SEGURIDAD · HIGH
Casi un año sin sentencia: cuatro detenidos por homicidio en la UNAM y una investigación que no alcanza a los 20 agresores
La fiscalía inicia una nueva etapa para analizar pruebas y determinar responsabilidades individuales, mientras la viuda de Rodrigo Mondragón exige que se identifique a todos los participantes y a quien coordinó el operativo.
A casi un año del homicidio de Rodrigo Mondragón, los cuatro empleados de seguridad de la UNAM vinculados a proceso siguen en prisión preventiva. La fiscalía abre una etapa para analizar pruebas y determinar responsabilidades individuales, pero no ha girado nuevas órdenes de aprehensión contra los hasta 20 participantes que la propia defensa reconoció. La viuda pide esclarecer la cadena de mando.
Casi un año después de que Rodrigo Mondragón muriera tras ser golpeado por personal de seguridad de la UNAM, los cuatro empleados vinculados a proceso por homicidio calificado continúan privados de la libertad y la fiscalía capitalina inició una nueva etapa procesal en la que se analizarán las pruebas para determinar la responsabilidad individual de los acusados. El caso, que expuso la violencia en el operativo del partido Cruz Azul-Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, sigue sin respuestas sobre la cadena de mando y sobre los hasta 20 participantes que, según la defensa de los propios imputados, intervinieron en la agresión.
Los cuatro detenidos —Noé “N”, Brallan “N”, José Rodrigo “N” y Luis Alberto “N”— fueron vinculados a proceso el 1 de noviembre de 2025 y permanecen en prisión preventiva; la fiscalía no ha girado nuevas órdenes de aprehensión contra el resto de los señalados. La información fue confirmada por Rebeca Pérez, viuda de Mondragón, con base en lo que le ha comunicado su asesor jurídico: la primera etapa del proceso concluyó y comenzará otra en la que se desahogarán pruebas para establecer qué hizo cada acusado. Hasta el momento de la entrevista, la fiscalía no había informado de detenciones adicionales.
El hecho ocurrió la noche del 25 de octubre de 2025, cuando Mondragón, aficionado del Cruz Azul, acudió al estadio. Según la reconstrucción de su viuda y de testigos, al menos 20 elementos de seguridad participaron en la agresión. La defensa de los cuatro detenidos negó su participación en la golpiza, pero confirmó esa cifra. La investigación se ha centrado en los cuatro empleados detenidos, mientras la propia UNAM reconoció que al menos 20 personas intervinieron y la fiscalía no ha ampliado las imputaciones.
El operativo de seguridad para el partido incluyó mil 600 elementos de la Policía Auxiliar, 189 de seguridad de la UNAM, personal privado y 60 de Protección Civil universitaria, además de tres ambulancias y 12 paramédicos, de acuerdo con el comunicado de la Liga MX difundido dos días después de la muerte. Ese mismo día, la UNAM aseguró haber entregado a la fiscalía todos los videos solicitados. Sin embargo, la institución no forma parte de la carpeta de investigación, según respondió a consultas periodísticas, y ha insistido en que colaborará con la autoridad ministerial.
La viuda de Mondragón sostiene que la investigación no debe limitarse a los cuatro detenidos y exige esclarecer quién coordinaba al personal de seguridad aquella noche. El director de la DGAPSU, Gerardo Moisés Loyo Martínez, fue destituido, igual que su mando inmediato, el secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, quien, según un comunicado de la UNAM, “seguirá colaborando en tareas universitarias”. No se ha informado de imputaciones contra ellos.
La lectura
El caso Mondragón muestra un patrón institucional: la respuesta inicial se concentró en los ejecutores materiales, pero la estructura de mando y la eventual responsabilidad de quienes coordinaron el operativo no han sido objeto de imputaciones. La propia UNAM reconoció que al menos 20 personas participaron, pero la fiscalía no ha ampliado las detenciones. Esa distancia entre la evidencia pública y las imputaciones formales es el punto crítico. La nueva etapa procesal podría esclarecer responsabilidades individuales, pero no sustituye la investigación sobre la cadena de mando. La viuda advierte que, si el caso queda impune, se enviaría un mensaje de tolerancia a la violencia institucional.
Qué sigue
La fiscalía deberá desahogar las pruebas en la nueva etapa procesal y determinar la responsabilidad individual de los cuatro acusados. Queda pendiente definir si se girarán órdenes de aprehensión contra los otros participantes señalados y si se investigará a los mandos superiores. La UNAM ha dicho que entregará toda la información que le sea requerida, pero no forma parte de la investigación. El proceso judicial en curso y la presión de la familia de la víctima mantienen el caso en la agenda pública.