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CDMX aplaza la elección judicial a 2028 y fija la ruta en 2027

La armonización con la reforma federal retira la elección judicial del año electoral de 2027 y extiende la presidencia del Tribunal Superior de Justicia capitalino hasta tres meses después de la jornada.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre justicia y controversias electorales
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 46 votos a favor y 17 en contra aplazar la elección de jueces y magistrados hasta junio de 2028. El proceso arrancará en abril de 2027, con convocatoria a más tardar el 30 de abril de ese año, y Rafael Guerra seguirá al frente del TSJ capitalino hasta septiembre de 2028.

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 46 votos a favor y 17 en contra un dictamen que aplaza hasta el primer domingo de junio de 2028 la elección de jueces y magistrados capitalinos y corre el arranque formal del proceso a abril de 2027. El acuerdo se presenta como armonización de la Constitución local con la federal, pero su efecto inmediato es otro: retira la elección judicial del año electoral de 2027 y permite que Rafael Guerra siga al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX) hasta septiembre de 2028.

El calendario y la letra pequeña

Los artículos transitorios fijan tres fechas que ordenan el resto. La etapa de preparación ya no comenzará en septiembre: arrancará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) celebre en los primeros siete días de abril de 2027. La convocatoria para integrar las candidaturas se publicará a más tardar el 30 de abril de 2027 y contendrá las etapas completas del procedimiento, sus plazos improrrogables y los cargos a elegir. Los cargos de magistrados y jueces que no fueron votados en 2025, más las vacantes correspondientes, se definirán sin excepción el primer domingo de junio de 2028.

El dictamen también reescribe el filtro previo. Los Comités de Evaluación del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial ya no integrarán listados de diez personas por cargo, sino de los cuatro aspirantes mejor evaluados; una tómbola pública los reducirá después a dos, y el poder correspondiente postulará oficialmente a esos dos. Los comités deberán garantizar paridad de género en los listados sujetos a insaculación y en los posteriores. Desaparecen, en cambio, dos requisitos hoy exigidos: el ensayo de tres cuartillas y las cinco cartas de referencia de vecinos o colegas.

Al fundamentar, el diputado Alberto Martínez Urincho afirmó que la reforma busca "alinear las instituciones con los principios de transparencia, austeridad y representación popular" y dar "mayor claridad, precisión y certeza jurídica" al nuevo modelo judicial local.

La lectura política

El primer efecto es de calendario y de poder. Al mover la elección judicial a 2028, el ciclo de 2027 queda libre de boletas y de campañas judiciales: la discusión sobre jueces no se mezclará con la elección federal intermedia, y la coalición que controla el Congreso capitalino conserva la iniciativa sobre las reglas de la reforma. Los 17 votos en contra confirman que hay una minoría dispuesta a registrar su desacuerdo, aunque la evidencia disponible no precisa sus argumentos ni si buscarán revertir el dictamen por vía jurisdiccional; ese dato falta para medir el costo real de la decisión.

El segundo efecto es de continuidad institucional. Que el dictamen extienda la permanencia de Rafael Guerra hasta septiembre de 2028 —tres meses después de la jornada electoral— coloca al TSJ CDMX en una posición de mando prolongado mientras se organiza la elección de quienes lo relevarán. No es una candidatura ni una precandidatura: es una prórroga explícita, y su consecuencia política es que el reemplazo del tribunal se definirá después de la elección, no antes.

El tercer efecto opera sobre los aspirantes. Ninguna de las personas involucradas en el proceso es hoy candidata con registro; lo que existe es una ventana: quien quiera competir por una plaza judicial debe estar disponible desde abril de 2027, en pleno año electoral. En la práctica, los Comités de Evaluación funcionan como el filtro donde se decide qué perfiles llegan a la tómbola, y reducir el listado de diez a cuatro concentra la competencia: menos lugares, más valor por cada lugar. La desaparición del ensayo y de las cartas de referencia baja la barrera de entrada y amplía el universo de posibles interesados.

Qué sigue

La primera fecha verificable es abril de 2027: el Consejo General del IECM debe sesionar en los primeros siete días de ese mes para abrir formalmente la etapa de preparación. Le sigue la publicación de la convocatoria, a más tardar el 30 de abril de 2027, que definirá cargos, materias y plazos improrrogables; el dictamen no detalla ese catálogo, así que el tamaño real del proceso se conocerá entonces. Después vienen los listados de cuatro por cargo, la tómbola y la postulación de dos. La jornada será el primer domingo de junio de 2028, y el relevo en el TSJ CDMX no culminaría antes de septiembre de ese año.