de esas tres decisiones dirá más sobre el terreno de 2027 que cualquier discurso.