Campeche: IEEC pide 499 mdp y deja su presupuesto en manos del Ejecutivo

El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) aprobó su anteproyecto de paquete económico para el ejercicio fiscal 2027 por 499 millones 403 mil 82 pesos. No es dinero autorizado ni presupuesto en caja: es una solicitud que el organismo remitirá al Poder Ejecutivo estatal para que la considere dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. Pero es, también, el primer acto presupuestal del ciclo que desembocará en las urnas de 2027 —incluida la sucesión de la gubernatura— y en él empieza a definirse con cuánto dinero contará el árbitro de esa contienda.

De los 499.4 millones, la mayor parte, 269 millones 731 mil 472 pesos (54%), corresponde al Proceso Electoral Estatal Ordinario 2026 a 2027: la organización de las elecciones de diputaciones, gubernatura, ayuntamientos y juntas municipales. Otros 86 millones 84 mil 321 pesos (17.2%) sostienen el funcionamiento ordinario del instituto, es decir, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y adeudos de ejercicios fiscales anteriores. El IEEC reservó además 3 millones 7 mil 305 pesos para las tareas preparatorias del Proceso Electoral Estatal Ordinario del Poder Judicial Local 2027 a 2028: un segundo ciclo que se le encima al primero.

Por diferencia quedan 140 millones 579 mil 984 pesos (28.1%) que el reporte agrupa bajo dos rubros distintos: presupuesto participativo y financiamiento público de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. La información disponible no separa una bolsa de la otra, y ahí está la parte del anteproyecto con mayor carga política: el financiamiento a partidos es un reparto de suma cero entre fuerzas que en 2027 competirán entre sí.

Un anteproyecto no es un presupuesto

En términos formales, nada está aprobado como gasto público. El Ejecutivo estatal decide qué incorpora a su proyecto de egresos y el Congreso local tiene la facultad de modificarlo al votarlo; el anteproyecto es el punto de partida de esa negociación, no su resultado. Tampoco hay aquí una candidatura, ni formal ni de facto: lo que se está discutiendo es el terreno donde esas candidaturas van a competir.

La evidencia disponible no incluye el comparativo con lo ejercido en los comicios locales de 2021, ni el cálculo de casillas, funcionarios y materiales que sustenta la cifra. Sin ese respaldo documental no es posible dictaminar si los 269.7 millones son generosos, ajustados o insuficientes. Lo que sí puede afirmarse es que el instituto pidió su dinero antes de que arranque formalmente el proceso y antes de que la atención política se concentre en las candidaturas.

La lectura política

Aprobar el anteproyecto en septiembre de 2026, con la elección aún a meses de distancia y sin candidatos definidos, funciona en la práctica como una posición inicial. Pedir temprano tiene una lógica previsible: una vez que el proceso electoral está en marcha, recortar el presupuesto del organismo que lo organiza se vuelve políticamente más costoso, y cualquier ajuste admite la sospecha de que se está midiendo al árbitro. El IEEC se adelanta, fija su cifra máxima y obliga a los demás a pronunciarse sobre ella.

El incentivo del otro lado es simétrico. En Campeche, quien gobierna el estado y quien controla el presupuesto compiten también en la elección de 2027, y la gubernatura no admite reelección: se trata de una sucesión abierta. Eso significa que el Ejecutivo estatal y el Congreso no son árbitros neutrales de esta conversación, sino jugadores con interés en el tamaño y el ritmo del financiamiento. El margen de maniobra que gana el instituto hoy es acotado; el que conserva el gobierno estatal es amplio, porque la cifra que sobreviva será la que él proponga y el Congreso apruebe.

El bloque de 140.6 millones es el más sensible y el menos transparente del anteproyecto. Primero, porque el financiamiento público a partidos suele detonar litigios: cada fuerza calcula su porcentaje, lo compara con lo recibido antes y decide si impugna. La certeza temprana sobre ese dinero favorece a quien planea una campaña ordenada y castiga a quien depende de recursos que no controla. Segundo, porque el presupuesto participativo mantiene bajo administración electoral un programa de bandera del gobierno en turno: sostenerlo o adelgazarlo también tiene lectura política.

Finalmente, los 3 millones para la elección judicial local colocan al IEEC en una posición institucional nueva. Ser el organizador del primer proceso para elegir juzgadores en el estado es una atribución que se ejerce por primera vez, con reglas todavía en construcción, y anticipa que el instituto volverá por más recursos en 2028. Quien organice esa elección no solo administra una jornada: define criterios que después serán precedente.

Qué sigue

El primer filtro es el Ejecutivo estatal, que definirá cuánto del anteproyecto llega intacto al Proyecto de Presupuesto de Egresos que enviará al Congreso de Campeche. El segundo es el Congreso local, que puede modificar montos antes de aprobarlos; hasta entonces los 269 millones para la organización comicial no son un hecho, sino una petición. En paralelo queda pendiente el desglose de los 140.6 millones, en particular cuánto toca a partidos y cuánto al presupuesto participativo. Vale vigilar tres cosas: si la cifra para el proceso electoral sobrevive sin recorte, si alguna fuerza política anuncia ajustes o impugnaciones por su financiamiento, y si el IEEC tiene que volver por una ampliación presupuestal una vez que arranque formalmente el proceso electoral.