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Canciller atribuye a las reformas de Sheinbaum menor riesgo de injerencia en 2027
Lo dijo tras comparecer ante el Senado por la glosa del Segundo Informe, en una sesión donde la oposición vinculó las extradiciones pendientes con la relación comercial con Estados Unidos.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afirmó que el riesgo de injerencia extranjera en las elecciones de 2027 se redujo por las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras comparecer ante el Senado. La oposición respondió con la ausencia en la ONU, extradiciones pendientes contra un gobernador y un senador, y el futuro comercial con Estados Unidos.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo que el riesgo de injerencia extranjera en las elecciones de 2027 ha disminuido gracias a las reformas constitucionales y legales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo dijo en conferencia de prensa, minutos después de comparecer ante el pleno del Senado de la República por la glosa del Segundo Informe de Gobierno. La frase no es un diagnóstico técnico: es la colocación de un marco. Si la elección de 2027 ya está protegida por obra legislativa del gobierno en turno, cualquier señalamiento externo sobre el proceso —informes de organismos, cobertura crítica, presión diplomática— puede leerse como intento de intervención y no como escrutinio.
Soberanía como respuesta
Velasco respondió a una pregunta sobre la posibilidad de que se repitan en México intervenciones atribuidas a gobiernos extranjeros en otros procesos electorales de América Latina. "Yo creo que justamente por estas iniciativas que ha enviado la presidenta y que han contado con el respaldo del Senado (...) ese riesgo se ha disminuido", expresó. Añadió que la defensa de la soberanía es prioridad de la política exterior y que la cancillería trabaja de manera permanente para prevenir intentos de intervención, conforme a los principios constitucionales y a la cooperación con Estados Unidos.
Antes, en la comparecencia, la oposición había llevado el debate a otro terreno. El senador panista Marko Cortés Mendoza cuestionó la ausencia de Sheinbaum en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la pérdida de presencia internacional, y preguntó si la falta de ejecución de las solicitudes de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez había influido en la decisión estadounidense de no extender por 16 años la vigencia del tratado comercial. Esa premisa —la decisión de no extender el T-MEC— no aparece acreditada con documento alguno en la evidencia disponible: queda como planteamiento del legislador, no como hecho verificado. Legisladores de Morena y aliados defendieron la política exterior; Velasco destacó la cooperación antidrogas, la protección consular y las negociaciones comerciales con Washington, sin ofrecer detalle sobre los casos de extradición señalados.
La lectura política
El movimiento cumple una función práctica: trasladar la discusión de resultados concretos de política exterior a un terreno donde el gobierno controla la definición. La cancillería no presenta aquí un protocolo, un listado de reformas ni un mecanismo de denuncia; presenta un efecto político atribuido a la obra legislativa del Ejecutivo. En términos de incentivos, eso permite que los temas incómodos de la relación bilateral —extradiciones pendientes, revisiones comerciales— queden subordinados al argumento de soberanía. Para la oposición, en cambio, la soberanía como respuesta general tiene un costo: no contesta preguntas específicas.
Faltan elementos para sostener una lectura más fuerte. La evidencia no identifica cuáles son las reformas invocadas, no menciona al Instituto Nacional Electoral (INE) ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y no ofrece evaluación alguna —propia o externa— que mida ese riesgo. Tampoco hay indicio de una amenaza concreta identificada rumbo a 2027: el canciller habló de riesgo, no de caso.
Con la renovación de la Cámara de Diputados y varias gubernaturas en juego en 2027, la definición anticipada de lo que cuenta como injerencia importa: fija el estándar con el que el oficialismo podrá calificar, durante la contienda, la cobertura, el financiamiento o los pronunciamientos desde el exterior. Es posicionamiento discursivo del gobierno antes de que el proceso formal arranque, no una candidatura ni un acto de autoridad electoral.
Qué sigue
- La glosa del Segundo Informe continúa en el Senado con las comparecencias de los titulares restantes; el intercambio sobre extradiciones y tratado comercial puede repetirse ahí. - Queda pendiente el desahogo de las solicitudes de extradición contra Rocha Moya y Inzunza Cázarez, señaladas por la oposición como factor en la relación bilateral. - La agenda comercial con Washington seguirá marcando la discusión; la evidencia no precisa fechas, resoluciones ni alcances. - Para que el argumento de la injerencia sea verificable, faltaría que la cancillería precise qué reformas invoca y si existe algún mecanismo de prevención documentado.