CDMX aplaza la elección judicial a 2028; Guerra sigue en el TSJ

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 1 de octubre de 2026, con 46 votos a favor y 17 en contra, un dictamen que reforma la Constitución capitalina para mover la elección de jueces y magistrados locales a junio de 2028. El mismo texto fija el 30 de abril de 2027 como fecha límite para publicar la convocatoria de candidaturas. La decisión no es un ajuste técnico: saca al Poder Judicial de la Ciudad de México del ciclo electoral que se avecina y lo coloca en un horizonte posterior a la contienda local.

El dictamen se presenta como armonización con la Constitución federal. En sus artículos transitorios establece que la persona que presida el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México —hoy Rafael Guerra— permanecerá en el cargo hasta septiembre de 2028. También precisa que los cargos de magistrados y jueces que no fueron votados en 2025, junto con las vacantes correspondientes, se elegirán "sin excepción" el primer domingo de junio de 2028. La etapa de preparación ya no arrancará en septiembre: comenzará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) celebre dentro de los primeros siete días de abril de 2027. La convocatoria deberá contener las etapas completas del procedimiento, sus fechas, los plazos improrrogables y los cargos a elegir.

De diez nombres a cuatro y una tómbola

El cambio de mayor consecuencia práctica está en los filtros. Los Comités de Evaluación del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial ya no integrarán un listado de diez personas por cargo: ahora entregarán los cuatro aspirantes mejor evaluados. De ahí saldrán dos mediante tómbola pública. Los Comités deberán garantizar paridad de género en el listado que se insacule y en el resultado posterior; después, cada poder postulará oficialmente a dos personas por cargo. Además desaparecen requisitos vigentes hoy: el ensayo de tres cuartecillas que justificaba la postulación y las cinco cartas de referencia vecinal o profesional.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho sostuvo que la reforma busca "combatir la impunidad y alinear las instituciones" con los principios de transparencia, austeridad y representación popular, y que otorga "mayor claridad, precisión y certeza jurídica" al nuevo modelo constitucional del Poder Judicial local.

La lectura política

El primer dato es aritmético. Un pleno de 66 diputaciones exige dos terceras partes para reformar la Constitución local; 46 votos superan ese umbral con holgura. No se trata de un pase raspado ni de una mayoría circunstancial: hubo coalición suficiente para tocar el texto constitucional, y 17 votos en contra dejan constancia de que no fue un acuerdo unánime.

La función práctica del aplazamiento es despejar 2027. Ese año la Ciudad renueva su Congreso local y sus alcaldías, y el IECM estará operando un proceso ordinario completo. Celebrar además una elección judicial habría significado dos procesos simultáneos sobre el mismo árbitro, con jueces y magistrados haciendo campaña en medio de la contienda partidista. Mover la elección a 2028 reduce ese costo político y le da al nuevo modelo judicial local un año extra de rodaje.

El segundo elemento es la permanencia. Que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia se extienda hasta septiembre de 2028 significa que la persona que hoy encabeza el órgano de gobierno de la judicatura capitalina atravesará la elección y conocerá su resultado desde el cargo. La evidencia disponible no permite afirmar que ese resultado fuera el objetivo del dictamen; sí permite decir que es su efecto verificable, y que en un órgano que administra la carrera judicial no es un detalle menor.

El tercer elemento es hacia dónde se movió el control. Al pasar de diez a cuatro aspirantes y eliminar ensayos y cartas de referencia, el cuello de botella se concentra en los Comités de Evaluación, cuyos integrantes designan los propios poderes. La tómbola aporta una apariencia de neutralidad, pero opera sobre un universo ya curado: quien define la lista corta define el menú del que saldrán los dos nombres finales. En términos políticos, el filtro dejó de ser documental y discrecional en el papel para volverse interno y discrecional en la práctica.

La señal rumbo a 2027 es doble. Para el oficialismo capitalino, la reforma llega antes del proceso electoral y convierte el tema judicial en hecho consumado: revertirlo exigiría otra reforma constitucional con dos terceras partes. Para la oposición, los 17 votos en contra fijan una posición que podrá reclamar durante la campaña. Para los aspirantes a jueces y magistrados, el mensaje es que el calendario ya no depende de ellos y que las reglas con las que competirán se publicarán a más tardar el 30 de abril de 2027.

Queda un elemento sin resolver en la evidencia disponible: el dictamen invoca la armonización con el marco federal, pero el texto no detalla en qué consistió ese ajuste ni cuántos cargos están pendientes de elección. Tampoco hay indicios de impugnaciones anunciadas. Sin esos datos, cualquier lectura sobre el alcance real del aplazamiento es preliminar.

Qué sigue

La publicación del decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se conocerá el texto final de los transitorios y su entrada en vigor. Después, la primera sesión del Consejo General del IECM dentro de los primeros siete días de abril de 2027, que marca el arranque formal de la etapa de preparación. A más tardar el 30 de abril de 2027 debe salir la convocatoria con etapas, plazos improrrogables y cargos a elegir. En paralelo, los Comités de Evaluación tendrán que operar bajo las nuevas reglas y producir los listados de cuatro aspirantes por cargo y materia, con paridad de género. El primer domingo de junio de 2028 es la fecha fijada para la votación.