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Ceepac frena el presupuesto partidista 2027 tras protesta de cuatro partidos
Los representantes de MC, PRI, Morena y Somos advirtieron que votar acuerdos no circulados era ilegal y abría la puerta a impugnaciones ante el Tribunal Estatal Electoral. El Consejo retiró seis proyectos, no solo el financiamiento.
El Consejo General del Ceepac retiró por unanimidad seis proyectos de acuerdo, incluido el presupuesto de financiamiento público para los nueve partidos y las candidaturas independientes de 2027, porque no se entregaron con antelación a los representantes de MC, PRI, Morena y Somos. La autoridad reprogramó la votación a una segunda sesión extraordinaria sin fecha. El episodio frena el primer repar
El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (Ceepac) retiró por unanimidad seis proyectos de Acuerdo de su sesión extraordinaria, incluido el que definía el Presupuesto de financiamiento público para los nueve partidos políticos y las candidaturas independientes que contenderán en 2027. No hubo debate de fondo ni votación: los representantes partidarios nunca recibieron los documentos con antelación, y el árbitro electoral prefirió reprogramar antes que aprobar con el expediente incompleto.
La secuencia fue breve y ordenada. Antes de que arrancara la sesión, los representantes de Movimiento Ciudadano (MC), PRI, Morena y Somos exigieron suspenderla o sacar del Orden del Día los seis proyectos. El Consejo reaccionó con un receso de diez minutos para deliberar. Reanudada la sesión, Marco Antonio Zavala Galeana, representante de MC, presentó la moción: sostuvo que, sin circulación previa, la sesión era ilegal y trastocaba los principios de legalidad y certeza, y pidió reprogramarla conforme al Artículo 32 del Reglamento de Sesiones. Advirtió además que aprobar acuerdos cuyo contenido los partidos no conocían dejaba a estos en estado de indefensión y ponía al propio Ceepac en riesgo de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral.
A la petición se sumaron Alberto Rojo Zavaleta, del PRI; Lidia Nallely Vargas, de Somos; y Diego Alexis Cisneros, de Morena. Tras la deliberación, la consejera presidenta Paloma Blanco López y el secretario ejecutivo Mauro Eugenio Blanco Martínez informaron que los seis proyectos se retiraban y se reprogramaban a una segunda sesión extraordinaria "en día por definir".
Los seis acuerdos detenidos
La información disponible identifica con precisión tres de los seis proyectos: el financiamiento público 2027 a partidos y candidaturas independientes; el Presupuesto de Egresos del propio Ceepac para el año electoral; y la asignación y calendarización de entrega de las ministraciones a los partidos a partir de octubre, derivada de la reforma electoral local. Los otros tres no fueron detallados en la versión pública de la sesión. El dato relevante es que la parálisis alcanzó también el presupuesto operativo de la autoridad, no solo el dinero de los partidos.
La lectura política
El primer acto de arbitraje de un ciclo electoral es el dinero: cuánto, cuándo y con qué reglas se entrega. Reprogramar la votación no cambia por sí solo los montos —la evidencia disponible no permite afirmar que exista un desacuerdo de fondo sobre las cifras—, pero sí mueve dos piezas incómodas: abre una ventana de negociación entre partidos y autoridad, y presiona un calendario que la reforma electoral local ató a entregas desde octubre.
Llama la atención la composición del bloque. Morena, PRI, MC y Somos compiten entre sí, pero en materia administrativa y financiera operan como un bloque corporativo frente al árbitro. No se trata de una alianza electoral: es una coincidencia de incentivos. Los cuatro ganan tiempo, información completa y, sobre todo, un precedente útil: la autoridad reconoció en los hechos la omisión procedimental al retirar los proyectos en lugar de forzar la votación.
Quien pierde margen es el Ceepac. Al ceder evita impugnaciones anunciadas, pero queda con su Presupuesto de Egresos sin aprobar en el año electoral y con la calendarización de ministraciones en el aire. Y envía una señal a aliados y adversarios: en este ciclo, el procedimiento será un terreno de disputa tan relevante como el monto.
Hay un matiz que conviene no perder. La protesta se sostiene en un derecho verificable —la circulación previa de los proyectos— y no en una acusación de parcialidad. Eso la vuelve difícil de desacreditar y, a la vez, fácil de repetir. Si el patrón se repite en la siguiente sesión, el costo institucional ya no será de los partidos.
Qué sigue
El Consejo deberá convocar a una segunda sesión extraordinaria; la fecha aún no se anuncia. Los seis proyectos tendrán que circularse íntegros con la anticipación que marca el Reglamento de Sesiones antes de someterse a votación.
Tres puntos son verificables en los próximos días: si la presidencia fija fecha en el corto plazo; si los montos y la calendarización de entrega desde octubre se mantienen sin cambios; y si algún partido impugna ante el Tribunal Estatal Electoral, riesgo que MC planteó de manera expresa si se votaba sin documentos. El reloj corre contra el calendario de ministraciones: cada día de retraso comprime el margen para completar el proceso antes de que arranque formalmente el ciclo 2027.